DOCUMENTO ASAMBLEA DE PRODUCTORES 3 DE ENERO DE 2020

2020/01/04

SOCIEDAD RURAL DE RÍO CUARTO


1 – Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico.

2) El sector agropecuario estuvo siempre a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo. Menos aun cuando la suba en los derechos de exportación se anuncia en plena campaña agrícola, de resultados inciertos por los factores climáticos, dejando a numerosos productores con rentabilidad nula o negativa. Los últimos informes indican que en el último trimestre volvió a aumentar considerablemente la participación del Estado en la renta agrícola, representando ya un 60,4 por ciento.

3) La transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años, observándose que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas.

4) La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, recientemente sancionada por el Congreso Nacional (delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo), implica un drástico ajuste y “expropiación solidaria” que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.

5) Es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales.

6) Es imperioso conocer cuáles son los lineamientos económicos del Gobierno Nacional en el mediano plazo para tener un marco de previsibilidad no sólo en la producción agropecuaria sino en los distintos sectores motorizadores de la economía.

7) La necesidad de contar con reglas claras tiene que estar acompañada con el cabal conocimiento de las actividades de las distintas ramas de la producción por parte de las autoridades. En ese sentido, sonaron desconcertantes las declaraciones de la más alta investidura gubernamental cuando dijo que la producción de leche no tenía insumos dolarizados. Es necesario aclarar que el productor tambero sólo se lleva el 30 por ciento de lo que el consumidor paga en el supermercado y se estima que el 78 por ciento de los costos de un tambo están dolarizados.

8) Se mantiene el estado de alerta permanente con el acompañamiento continuo a nuestros representados. Al mismo tiempo, se propende a agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura.

9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacional que esté presente en todas las instancias de diálogo y participación posibles.

SÍNTESIS DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ENLACE CON EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

2019/12/23

La reunión se realizó en un marco de sinceridad donde el presidente de la Nación manifestó su preocupación por la situación económica y fiscal del país, a la vez que los representantes de la Comisión  de Enlace detallaron las dificultades que afronta el sector.  En este sentido manifestaron su oposición a la existencia de los derechos de exportación, al tiempo que solicitaron su eliminación en forma inmediata.

El Dr. Alberto Fernández reconoció explícitamente a los derechos de exportación como un impuesto regresivo y se comprometió a elaborar un cronograma de reducción hasta su eliminación lo antes posible.  Aclaró que la realidad fiscal del país lo hace inviable, en lo inmediato.

Además reconoció la necesidad de brindar al campo un escenario económico y fiscal previsible, que le permita maximizar la producción y el arraigo rural.  Asímismo, instruirá al ministro de economía a extremar los recaudos para evitar la aplicación de los 3 puntos de incremento de los derechos de exportación autorizados por la ley de emergencia, comprometiéndose personalmente, a que si su uso resulta imprescindible, surja del consenso con la Comisión  de Enlace, el mecanismo de mitigación para pequeños y medianos productores.

Por otra parte, consideró que el mayor esfuerzo fiscal debe recaer sobre los productores de mayor escala y capacidad contributiva, invitando a la comisión de enlace, a diseñar en conjunto, un mecanismo apropiado para ello.  Definió también, como una necesidad impostergable , el tratamiento impositivo diferencial para cada una de las economías regionales de manera tal de hacerlas viables.
El presidente de la Nación destacó que somos el primer sector económico con el que se reúne; reafirmando, además, que no está dispuesto a repetir los errores cometidos en el 2008, que desencadenaron el conflicto por la resolución 125, para lo cual hace un llamado a mantener un diálogo permanente.

Los integrantes de la Comisión  de Enlace aceptaron la invitación a colaborar con la generación de un ambiente de trabajo de confianza mutua, que posibilite la construcción de consensos sustentables.

Si es con todos, ¿Ustedes cuándo?

2019/12/18

A pocas horas de la decisión del nuevo Gobierno Nacional, de manera inconsulta y por decreto, de modificar el esquema de retenciones a las exportaciones de todos los productos de origen agropecuario, el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció un paquete de medidas elevado al Congreso, que contempla otra suba adicional de 3 puntos porcentuales en los principales granos.

Esto significa que a partir de este nuevo esquema, que se pretende legislar, se genera un aumento adicional al existente de un 40 % . Esto conlleva al quebranto de las economías regionales de todo el país.

CARTEZ siempre apuesta al diálogo y agotará todos los canales para buscar consensos, pero advierte que no se puede tirar más de la misma piola, restándole recursos a la inversión productiva.

Este nuevo esquema de retenciones castiga fuertemente al interior productivo y pone en jaque a numerosas economías regionales.

El creciente malestar de los productores se sustenta también en que, ante cada crisis, siempre se recurre a viejas recetas de probados fracasos, prueba de ello es que el sector “transfirió de manera extraordinaria” casi 200 mil millones de dólares en los últimos 15 años , dejando los sucesivos gobiernos la pesada herencia de no haber solucionado el problema de la pobreza; sin observar ninguna voluntad del Estado por disminuir los altos costos de la política ni comprometerse a buscar un necesario equilibrio fiscal para sanear las cuentas públicas.

Ante este sombrío panorama, CARTEZ se declara en estado de alerta y movilización, a la vez que sus dirigentes mantienen contactos permanentes para evaluar estrategias comunes con otras entidades.


Med.Vet. Javier Rotondo
Presidente de CARTEZ

Los Derechos de Exportación y el impacto en el Campo

COMUNICADO CRA

Otra vez los productores nos vemos expuestos a situaciones donde nuestros esfuerzos entran en una zona de riesgolos nuevos topes establecidos en la Ley de Emergencia, de reglamentarse en sus máximos previstos, llevarían a quebranto productivo en amplias zonas del país, aquellos productores que estén a más de 300 Km de los puertos entrarán en una zona roja donde los rendimientos de indiferencia se aproximan peligrosamente a los promedios obtenidos. En un año donde el clima es seco, esto se vuelve peligroso.
Hoy el Estado se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto y en el caso de la soja un 67%.

Un productor de Soja en zona núcleo con estos máximos de derechos de exportación, está aportando U$S 122/tn, a un rendimiento de 45 qq/ha aporta U$S 550/hectárea en concepto de derechos de exportación (superior al costo de siembra de la misma). En el caso de un productor de Río Cuarto U$S 122/tn, a un rendimiento de 25 qq/ha aporta U$S 305/hectárea, ambos aportan al Estado al cabo de 23 Campañas el Valor total de sus Campos.

Los nuevos máximos harán sentir su peso e impactarán directamente en la productividad, ya que la capacidad de reinversión de frente a la próxima campaña será menor y los paquetes tecnológicos a invertir serán readecuados a la baja. Esto ya lo vimos, lo vivimos y lo sufrimos en nuestra historia reciente, estimar lo que se va a recaudar por un aumento de alícuota solamente pensando que la producción es una constante, y dicha medida no tendrá consecuencias en la producción, es un error de análisis garrafal.

Los Derechos de exportación destruyen la capacidad productiva, la generación de empleo, la capacidad de "Buffer" frente a situaciones climáticas adversas afectando la resiliencia del productor en una industria que es a cielo abierto.

El Estado ya no es un socio SOLO en las ganancias, distorsiona con los derechos de exportación también el precio pagado al productor en forma directa, lineal y con la misma intensidad, cualquiera sea el resultado económico de su proceso productivo, siendo los productores, justamente los más afectados.

Los impuestos regresivos si perduran en el tiempo provocan dos consecuencias sobre los productores, a corto plazo una baja en los niveles de producción, a largo plazo la salida del productor del sector, siendo "Un Juego de Suma Cero".

Con este nivel de Derechos de Exportación en 23 campañas, el Estado se lleva el equivalente al valor de tu campo.

El campo, creador de empleos

2019/12/09

Editorial La Nación
El Censo Agropecuario Nacional que se ha realizado este año ha venido a confirmar la utilidad de contar con estadísticas confiables, única manera sobre la cual pueden formularse argumentaciones serias respecto del cuadro económico y social del país.
Los años de este siglo en que la Argentina escamoteó a sus habitantes y al mundo datos confiables sobre la marcha de asuntos públicos tan sensibles como los de pobreza, crecimiento y déficit fiscal, entre otros, son absolutamente irrepetibles. Esa política ha dejado abierta la puerta para reclamos judiciales multimillonarios contra el Estado argentino aquí y en el exterior, e inferido una grave marca al país en el plano moral, tanto o más difícil de resolver que aquel.
Ahora contamos con un cuadro actualizado del campo argentino y de la proyección múltiple de su desenvolvimiento sobre otros sectores económicos y sociales. En una de las principales conclusiones extraídas del nuevo censo, la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) ha hecho notar que el conjunto de las cadenas agroalimentarias provee el 22% del empleo nacional. Esa condición de vanguardia del eslabón primario agropecuario como generador de empleo es seguida, según las constancias oficiales, por el comercio.
Por cadenas agroalimentarias se entiende un sinfín de disciplinas que incluyen insumos de maquinaria agrícola, emprendimientos forestales, carnes y lácteos, cereales y oleaginosas, biocombustibles, economías regionales, producción, industrialización, transporte y logística. Tanto los cultivos como los animales constituyen apenas una parte, acaso la más visible, del mundo complejo y tan vasto propio de los escenarios rurales.
La importancia del campo en el conjunto de la economía nacional es de sobra conocida. No siempre ese carácter es reconocido por los gobiernos y menos aún por los sectores integrados a la burocracia estatal o por aquellos requeridos, a raíz de ineficiencias orgánicas, de subsidios eternos. En última instancia, los fondos para sostener a estos suelen provenir de los ámbitos definidos por un mayor grado de innovación, creatividad y, en definitiva, más altos índices de productividad. En un estudio hecho público por FADA se deja constancia de que el campo contribuye con 9,92% de la gestación del PBI: 6,1% derivado del sector primario, y 3,82%, de manufacturas de origen agropecuario.
El último censo indica que viven en establecimientos rurales 732.986 personas, de las cuales 272.492 integran familias de productores. Hay 420.704 ocupados de manera permanente en la actividad primaria de los campos: 195.561 como productores y 225.143 como trabajadores. Ese universo laboral es el primer eslabón de una cadena productiva que aporta al país seis de cada diez dólares que ingresan por exportaciones y que da lugar, en total, a 3,7 millones de puestos de trabajo.
Los datos estadísticos actualizados puestos a la consideración pública demuestran, entre diversos registros de interés general, que el movimiento de carnes y de granos es posible por 4,8 millones de viajes-fletes en el año y que operan en el territorio nacional más de 13.700 establecimientos forestales. En resumen, el Censo Agropecuario Nacional ha sido una puesta al día necesaria, no solo para confirmar la magnitud de la riqueza aportada al interés general por las actividades agropecuarias, sino también para confirmar de manera fehaciente su contribución al empleo y a la mano de obra primaria y calificada en la Argentina.

Retenciones ¿LA SOLUCION?

2019/11/22


Opinión de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez (Adherido a CARTEZ / CRA)




Desde la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, manifestamos nuestro enérgico rechazo a los planes del nuevo Gobierno Nacional, que propiciaría no solo la continuidad de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, sino un aumento considerable de las alícuotas que ya se aplican hoy.

En la práctica, y contrariamente a lo que se pregona, las retenciones han demostrado ser ineficientes como herramienta para remediar la pobreza estructural que agobia a casi el cuarenta por ciento de nuestros compatriotas.

Abogamos por un sistema impositivo progresivo y equitativo como es el Impuesto a las Ganancias, que se aplica sobre el resultado final de una actividad económica. Al mismo tiempo, que se posibilite una reducción gradual de la presión fiscal que hoy asfixia a las economías regionales y pone un freno a la inversión y generación de nuevas fuentes de trabajo.

Es muy evidente que la actividad agropecuaria viene castigada desde hace años, siendo el reflejo de esto la desaparición de un productor agropecuario cada dos horas desde el año 2002 a la fecha. Datos revelados por el último  Censo Nacional Agropecuario.

Deseamos señalar también que las retenciones por su carácter impositivo no son coparticipables a las Provincias. Por lo tanto, significan un traslado de recursos hacia el poder central, que puede hacer  un uso discriminatorio de las riquezas que el interior del país genera.

Este método económico, fue llevado a su máxima expresión durante el periodo 2010 – 2015 cuando las Provincias  productoras de granos tenían necesidades imperiosas de obras viales e hídricas, no recibiendo los recursos necesarios para recuperar la deteriorada infraestructura del centro del País. Mientras tanto, el dinero se destinaba a subsidios al transporte,  energéticos  y planes  sociales en el conurbano  bonaerense, incluso se otorgaban a personas que económicamente no lo necesitaban.

Concluimos entonces que las retenciones son un mal impuesto, no eliminó la pobreza, transfirió riquezas del interior, en perjuicio de su actividad económica y la ocupación laboral, cayeron las exportaciones de granos y carnes, cerraron frigoríficos, se perdieron doce millones de cabeza de ganado bovino, se tuvo que importar trigo, promovieron el monocultivo de soja y por lo tanto la sustentabilidad del sistema productivo esta nuevamente en peligro.

Será responsabilidad de nuestros futuros gobernantes el camino a elegir  y el derecho de los productores agropecuarios del país para actuar en consecuencia.


Coherencia entre discursos y convicciones - COMUNICADO CARTEZ

2019/11/04


Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, CARTEZ, manifestamos, una vez más, nuestro rechazo categórico a las políticas que propician la continuidad de los Derechos de Exportación que pesan sobre productos que el país vende al mundo y que tienen su máxima incidencia en aquellos que provienen del rubro agropecuario. Conocidos comúnmente como retenciones a las exportaciones, constituyen el peor impuesto distorsivo que asfixia a las producciones generadoras de las divisas que nuestro país necesita de manera imperiosa. En la práctica, y contrariamente a lo que se pregona, las retenciones a las exportaciones han demostrado ser completamente ineficientes como herramienta para remediar la pobreza estructural que agobia ya a un 40% de los argentinos.

Se debe migrar a un sistema impositivo progresivo y equitativo, que contemple el resultado económico de las diferentes actividades, al tiempo que posibilite una reducción gradual de la presión fiscal que actualmente condiciona la actividad de las economías regionales, limita la máxima expresión de la capacidad productiva argentina y pone un freno a la generación de fuentes y puestos de trabajo imprescindibles para superar la situación de pobreza de quienes estén dispuestos a salir de la realidad indigna del subsidio sin contraprestaciones, ayuda coyuntural que termina convirtiéndose en un certificado condenatorio a la dependencia de un favor político.

Al mismo tiempo, los productores agropecuarios adheridos a CARTEZ advertimos nuestra oposición al eventual regreso de viejas y fracasadas prácticas de intervenciones y regulaciones caprichosas de los mercados, ya que dañaron severamente a todo el interior productivo de nuestro país.

Desde CARTEZ, siempre propiciamos el diálogo como camino de construcción de consensos que posibiliten acuerdos sólidos y perdurables, pero no estamos dispuestos a ceder a presiones que busquen hacernos renunciar a nuestros más elementales principios y convicciones.



 
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