Retenciones: los productores discuten el uso de ese dinero. Mauricio Bártoli - Clarin

Llegaron los reintegros pero incluso los sojeros beneficiarios hablaron de enorme presión impositiva que asfixia.


El uso que termina teniendo el dinero de las retenciones que tributan los agricultores argentinos al Estado volvió a ser un eje de debate, al menos entre los productores, en los últimos días. Primero, tras la acreditación por compensaciones y la donación que hizo el productor Hugo Biga para que una comunidad wichi de Formosa tenga acceso al agua potable. Y luego por la difusión de un estudio económico sobre la cantidad de inversiones públicas y privadas que se podrían hacer con el aporte de sólo tres localidades: 10 hospitales, 100 escuelas y 7.300 cuadras de pavimento. (ver Hospitales…).
Biga, productor de 70 hectáreas propias y 200 alquiladas en Marcos Juárez, Córdoba, decidió destinar el reintegro por retenciones a obras que “el Estado no realiza”.

Asumió que es una “crítica constructiva sobre la presión tributaria al campo. No estoy de acuerdo con las retenciones en general y ahora particularmente con estas devoluciones, que son como si alguien pide limosna de lo que es suyo, con reintegros muy inferiores a lo que nos sacaron”.

Interpreta que “con esta compensación el Gobierno justifica lo que nos saca por derechos de exportación, y yo no estoy de acuerdo, pero tampoco lo voy a devolver, porque no sé adonde va la plata que me saca el Estado mientras haya gente sin acceso al agua”.

El de Biga es un caso entre 38.000 productores de soja beneficiarios de las compensaciones porque este año dedicaron al cultivo no más de 400 hectáreas, entre los que no hayan declarado una facturación mayor a $ 20 millones en 2019.

Cuando terminen de pagarse todas las compensaciones de la última campaña, según los cálculos oficiales se devolverían en total 11.500 millones de pesos, que al tipo de cambio Banco Nación representan hoy 134 millones de dólares.

Con todo, la recaudación adicional por el incremento de esos tres puntos fue de unos US$ 500 millones, a razón de 10 dólares por cada tonelada de las 50 millones cosechadas en todo el país. Lo cual implica que la suba de marzo no tuvo resultado neutro para las cuentas fiscales: el Estado devolvió 9 meses después, poco más que una cuarta parte.

Los productores, hacen la cuenta total y al dólar de mercado, incluyendo los aportes por retenciones a la soja de los que son beneficiarios y los que no. “El gobierno monta un espectáculo con esto y la verdad que la devolución representa solo 80 millones de dólares de las retenciones por 5.700 millones de dólares, dijeron los Productores Autoconvocados.

Uno de ellos, Ariel Bianchi, que produce entre Conesa y Guerrico, en el norte bonaerense, contó que en sus 60 hectáreas de soja, “en una cosecha normal tendría que haber vendido 200 toneladas. Pero por la sequía que sufrimos vendí sólo 95 toneladas. De lo que coseché, el Estado se llevó US$ 9.500 aproximadamente, solo de retenciones. Y ahora me devolvió en tres pagos, 8 meses después, US$ 1.050. O sea, se quedó con US$ 8.450 de un productor que perdió más del 50% de producción por las inclemencias climáticas”.

Incluso en el segmento de los supuestamente beneficiados, la ecuación favoreció al Estado. Si se toman sólo las 6 millones de toneladas que produjeron los productores alcanzados por las compensaciones, ese 12% del total recaudado implica $ 684 millones. En ese sentido, a quienes ya tributaron ese monto, se les devolverá menos del 20%.

Por eso, ni los beneficiarios se quedaron conformes con la medida. Desde la Federación Agraria Argentina, la entidad que siempre impulsó este tipo de políticas, consideraron que la devolución de retenciones es “insuficiente y se debe profundizar en este camino hacia un mínimo no imponible”.

Es lo mismo que piensa Biga: “En vez de esta limosna de lo que nuestro, la segmentación se puede hacer con más efectividad y transparencia vía el Impuesto a las Ganancias”.

Los federados analizaron la política tributaria y concluyeron que “asfixia, con una enorme presión impositiva al sector que produce. Necesitamos avanzar en una reforma que pueda morigerar gastos, sobre todo en economías regionales”.
Hospitales, escuelas, asfalto y empleo

Este viernes se presentó un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que le puso cifras a lo que “el Impuesto a las Exportaciones, conocido como Retenciones, le quita” a los lugares donde se producen los granos por los que se tributa al Estado.

“Con un año de aportes de una sola región se podrían financiar 10 hospitales, 100 escuelas y 7300 cuadras de pavimento”, calcularon. También equivale a reconstruir y estabilizar 3.600 km de caminos rurales por año.

Los datos se desprende de la investigación de tres localidades: Pergamino, Salto y Rojas, agrupadas como “Región Pergamino”, y que es un ejemplo aplicable a otros grupos de ciudades, regiones o zonas productivas. La producción de soja, maíz y trigo de la zona analizada, medio millón de hectáreas, tiene un valor de 1.223 millones de dólares y genera un aporte por retenciones de 295 millones de dólares. Si se suman otros impuestos nacionales, provinciales y municipales, los tributos totales alcanzan allí los 437 millones de dólares.

El informe también estimó inversiones en industrias, producción y generación de empleo que podrían hacerse con las retenciones en esa parte de la Zona Núcleo. Alcanzaría para instalar una planta de bioetanol, 10 plantas eléctricas de biogás, un molino harinero, 10 granjas de cerdos, un frigorífico de cerdos y otro de bovinos, todo lo cual tiene el potencial de crear empleo para 3500 personas.

La nota completa en este link: