El subsecretario de Recursos Hídricos dijo que seguirá la emergencia
.- Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, promete que en un año comenzarán a percibirse los efectos de las obras "estructurales" que se están ejecutando para mitigar el efecto de las inundaciones. "La situación extrema, lamentablemente, va a seguir, pero se están dando grandes pasos", dijo.
En diálogo con LA NACION, insistió en que el país debe "planificar, cumplir y auditar" la infraestructura. Admitió la gravedad de los problemas en las cuencas de La Picasa y Carcarañá, pero planteó que Recursos Hídricos no tiene facultades para actuar en la emergencia, sino para resolver a mediano y largo plazo.
Respecto de la laguna La Picasa -creció unas 28 veces desde mediados de los 80, hasta alcanzar alrededor de 45.000 hectáreas, aseguró que ya se completó la etapa 3 de las obras en la cuenca del Salado, y esta semana se firmarán los contratos de la primera parte de la 4, con una inversión de $ 1700 millones.
A ese monto se agregan $ 1000 millones más que la Nación dispuso para que, junto con $ 2500 millones de la provincia de Buenos Aires, se ejecuten 48 obras hídricas en 15 municipios bonaerenses afectados por inundaciones. "Se están dando grandes pasos en lo estructural, pero venimos de años de no ejecutar nada", describió, y señaló que el plan maestro para la laguna empezó a reducirse desde 2009. "Hasta entonces las obras tenían un ritmo importante, pero no se completaron; la etapa 3 estaba parada por falta de pago. Ahora esos trabajos están priorizados."
Bereciartúa afirmó que no habrá más demoras en la obra del canal San Antonio, que aliviaría los anegamientos de 600.000 hectáreas de Córdoba y Santa Fe. Aunque estaba prevista para marzo, la licitación se abrirá el próximo 16 de junio. Son $ 711 millones que financia la Nación.
Mencionó que la administración central financiará completo el reservorio 3 aguas arriba de La Picasa, en Córdoba. Respecto del pedido del ministro de Agricultura cordobés, Sergio Busso, de que su subsecretaría sea "más agresiva en la articulación de acuerdos entre provincias para que haya soluciones", apuntó que sin consenso en los comités de cuenca no se pueden iniciar los trabajos."Fueron demoras normales que respondieron a consultas que tenían sentido; ahora ya no habrá más cambios. Son inversiones estructurales importantes, que el país ya debería tener", agregó.
Con Córdoba firmó un acuerdo por $ 106 millones para las obras de sistematización del arroyo El Manantial; la readecuación del canal Acequión al San Antonio (departamentos Unión y Marcos Juárez), y la obra de emergencia readecuación sistema Canal Litin-Tortugas. Para el funcionario hay tres factores clave en el plan hídrico: la medición de las condiciones climáticas (hay pocas estaciones hidrológicas, unas 400), la planificación y la inversión y "auditar que el dinero vaya a las obras".
Lo hicieron más de 1000 personas en Laboulaye; en la región cerraron 15 tambos en lo que va del año y se perdieron unos 75.000 litros de leche por día; el gobierno provincial dice que trabaja
- La comunidad del departamento Roque Sáenz Peña, en el sur de esta provincia, se movilizó hoy por la séptima inundación en 16 años, que presenta un "escenario devastador". En la cuenca de La Picasa y aledaños, son 1,5 millones de hectáreas las que se estiman afectadas por el agua. Sólo en este departamento, este año cerraron 15 tambos y se perdieron unos 75.000 litros de leche diaria, según proyectó la Sociedad Rural de Laboulaye.
Una asamblea, que contó con la presencia de más de 1000 personas, elevó un petitorio a autoridades nacionales y provinciales exigiendo respuestas "concretas" que "se traduzcan en obras de infraestructura necesarias" y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de la situación, "con disminución del consumo y estancamiento del comercio, deterioro industrial, desempleo, desarraigo y expulsión de jóvenes y familias a grandes centros urbanos".
En el documento piden declarar el departamento en "estado de desastre"; iniciar la reparación de la red vial rural con el envío "urgente" de los fondos por parte de la Provincia y fortalecer el cumplimiento de la emergencia agropecuaria cordobesa, ya homologada por la Nación.
Además, la comunidad reclamó que el gobernador Juan Schiaretti recorra la región y "aplique un plan de emergencia económica por catástrofe hídrica" que contemple las pérdidas a dos años, involucrando a todos los sectores. En esa línea, entiende que se deben generar proyectos de contención socio-económico para responder a la situación.
La asamblea expresó que se debe exceptuar a los sectores afectados del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, ante la imposibilidad de poder generar recursos e instrumentar de forma ágil y concreta, líneas de créditos blandos con plazos de amortización acorde a los ciclos productivos y con plazos extendidos al efecto del daño actual y residual.
Los participantes advirtieron que, de no haber una pronta solución, "la población afectada por la retención indebida del agua, tomará acciones que para nada serán beneficiosas hacia la zona más baja".Respecto de la normalización de cuencas, exigió al gobierno nacional que en forma urgente coordine las acciones necesarias para regularizar la situación de las cuencas interprovinciales de La Picasa y del Río Quinto, sistematizando y organizando el escurrimiento de los excedentes hacia la Cuenca del Salado o donde corresponda.
Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, explicó que se anunciaron y se comenzaron a ejecutar diez intervenciones por 526 millones de pesos en la zona. "Son obras consensuadas en este tiempo con todos los sectores. Tiene que avanzar Buenos Aires en la canalización del Salado; si no, no hay solución; la Nación tiene que tener una política más agresiva de articulación entre las provincias", indicó.
También afirmó que "está declarado el estado de emergencia y desastre; los productores tienen los certificados".
.- Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, promete que en un año comenzarán a percibirse los efectos de las obras "estructurales" que se están ejecutando para mitigar el efecto de las inundaciones. "La situación extrema, lamentablemente, va a seguir, pero se están dando grandes pasos", dijo.
En diálogo con LA NACION, insistió en que el país debe "planificar, cumplir y auditar" la infraestructura. Admitió la gravedad de los problemas en las cuencas de La Picasa y Carcarañá, pero planteó que Recursos Hídricos no tiene facultades para actuar en la emergencia, sino para resolver a mediano y largo plazo.
Respecto de la laguna La Picasa -creció unas 28 veces desde mediados de los 80, hasta alcanzar alrededor de 45.000 hectáreas, aseguró que ya se completó la etapa 3 de las obras en la cuenca del Salado, y esta semana se firmarán los contratos de la primera parte de la 4, con una inversión de $ 1700 millones.
A ese monto se agregan $ 1000 millones más que la Nación dispuso para que, junto con $ 2500 millones de la provincia de Buenos Aires, se ejecuten 48 obras hídricas en 15 municipios bonaerenses afectados por inundaciones. "Se están dando grandes pasos en lo estructural, pero venimos de años de no ejecutar nada", describió, y señaló que el plan maestro para la laguna empezó a reducirse desde 2009. "Hasta entonces las obras tenían un ritmo importante, pero no se completaron; la etapa 3 estaba parada por falta de pago. Ahora esos trabajos están priorizados."
Bereciartúa afirmó que no habrá más demoras en la obra del canal San Antonio, que aliviaría los anegamientos de 600.000 hectáreas de Córdoba y Santa Fe. Aunque estaba prevista para marzo, la licitación se abrirá el próximo 16 de junio. Son $ 711 millones que financia la Nación.
Mencionó que la administración central financiará completo el reservorio 3 aguas arriba de La Picasa, en Córdoba. Respecto del pedido del ministro de Agricultura cordobés, Sergio Busso, de que su subsecretaría sea "más agresiva en la articulación de acuerdos entre provincias para que haya soluciones", apuntó que sin consenso en los comités de cuenca no se pueden iniciar los trabajos."Fueron demoras normales que respondieron a consultas que tenían sentido; ahora ya no habrá más cambios. Son inversiones estructurales importantes, que el país ya debería tener", agregó.
Con Córdoba firmó un acuerdo por $ 106 millones para las obras de sistematización del arroyo El Manantial; la readecuación del canal Acequión al San Antonio (departamentos Unión y Marcos Juárez), y la obra de emergencia readecuación sistema Canal Litin-Tortugas. Para el funcionario hay tres factores clave en el plan hídrico: la medición de las condiciones climáticas (hay pocas estaciones hidrológicas, unas 400), la planificación y la inversión y "auditar que el dinero vaya a las obras".
En Córdoba se movilizaron por la séptima inundación en 16 años
Lo hicieron más de 1000 personas en Laboulaye; en la región cerraron 15 tambos en lo que va del año y se perdieron unos 75.000 litros de leche por día; el gobierno provincial dice que trabaja
- La comunidad del departamento Roque Sáenz Peña, en el sur de esta provincia, se movilizó hoy por la séptima inundación en 16 años, que presenta un "escenario devastador". En la cuenca de La Picasa y aledaños, son 1,5 millones de hectáreas las que se estiman afectadas por el agua. Sólo en este departamento, este año cerraron 15 tambos y se perdieron unos 75.000 litros de leche diaria, según proyectó la Sociedad Rural de Laboulaye.
Una asamblea, que contó con la presencia de más de 1000 personas, elevó un petitorio a autoridades nacionales y provinciales exigiendo respuestas "concretas" que "se traduzcan en obras de infraestructura necesarias" y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de la situación, "con disminución del consumo y estancamiento del comercio, deterioro industrial, desempleo, desarraigo y expulsión de jóvenes y familias a grandes centros urbanos".
En el documento piden declarar el departamento en "estado de desastre"; iniciar la reparación de la red vial rural con el envío "urgente" de los fondos por parte de la Provincia y fortalecer el cumplimiento de la emergencia agropecuaria cordobesa, ya homologada por la Nación.
Además, la comunidad reclamó que el gobernador Juan Schiaretti recorra la región y "aplique un plan de emergencia económica por catástrofe hídrica" que contemple las pérdidas a dos años, involucrando a todos los sectores. En esa línea, entiende que se deben generar proyectos de contención socio-económico para responder a la situación.
La asamblea expresó que se debe exceptuar a los sectores afectados del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, ante la imposibilidad de poder generar recursos e instrumentar de forma ágil y concreta, líneas de créditos blandos con plazos de amortización acorde a los ciclos productivos y con plazos extendidos al efecto del daño actual y residual.
Los participantes advirtieron que, de no haber una pronta solución, "la población afectada por la retención indebida del agua, tomará acciones que para nada serán beneficiosas hacia la zona más baja".Respecto de la normalización de cuencas, exigió al gobierno nacional que en forma urgente coordine las acciones necesarias para regularizar la situación de las cuencas interprovinciales de La Picasa y del Río Quinto, sistematizando y organizando el escurrimiento de los excedentes hacia la Cuenca del Salado o donde corresponda.
Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, explicó que se anunciaron y se comenzaron a ejecutar diez intervenciones por 526 millones de pesos en la zona. "Son obras consensuadas en este tiempo con todos los sectores. Tiene que avanzar Buenos Aires en la canalización del Salado; si no, no hay solución; la Nación tiene que tener una política más agresiva de articulación entre las provincias", indicó.
También afirmó que "está declarado el estado de emergencia y desastre; los productores tienen los certificados".