Dujovne y Caputo harán un tándem en el que más trabajo para uno será menos para el otro y viceversa, en un contexto más complejo para los dos
Antes de que asuman como nuevos ministros de Hacienda y de Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo ya tienen colgadas prematuras etiquetas. Para la Casa Rosada serán sinónimo de continuidad de la política económica, aunque con una actitud más proclive al "trabajo en equipo" y a racionalizar el gasto público. Para la oposición kirchnerista (Kicillof, Recalde), en cambio, desatarán calamidades como un fuerte ajuste fiscal, megaendeudamiento, ortodoxia neoliberal y hasta asistencia financiera del FMI.
Más que inclinarse por alguna de estas dos posiciones (aunque la segunda sea una intencionada expresión de deseos), conviene repasar algunos datos del nuevo punto de partida.
Ahora con rango ministerial, Caputo -artífice del acuerdo con los holdouts y el fin del default- tendrá en el cortísimo plazo la misión de asegurar el financiamiento del déficit fiscal de 2017, en condiciones externas presumiblemente más duras. El importante resultado parcial del blanqueo puede significarle un alivio en términos de ingreso de capitales y suscripción de bonos argentinos. Pero en un contexto financiero más complicado para los países emergentes por el "efecto Trump", tendría menos trabajo si las cuentas fiscales fueran más previsibles. De lo contrario, la entrada de dólares financieros seguirá deteriorando el tipo de cambio real.
A Dujovne no sólo le tocará evitar desbordes en el gasto, sino, principalmente, diseñar y acordar reglas para extender a mediano plazo el horizonte fiscal, que hoy se reduce a un año y amenaza con elevar el costo del crédito externo. Desde sus columnas en LA NACION ya había propuesto una ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y provincial, que incluya límites al gasto y al endeudamiento, así como la reducción de impuestos distorsivos para estimular la inversión privada y sostener el crecimiento del PBI. Algo así como hacer explícito el gradualismo fiscal para los próximos años y no limitarlo a una voluntarista expresión de deseos. No es un objetivo fácil de alcanzar. A su favor cuenta con la visión de Mauricio Macri, de que el actual déficit fiscal es insostenible a mediano plazo.
Sin embargo hará su debut en el arranque de un año electoral, sin mucho espacio para cortar gastos relevantes. La economía estará subordinada a la necesidad política del oficialismo de ganar en la provincia de Buenos Aires y contar con más bancas en el Congreso. También con el presupuesto 2017 ya sancionado en acuerdo con la oposición, que igualmente estará en campaña. En su elaboración tuvo una activa participación Rodrigo Peña, un especialista de bajo perfil que fue asesor de la Jefatura de Gabinete y ahora será su secretario de Hacienda. Paralelamente, contará al frente de la AFIP con Alberto Abad, quien acaba de ser designado para un período de cuatro años, durante los cuales el blanqueo récord irá engrosando la base imponible de la economía formal.
Más allá de las declaraciones a favor de la austeridad fiscal surgidas de la Casa Rosada tras el desplazamiento de Alfonso Prat-Gay, este nuevo presupuesto -sin los "dibujos" de los últimos años- prevé una expansión del gasto en términos reales con respecto a 2016 si la inflación no se aleja demasiado de las metas del Banco Central. Por caso, incluye subas de 26,2% con destino a remuneraciones de la administración nacional y de 32% para inversión pública (con un pico de 46% en vialidad). A ello se suma la inercia inflacionaria de este año en jubilaciones, pensiones y planes sociales por la virtual indexación que implica el régimen de movilidad automática. Más la "reparación histórica" a la que ya adhirieron unos 300.000 jubilados (sobre un universo de 2,4 millones) y que será atendida en 2017 con los ingresos fiscales -por única vez- del blanqueo, aunque por ahora "maquillan" el resultado fiscal de 2016. Con tanto gasto inflexible, hay poca posibilidad de usar tijeras; salvo en los subsidios a la energía, a cambio del sendero ascendente de precios y tarifas. Pero también hay resistencias en otros sectores: por caso, la supresión de los aportes estatales para el Fútbol para Todos ($ 2100 millones) que, según la AFA, precipitará una crisis en los clubes, equivalen a la milésima parte del presupuesto nacional.
Esto no quita que, con su experiencia fiscal, Dujovne pueda avanzar hacia una mayor transparencia en el manejo del gasto, para identificar desvíos o superposiciones en los programas dentro de un gabinete que Macri llevó a más de 20 ministerios. En 2016, el Gobierno mantuvo vigente el "dibujado" presupuesto de Axel Kicillof y luego amplió el gasto por decreto. Con la teoría keynesiana de revertir la recesión con más expansión fiscal, el gasto público se disparó en los últimos meses de la gestión Prat-Gay, incluyendo subsidios (3% del PBI) y transferencias a provincias. Esto dejó menos margen para bajar impuestos. Además, fue cada vez más tardía y escasa la información y detalle sobre el destino del gasto, a cargo del saliente secretario de Hacienda, el ex diputado kirchnerista Gustavo Marconato, el más cuestionado de su equipo.
En el presupuesto 2017, sólo se actualizó en mayor o menor medida la enorme estructura de gasto heredada de la era K, a la que el oficialismo debió superponer una capa burocrática propia y un fuerte impulso a la obra pública (que aun así, no llega al 10% del gasto total). En un paper no publicado, el economista Alcides Saldivia (ex subdirector de la Oficina Nacional de Presupuesto) propone un presupuesto especial por 5 años para grandes obras de infraestructura y su financiamiento, para diferenciarlo en el futuro de la evolución del gasto corriente.
Sin cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, poco previsibles en un año electoral, tampoco está claro cómo se asignan las prioridades de gasto e inversión pública. Para mejorar la competitividad de la economía, no es lo mismo el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que la rehabilitación del Belgrano Cargas. Ni para achicar la brecha de desigualdad social es lo mismo la inversión en doble escolaridad, capacitación laboral, vivienda e infraestructura básica, que entregar fondos a cooperativas de trabajo para crear puestos improductivos. En todas estas áreas el déficit heredado es muy superior a los recursos y la financiación disponible.
Sería demasiado cargar todas estas responsabilidades sobre las espaldas de Dujovne, en un gabinete demasiado amplio y no siempre bien coordinado, sin "superministros" y donde se privilegia el trabajo en equipo. La solvencia técnica es aprovechable si se la acompaña con acuerdos políticos, dentro y fuera del Gobierno, para ordenar prioridades y explicar cómo habrán de concretarse.
nestorscibona@gmail.com
Más que inclinarse por alguna de estas dos posiciones (aunque la segunda sea una intencionada expresión de deseos), conviene repasar algunos datos del nuevo punto de partida.
Ahora con rango ministerial, Caputo -artífice del acuerdo con los holdouts y el fin del default- tendrá en el cortísimo plazo la misión de asegurar el financiamiento del déficit fiscal de 2017, en condiciones externas presumiblemente más duras. El importante resultado parcial del blanqueo puede significarle un alivio en términos de ingreso de capitales y suscripción de bonos argentinos. Pero en un contexto financiero más complicado para los países emergentes por el "efecto Trump", tendría menos trabajo si las cuentas fiscales fueran más previsibles. De lo contrario, la entrada de dólares financieros seguirá deteriorando el tipo de cambio real.
A Dujovne no sólo le tocará evitar desbordes en el gasto, sino, principalmente, diseñar y acordar reglas para extender a mediano plazo el horizonte fiscal, que hoy se reduce a un año y amenaza con elevar el costo del crédito externo. Desde sus columnas en LA NACION ya había propuesto una ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y provincial, que incluya límites al gasto y al endeudamiento, así como la reducción de impuestos distorsivos para estimular la inversión privada y sostener el crecimiento del PBI. Algo así como hacer explícito el gradualismo fiscal para los próximos años y no limitarlo a una voluntarista expresión de deseos. No es un objetivo fácil de alcanzar. A su favor cuenta con la visión de Mauricio Macri, de que el actual déficit fiscal es insostenible a mediano plazo.
Sin embargo hará su debut en el arranque de un año electoral, sin mucho espacio para cortar gastos relevantes. La economía estará subordinada a la necesidad política del oficialismo de ganar en la provincia de Buenos Aires y contar con más bancas en el Congreso. También con el presupuesto 2017 ya sancionado en acuerdo con la oposición, que igualmente estará en campaña. En su elaboración tuvo una activa participación Rodrigo Peña, un especialista de bajo perfil que fue asesor de la Jefatura de Gabinete y ahora será su secretario de Hacienda. Paralelamente, contará al frente de la AFIP con Alberto Abad, quien acaba de ser designado para un período de cuatro años, durante los cuales el blanqueo récord irá engrosando la base imponible de la economía formal.
Más allá de las declaraciones a favor de la austeridad fiscal surgidas de la Casa Rosada tras el desplazamiento de Alfonso Prat-Gay, este nuevo presupuesto -sin los "dibujos" de los últimos años- prevé una expansión del gasto en términos reales con respecto a 2016 si la inflación no se aleja demasiado de las metas del Banco Central. Por caso, incluye subas de 26,2% con destino a remuneraciones de la administración nacional y de 32% para inversión pública (con un pico de 46% en vialidad). A ello se suma la inercia inflacionaria de este año en jubilaciones, pensiones y planes sociales por la virtual indexación que implica el régimen de movilidad automática. Más la "reparación histórica" a la que ya adhirieron unos 300.000 jubilados (sobre un universo de 2,4 millones) y que será atendida en 2017 con los ingresos fiscales -por única vez- del blanqueo, aunque por ahora "maquillan" el resultado fiscal de 2016. Con tanto gasto inflexible, hay poca posibilidad de usar tijeras; salvo en los subsidios a la energía, a cambio del sendero ascendente de precios y tarifas. Pero también hay resistencias en otros sectores: por caso, la supresión de los aportes estatales para el Fútbol para Todos ($ 2100 millones) que, según la AFA, precipitará una crisis en los clubes, equivalen a la milésima parte del presupuesto nacional.
Esto no quita que, con su experiencia fiscal, Dujovne pueda avanzar hacia una mayor transparencia en el manejo del gasto, para identificar desvíos o superposiciones en los programas dentro de un gabinete que Macri llevó a más de 20 ministerios. En 2016, el Gobierno mantuvo vigente el "dibujado" presupuesto de Axel Kicillof y luego amplió el gasto por decreto. Con la teoría keynesiana de revertir la recesión con más expansión fiscal, el gasto público se disparó en los últimos meses de la gestión Prat-Gay, incluyendo subsidios (3% del PBI) y transferencias a provincias. Esto dejó menos margen para bajar impuestos. Además, fue cada vez más tardía y escasa la información y detalle sobre el destino del gasto, a cargo del saliente secretario de Hacienda, el ex diputado kirchnerista Gustavo Marconato, el más cuestionado de su equipo.
En el presupuesto 2017, sólo se actualizó en mayor o menor medida la enorme estructura de gasto heredada de la era K, a la que el oficialismo debió superponer una capa burocrática propia y un fuerte impulso a la obra pública (que aun así, no llega al 10% del gasto total). En un paper no publicado, el economista Alcides Saldivia (ex subdirector de la Oficina Nacional de Presupuesto) propone un presupuesto especial por 5 años para grandes obras de infraestructura y su financiamiento, para diferenciarlo en el futuro de la evolución del gasto corriente.
Sin cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, poco previsibles en un año electoral, tampoco está claro cómo se asignan las prioridades de gasto e inversión pública. Para mejorar la competitividad de la economía, no es lo mismo el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que la rehabilitación del Belgrano Cargas. Ni para achicar la brecha de desigualdad social es lo mismo la inversión en doble escolaridad, capacitación laboral, vivienda e infraestructura básica, que entregar fondos a cooperativas de trabajo para crear puestos improductivos. En todas estas áreas el déficit heredado es muy superior a los recursos y la financiación disponible.
Sería demasiado cargar todas estas responsabilidades sobre las espaldas de Dujovne, en un gabinete demasiado amplio y no siempre bien coordinado, sin "superministros" y donde se privilegia el trabajo en equipo. La solvencia técnica es aprovechable si se la acompaña con acuerdos políticos, dentro y fuera del Gobierno, para ordenar prioridades y explicar cómo habrán de concretarse.
nestorscibona@gmail.com