El nuevo Gobierno dedicó su primer año de gestión en retornar lo más rápido posible a una economía de mercado. Desde el primer día se dedicó a desregular mercados y abrir la economía, además de eliminar la mayoría de las restricciones, cupos e impuestos distorsivos que impuso el gobierno saliente.
Para ello liberó el mercado de cambios y dejó flotar la moneda. También eliminó impuestos, cupos y regulaciones al comercio exterior, además de elevar tarifas y quitar todos los controles de precios en la economía. Realizó una rápida negociación de la deuda en default que implicó la vuelta de Argentina a los mercados financieros. Recuperó instituciones básicas como las estadísticas públicas, el presupuesto fiscal y un programa monetario, además de una agenda internacional alineada nuevamente con los intereses de occidente.
En materia fiscal, el gobierno heredó una situación de notable complejidad, con un gasto público consolidado que saltó 11% del PBI en una década, a poco más de 40% del PBI. El desborde de gasto público llevó el resultado fiscal consolidado (nación + provincias), a un déficit fiscal equivalente a 7% del PBI, superior a los USD 35.000 millones. Para financiarlo, el gobierno saliente destruyó la moneda y el balance del banco central que lo dejó casi sin reservas.
El nuevo gobierno se propuso reducir el déficit fiscal paulatinamente, para no afectar por demás el nivel de actividad de una economía que se hizo dependiente del gasto público los últimos años.
La inversión parte de mínimos históricos e incluso de mínimos en toda latinoamérica (sólo 15% del PBI), dado que el gobierno anterior sólo promovía el consumo reprimiendo precios y destruyendo mercados. La liberación de la economía permitió que se dispusiera nuevamente de las señales de precios necesarias para que se active la inversión. Se espera que la inversión privada se recupere 2017. Pero este escenario se potenciaría aún más en 2018, si es que el oficialismo triunfa en las elecciones y fortalece su capacidad política. Condición necesaria para continuar con las reformas estructurales pendientes en la economía que impulsen la inversión externa.
En definitiva, las acciones del nuevo gobierno bien se pueden resumir como la vuelta de Argentina a una economía de mercado. La recesión económica del -2,7% en 2016 y la inflación que se aceleró a 41%, se entiende como el impacto de liberar los mercados con notoria inflación reprimida.
El cambio de rumbo de Argentina fue elogiado por países como EE.UU., y por organismos internacionales como el FMI, que apoyaron explícitamente las medidas económicas adoptadas por el nuevo Gobierno.
El reconocimiento del nuevo rumbo económico de Argentina también se manifestó en otros organismos internacionales: La OCDE aceptó la voluntad de Argentina para integrar al organismo. Los países del bloque comercial Asia Pacífico aceptaron la participación de Argentina en su última reunión, en calidad de observador. Por último, este año el G20 eligió a la Argentina para que presida el bloque en el año 2018.
Ahora bien, pasado el primer año de Gobierno donde la agenda se la llevó lograr una rápida liberación de la economía y reinsertar a la Argentina en las discusiones internacionales, igualmente vale advertir que emerge el peso del deterioro macroeconómico que se gestó los últimos años.
El 2016 cierra con un gasto público de 40% del PBI y un déficit fiscal de 7% del PBI. También refleja un déficit en la cuenta corriente del balance de pago de 3% del PBI, de los cuales la mitad se explica por la pérdida del autoabastecimiento energético y la necesidad de importar energía. La nueva administración financió los déficits heredados colocando deuda externa (5% del PBI) a tasas todavía elevadas (7%).
Culminado el grueso de la agenda para liberar la economía y reinsertar a Argentina en el mundo, ahora las expectativas privadas se centran en la estrategia oficial que permita reducir los déficit fiscal y externo, para lograr una menor necesidad de financiamiento externo y converger a una dinámica económica sostenible en el tiempo.
Si bien Argentina todavía tiene un importante desafío por sanear su economía dado los déficit fiscal y externo heredados (7% y 3% del PBI, respectivamente), el FMI entiende que el país podría crecer a tasas cercanas al 3% los próximos 5 años, si es que el Gobierno continúa profundizando las reformas estructurales pendientes que permitan el despegue de la inversión privada.
En particular, el FMI hizo hincapié en reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal, pero también continuar el proceso de apertura de la economía, desregular mercados y procurar disponer lo más rápido posible de un nuevo marco regulatorio propicio para las inversiones, principalmente en el área energética, recursos naturales y servicios públicos.
Fuente: Econométrica
Para ello liberó el mercado de cambios y dejó flotar la moneda. También eliminó impuestos, cupos y regulaciones al comercio exterior, además de elevar tarifas y quitar todos los controles de precios en la economía. Realizó una rápida negociación de la deuda en default que implicó la vuelta de Argentina a los mercados financieros. Recuperó instituciones básicas como las estadísticas públicas, el presupuesto fiscal y un programa monetario, además de una agenda internacional alineada nuevamente con los intereses de occidente.
En materia fiscal, el gobierno heredó una situación de notable complejidad, con un gasto público consolidado que saltó 11% del PBI en una década, a poco más de 40% del PBI. El desborde de gasto público llevó el resultado fiscal consolidado (nación + provincias), a un déficit fiscal equivalente a 7% del PBI, superior a los USD 35.000 millones. Para financiarlo, el gobierno saliente destruyó la moneda y el balance del banco central que lo dejó casi sin reservas.
El nuevo gobierno se propuso reducir el déficit fiscal paulatinamente, para no afectar por demás el nivel de actividad de una economía que se hizo dependiente del gasto público los últimos años.
La inversión parte de mínimos históricos e incluso de mínimos en toda latinoamérica (sólo 15% del PBI), dado que el gobierno anterior sólo promovía el consumo reprimiendo precios y destruyendo mercados. La liberación de la economía permitió que se dispusiera nuevamente de las señales de precios necesarias para que se active la inversión. Se espera que la inversión privada se recupere 2017. Pero este escenario se potenciaría aún más en 2018, si es que el oficialismo triunfa en las elecciones y fortalece su capacidad política. Condición necesaria para continuar con las reformas estructurales pendientes en la economía que impulsen la inversión externa.
En definitiva, las acciones del nuevo gobierno bien se pueden resumir como la vuelta de Argentina a una economía de mercado. La recesión económica del -2,7% en 2016 y la inflación que se aceleró a 41%, se entiende como el impacto de liberar los mercados con notoria inflación reprimida.
El cambio de rumbo de Argentina fue elogiado por países como EE.UU., y por organismos internacionales como el FMI, que apoyaron explícitamente las medidas económicas adoptadas por el nuevo Gobierno.
El reconocimiento del nuevo rumbo económico de Argentina también se manifestó en otros organismos internacionales: La OCDE aceptó la voluntad de Argentina para integrar al organismo. Los países del bloque comercial Asia Pacífico aceptaron la participación de Argentina en su última reunión, en calidad de observador. Por último, este año el G20 eligió a la Argentina para que presida el bloque en el año 2018.
Ahora bien, pasado el primer año de Gobierno donde la agenda se la llevó lograr una rápida liberación de la economía y reinsertar a la Argentina en las discusiones internacionales, igualmente vale advertir que emerge el peso del deterioro macroeconómico que se gestó los últimos años.
El 2016 cierra con un gasto público de 40% del PBI y un déficit fiscal de 7% del PBI. También refleja un déficit en la cuenta corriente del balance de pago de 3% del PBI, de los cuales la mitad se explica por la pérdida del autoabastecimiento energético y la necesidad de importar energía. La nueva administración financió los déficits heredados colocando deuda externa (5% del PBI) a tasas todavía elevadas (7%).
Culminado el grueso de la agenda para liberar la economía y reinsertar a Argentina en el mundo, ahora las expectativas privadas se centran en la estrategia oficial que permita reducir los déficit fiscal y externo, para lograr una menor necesidad de financiamiento externo y converger a una dinámica económica sostenible en el tiempo.
Si bien Argentina todavía tiene un importante desafío por sanear su economía dado los déficit fiscal y externo heredados (7% y 3% del PBI, respectivamente), el FMI entiende que el país podría crecer a tasas cercanas al 3% los próximos 5 años, si es que el Gobierno continúa profundizando las reformas estructurales pendientes que permitan el despegue de la inversión privada.
En particular, el FMI hizo hincapié en reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal, pero también continuar el proceso de apertura de la economía, desregular mercados y procurar disponer lo más rápido posible de un nuevo marco regulatorio propicio para las inversiones, principalmente en el área energética, recursos naturales y servicios públicos.
Fuente: Econométrica