Comparación entre la suerte del sector productor de gas versus la lechería.
En 2016 el gobierno macrista subsidió a compañías productoras de gas natural con 43.072 millones de pesos. Una de las corporaciones beneficiadas es Pampa Energía, gestionada por Marcos Marcelo Mindlin, quien acaba de comprar la constructora Iecsa a Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri). Este año el programa de ayuda será continuado pero solamente en los yacimientos no convencionales presentes en la cuenca neuquina.
Esa decisión implica que los funcionarios a cargo del gobierno nacional –al menos los que gestionan la billetera– consideran que el desarrollo de los yacimientos de shale gas es una cuestión estratégica para el país. Que por cada dólar de recursos públicos aplicado en el sector se ahorrarán luego muchos más por sustitución de importaciones. Que es imprescindible darle una mano a esa región patagónica para evitar más despidos.
Cuando tales erogaciones se analizan retrospectivamente, suele parecer que no había otra manera posible de hacer las cosas. Pero no es así. Los encargados de la billetera podrían haber dicho, bueno, si el precio internacional del gas no da para producir aquí, entonces importemos el recurso, mientras destinamos los subsidios a la gente que se quede sin trabajo para que tengan tiempo suficiente de resolver su situación laboral.
En 2016 el sector productor de leche recibió subsidios oficiales por 1133 millones de pesos. Este dato indica que los encargados de la billetera pública consideran que la cadena de valor láctea no es estratégica. Que la suerte de los tambos no es un factor crítico. Y que, si eventualmente alguna empresa conocida del sector llegara a estar en problemas graves, bastaría con ponerle un pulmotor hasta las próximas elecciones legislativas.
La mayor parte de los tambos que cierran o que reducen personal o eliminan parte de su capital de vacas son invisibles para los dueños de la billetera de recursos públicos. Lo mismo sucede con muchas de las industrias lácteas: las más pequeñas desaparecen, mientras que las más grandes recortan presupuestos, unidades y personal.
Por supuesto. La historia podría haber sido diferente si alguien, con anticipación suficiente, advertía que una reducción abrupta de la producción de leche, además de una mayor desocupación en el sector, generaría una escalada brutal en el precio interno de los lácteos y evitaría que el país tenga leche suficiente cuando vuelva a ser negocio exportar.
Pero no había nadie cuando estuvo presente la oportunidad de hacer esa advertencia. Y buena parte de esa ausencia se explica porque el sector agropecuario no tiene una representación gremial unificada: en la multiplicidad de voces, cualquier reclamo, por más válido que sea, pierde legitimidad ante los dueños de la billetera.
En Brasil la representación gremial agropecuaria está en manos de una sola entidad –Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)– financiada por todos los productores agropecuarios del país por medio de una contribución obligatoria universal que está determinada por una ley nacional.
En la Argentina llegó el momento de implementar un sistema similar que habilite, para garantizar la legitimidad de la entidad única, la elección directa de los representantes del agro por parte de los productores. Hasta que eso no suceda, deberán entonces aceptar el destino de Vaca Lechera del erario público (para financiar, por ejemplo, el desarrollo de los yacimientos de Vaca Muerta). Y alegrarse si, de vez en cuando, le tiran alguna moneda.
Ezequiel Tambornini