Editorial de la Nacion - 14/01/2017
Su condición de sector de mayor productividad de la economía le ha costado caro al campo argentino. Entre la cordura y la paradoja, el populismo siempre ha privilegiado frente al campo la paradoja. Pocas veces expresó la gratitud a que éste se ha hecho acreedor, y en cambio, en muchas otras oportunidades, lo tomó por asalto para difamarlo y aplicarle gabelas de magnitud confiscatoria.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea, puso de manifiesto que entre 2003 y 2015 el Estado recaudó, por derechos de exportación aplicados a las actividades agropecuarias, 100.000 millones de dólares. Una cifra equivalente a la que el Gobierno ha anunciado como resultado hasta aquí del blanqueo de activos.
¿Qué hicieron los Kirchner a lo largo de 12 años con una masa sideral de aquella naturaleza? Nadie sabría responder a ciencia cierta, porque la infraestructura, la educación pública, el estado de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, para no extendernos, han quedado en la situación deplorable que hoy vemos. ¿Qué podrían haber hecho con tamaña exacción al campo vía un gravamen que casi no se aplica en el mundo? Construido, según economistas de la Fundación Mediterránea, 49.000 kilómetros de autopistas, pues como ha dicho días atrás el administrador general de Vialidad, hacer un kilómetro cuesta 2 millones de dólares.
Habría sido ése un cambio fenomenal en las condiciones generales del transporte y obraría como un irresistible elemento de articulación del territorio nacional. No contamos con más de 5000 kilómetros de vías rápidas, autopistas y viaductos. Mientras el país derrochaba ingresos por las características excepcionales para el valor de nuestros productores en los primeros años del siglo, los gobernantes aumentaban, en lugar de disminuir, la presión tributaria. Lo hicieron hasta el punto de convertirla en la más alta de la región.
La Sociedad Rural Argentina ha denunciado que sobre el agro pesan 33 impuestos, en no pocos casos superpuestos. Todo lo contrario sucede en Japón y Corea del Sur, donde la mitad de los ingresos del campo provienen de contribuciones estatales. Aunque no tan mayúsculos, los subsidios promedio de la Unión Europea a sus productores son del 18% y del 10% en los Estados Unidos. El campo argentino no reclama nada de eso, sino que se ponga fin a una expoliación cuya eliminación ha aceptado, en cuanto al tema principal que por valores es el de la soja, en términos gradualistas. No protestó por el incumplimiento este año de la eliminación prometida del 5% a los derechos de exportación sobre esa oleaginosa, y se ha limitado a tomar nota de que habrá desde comienzos de 2018 hasta fines de 2019 una merma del 0,5% mensual en el tributo sobre tal cultivo.
En Los impuestos del campo, el libro publicado en 2015 por varios autores con la coordinación de Santiago Sáenz Valiente, y convertido ya en un clásico de consulta, se recuerda que hay una concurrencia de exacciones, potenciada por fenómenos como el de la falta de ajuste por inflación, que fuerza a los productores a pagar por ganancias que no han tenido. Así las cosas, la participación del Estado en la renta pública había llegado en 2013 al 88,6%. Otros la consideraron aún más alta. Hoy estaría en alrededor del 66%.
Medran de la actividad agropecuaria cada uno tironeando por su lado: el Estado nacional, con los derechos de exportación, con el impuesto a las ganancias (se ha suprimido el de mínima presunta), sobre bienes personales, ahora disminuido; sobre el crédito y el débito bancario, al valor agregado, al gasoil; los Estados provinciales, con los impuestos inmobiliarios más los inmobiliarios complementarios -herejía tributaria convertida en extendido hábito, Ingresos Brutos, sellos; los municipios, con las guías de tránsito de ganados; la tasa ambiental, en Santa Fe, que no se ha quedado rezagada respecto de la voracidad fiscal bonaerense, ya que aumentó para 2017 el inmobiliario 30% tras haberlo hecho en 2016 en un 50%; la tasa de seguridad e higiene, la de servicios generales o tasa vial, a la transferencia de combustibles.
En la campaña 2014/15, dice el libro citado, los productores trabajaron 298 días para el Estado. Eso sería casi el doble de los que suelen trabajar los docentes de hábitos huelguísticos. En diciembre de 2016, con la llegada de Macri al poder, se eliminaron las retenciones al maíz, trigo, girasol, sorgo, carnes y eso significó, con el ajuste del tipo de cambio que era mantenido artificialmente muy alto, una mejora que los productores no olvidan. Aumentaron, por otro lado, costos, como en los combustibles, o en el caso del maíz para feed-lots y criaderos de cerdos y pollos que se valían de privilegios sin tener en cuenta las discriminaciones que eso comportaba contra los productores agrícolas.
Una declaración de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA)indicó que han comenzado a aparecer "brotes verdes" para la agricultura, mientras la ganadería continúa su proceso de recuperación de vientres. A estas alturas deben estimarse más de 6 millones, con lo que restarían otros 4 millones, aproximadamente, para volver al período previo a la liquidación que diezmó años atrás los rodeos. Fue cuando se aunaron, en tormenta perfecta, las políticas carentes de mínimo sentido común, pero impuestas con arrogancia prepotente por el secretario de Comercio Guillermo Moreno, con los efectos de una extendida sequía.
El campo no ha pasado a vivir desde diciembre de 2015 en el mejor de los mundos, pero ha habido un alivio y manifestaciones reiteradas de comprensión por las autoridades que es justo reconocer, a pesar de que en muchas provincias y municipios se gobierna con alarmantes ligerezas ajenas al estado en que el populismo dejó a la Nación.
Su condición de sector de mayor productividad de la economía le ha costado caro al campo argentino. Entre la cordura y la paradoja, el populismo siempre ha privilegiado frente al campo la paradoja. Pocas veces expresó la gratitud a que éste se ha hecho acreedor, y en cambio, en muchas otras oportunidades, lo tomó por asalto para difamarlo y aplicarle gabelas de magnitud confiscatoria.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea, puso de manifiesto que entre 2003 y 2015 el Estado recaudó, por derechos de exportación aplicados a las actividades agropecuarias, 100.000 millones de dólares. Una cifra equivalente a la que el Gobierno ha anunciado como resultado hasta aquí del blanqueo de activos.
¿Qué hicieron los Kirchner a lo largo de 12 años con una masa sideral de aquella naturaleza? Nadie sabría responder a ciencia cierta, porque la infraestructura, la educación pública, el estado de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, para no extendernos, han quedado en la situación deplorable que hoy vemos. ¿Qué podrían haber hecho con tamaña exacción al campo vía un gravamen que casi no se aplica en el mundo? Construido, según economistas de la Fundación Mediterránea, 49.000 kilómetros de autopistas, pues como ha dicho días atrás el administrador general de Vialidad, hacer un kilómetro cuesta 2 millones de dólares.
Habría sido ése un cambio fenomenal en las condiciones generales del transporte y obraría como un irresistible elemento de articulación del territorio nacional. No contamos con más de 5000 kilómetros de vías rápidas, autopistas y viaductos. Mientras el país derrochaba ingresos por las características excepcionales para el valor de nuestros productores en los primeros años del siglo, los gobernantes aumentaban, en lugar de disminuir, la presión tributaria. Lo hicieron hasta el punto de convertirla en la más alta de la región.
La Sociedad Rural Argentina ha denunciado que sobre el agro pesan 33 impuestos, en no pocos casos superpuestos. Todo lo contrario sucede en Japón y Corea del Sur, donde la mitad de los ingresos del campo provienen de contribuciones estatales. Aunque no tan mayúsculos, los subsidios promedio de la Unión Europea a sus productores son del 18% y del 10% en los Estados Unidos. El campo argentino no reclama nada de eso, sino que se ponga fin a una expoliación cuya eliminación ha aceptado, en cuanto al tema principal que por valores es el de la soja, en términos gradualistas. No protestó por el incumplimiento este año de la eliminación prometida del 5% a los derechos de exportación sobre esa oleaginosa, y se ha limitado a tomar nota de que habrá desde comienzos de 2018 hasta fines de 2019 una merma del 0,5% mensual en el tributo sobre tal cultivo.
En Los impuestos del campo, el libro publicado en 2015 por varios autores con la coordinación de Santiago Sáenz Valiente, y convertido ya en un clásico de consulta, se recuerda que hay una concurrencia de exacciones, potenciada por fenómenos como el de la falta de ajuste por inflación, que fuerza a los productores a pagar por ganancias que no han tenido. Así las cosas, la participación del Estado en la renta pública había llegado en 2013 al 88,6%. Otros la consideraron aún más alta. Hoy estaría en alrededor del 66%.
Medran de la actividad agropecuaria cada uno tironeando por su lado: el Estado nacional, con los derechos de exportación, con el impuesto a las ganancias (se ha suprimido el de mínima presunta), sobre bienes personales, ahora disminuido; sobre el crédito y el débito bancario, al valor agregado, al gasoil; los Estados provinciales, con los impuestos inmobiliarios más los inmobiliarios complementarios -herejía tributaria convertida en extendido hábito, Ingresos Brutos, sellos; los municipios, con las guías de tránsito de ganados; la tasa ambiental, en Santa Fe, que no se ha quedado rezagada respecto de la voracidad fiscal bonaerense, ya que aumentó para 2017 el inmobiliario 30% tras haberlo hecho en 2016 en un 50%; la tasa de seguridad e higiene, la de servicios generales o tasa vial, a la transferencia de combustibles.
En la campaña 2014/15, dice el libro citado, los productores trabajaron 298 días para el Estado. Eso sería casi el doble de los que suelen trabajar los docentes de hábitos huelguísticos. En diciembre de 2016, con la llegada de Macri al poder, se eliminaron las retenciones al maíz, trigo, girasol, sorgo, carnes y eso significó, con el ajuste del tipo de cambio que era mantenido artificialmente muy alto, una mejora que los productores no olvidan. Aumentaron, por otro lado, costos, como en los combustibles, o en el caso del maíz para feed-lots y criaderos de cerdos y pollos que se valían de privilegios sin tener en cuenta las discriminaciones que eso comportaba contra los productores agrícolas.
Una declaración de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA)indicó que han comenzado a aparecer "brotes verdes" para la agricultura, mientras la ganadería continúa su proceso de recuperación de vientres. A estas alturas deben estimarse más de 6 millones, con lo que restarían otros 4 millones, aproximadamente, para volver al período previo a la liquidación que diezmó años atrás los rodeos. Fue cuando se aunaron, en tormenta perfecta, las políticas carentes de mínimo sentido común, pero impuestas con arrogancia prepotente por el secretario de Comercio Guillermo Moreno, con los efectos de una extendida sequía.
El campo no ha pasado a vivir desde diciembre de 2015 en el mejor de los mundos, pero ha habido un alivio y manifestaciones reiteradas de comprensión por las autoridades que es justo reconocer, a pesar de que en muchas provincias y municipios se gobierna con alarmantes ligerezas ajenas al estado en que el populismo dejó a la Nación.