Gobierno corta ayuda financiera a SanCor: dice que el único ajuste de la empresa fue el auspicio a Atlético Rafaela

Los $250 millones que todavía debe recibir la láctea de ayuda oficial no serán girados por ahora. Se trata de dinero orientado a salvarla de la quiebra. Las autoridades consideran que el management de la compañía no encaró el plan de reestructuración reclamado para mejorar la situaicón financiera

Mientras el futuro de SanCor sigue siendo incierto y los candidatos a quedarse con sus activos y su marca parecen enfriar las negociaciones como lo hizo Fonterra en los últimos días, desde el Gobierno no dan señales de querer completar el envío de los fondos comprometidos para sostener el día a día de la mayor cooperativa láctea de la Argentina.

Se trata de $250 millones que forman parte de un salvataje por un total de $450 millones que en mayo pasado negociaron las autoridades con el directorio de SanCor, el gremio de los trabajadores lácteos y las cámaras empresarias del sector.

El dinero se depositó en un fondo fiduciario creado con el objetivo de evitar la quiebra de la láctea con sede en la ciudad santafesina de Sunchales, de los cuales hasta ahora solamente se giraron $200 millones a fines de mayo pasado.

La ayuda es independiente a los aportes que ya se giraron desde el Ministerio de Agroindustria a los productores lácteos de Córdoba y Santa Fe para paliar la difícil situación que también atraviesan en ambas provincias y que se liberaron estos días tras acordar con representantes del sector y los gobiernos de ambas provincias.

Tampoco está vinculada con las negociaciones que la láctea lleva a cabo con grupos internacionales para asociarse, vender parte de sus negocios o sumar un nuevo propietario.

En este sentido, Fonterra enfrío su interés mientras que el grupo canadiense Saputo sigue aún en carrera, aunque analizando más en profundidad los costos y beneficios que le generarían la compra de SanCor.


A estas indefiniciones se suma el conflicto ahora abierto por los restantes $250 millones que el Gobierno debía transferir en las semanas subsiguientes a la firma del acuerdo, pero que todavía no concretó.