A partir de la controvertida puntuación con que Macri autocalificó su gestión hasta el presente el autor pone blanco sobre negro, y analiza también algunos temas criticables.
Fernando Iglesias - Periodista.Especial para Los Andes
A un año de la asunción de Cambiemos, el ocho con el que se autoevaluó Macri causó un generalizado escozor. Con buenas razones o con esa tendencia a poner la vara a la altura de Uganda cuando gobiernan los peronistas y de Finlandia cuando gobiernan los demás que tiene gran parte de la sociedad argentina, vastos sectores de la geografía política nacional se declararon escandalizados. Ahora bien, es cierto que la lluvia de inversiones no se produjo, que el segundo semestre aún no llegó, que aumentaron la pobreza y la recesión y se perdieron decenas de miles de empleos; pero también es cierto que la llegada de Cambiemos al poder ha traído un cambio contundente en los métodos y en los modos con los que se hace política en la Argentina.
Para ponerlo en términos simples, se anularon y hasta se invirtieron todas y cada una de las políticas fascistoides que los argentinos sufrimos por doce años en nombre de una revolución distributiva que nunca ocurrió; desde la transformación de los medios públicos en una ominosa maquinaria propagandística hasta la demolición de la Justicia y el Congreso como poderes independientes y la conversión del aparato estatal en una succionadora de recursos a favor de una mafia en el poder. Por otra parte, también el flanco débil del balance -es decir, el retraso del crecimiento económico- merece ser visto a la luz de las circunstancias. Quien analice el país “cómodo” que nos dejó Cristina midiéndolo con la vara -bajísima, mínima- del 2001 abismal de la Alianza encontrará enormes similitudes en los datos macroeconómicos y sociales que una decisiva circunstancia política oscureció: la presencia del peronismo en la oposición, en 2001, y en el gobierno, en 2015.
Déficit fiscal (7% vs 7%), pérdida de reservas durante el último año (u$s 9.863 millones vs u$s 7.694 millones), reservas totales (u$s 16.000 millones vs u$s 25.000 mill.), pobreza (38% con soja a u$s 160 vs 29% con soja a u$s 323), tasa de empleo (42% de la población vs 42%) y déficit de cuenta corriente (u$s 3.780 millones vs u$s 15.944 millones), son las cifras oficiales indiscutibles que asemejan el abismo aliancista a la “comodidad” K; para no mencionar que en épocas de De la Rúa la carga fiscal era la mitad de la actual, no había inflación, teníamos autoabastecimiento energético y dependían del Estado solo un tercio de los argentinos que dependen hoy.
En esta perspectiva, el año económico de Cambiemos corre con una enorme ventaja respecto del estallido de diciembre de 2001 y del ajustazo mayúsculo que lo siguió en 2002; llevado a cabo por el mismo equipo económico que en nombre del Frente Reciclador se lamenta hoy de la insensibilidad de Macri. Por si alguien ha olvidado aquellos números vaya este recordatorio: 75% de devaluación en un día, 40% de inflación con salarios congelados, pesos al que depositó dólares y dólares a los bancos, cuadruplicación de las ganancias de las 500 mayores empresas privadas del país y, consecuentemente, aumento del 50% de la pobreza en un año y récord histórico de pobreza (57,5% en octubre de 2002) y desocupación (21,5% en mayo 2002).
El ocho que se puso Macri es exagerado si se mira a la luz de los resultados económicos en abstracto, pero no lo es si se considera que Cambiemos debió evitar un colapso económico cuyas consecuencias económicas principales hubieran sido la vuelta del caos social, la organización de saqueos por parte de los destituyentes de siempe y un nuevo giro de la decadencia argentina al grito de “A este país sólo la mafia lo puede gobernar”. Sí, se perdieron 120.000 puestos de trabajo, hubo alta inflación, el consumo se retrajo y el PBI caerá un par de puntos en 2016, pero en 2014 se había perdido más del doble de empleos, la inflación había sido de 38% y el consumo y el PBI se habían retraído aún más sin ajuste de tarifas ni salida del cepo cambiario y el default, y nadie se quejó del corazón duro de los CEOs. Cambiemos lo hizo, además, con el ejercicio del menor poder político de la historia de la democracia argentina y mientras desde todos lados se criticaba la incapacidad política del equipo gubernamental.
Veamos ahora algunos de los puntos criticables de la política llevada a cabo durante estos doce meses, cuyo primer capítulo -por supuesto- fue la decisión deliberada de no comunicar a la población la magnitud catastrófica de la herencia recibida; una decisión que acaso habrá añadido algunos puntos de popularidad en la época de las vacas gordas pero que hoy, en la de las vacas flacas, agrega una dificultad subjetiva que se suma a la material. Hay también otros puntos que merecen mencionarse, y que los desafíos centrales de Cambiemos -evitar el colapso económico, recuperar la República y terminar el mandato- no deberían ser olvidados. Los enumero, seguidos de una breve explicación.
Urbanización de villas. La continuidad de la política de urbanización de villas es un serio error que con matices locales es apoyado desde el gobierno central. Forma parte, lamentablemente, de la deliberada marginalización que el kirchnerismo emprendió durante la década saKeada y no se entiende cómo puede ser continuada por un gobierno que presenta Pobreza Cero como uno de sus objetivos programáticos. Digamos la verdad sin miedo de que la progresía de Palermo - Sierra Maestra nos tilde de gorilas: por más que se las urbanice y se las llene de antenas de Direct-TV una villa sigue siendo una villa, y quienes habitan en ella siguen siendo pobres aún en el hipotético caso de que sus ingresos superen la media nacional. Quien crea lo contrario, que lo demuestre yéndose a vivir a una de ellas en lugar de tildar de discriminadores a los demás.
Obra Social Piquetera. Contrariamente al relato del Club del Helicóptero, Cambiemos ha tomado innumerables medidas de protección a los más vulnerables basados en recursos extraídos a las clases medias que constituyen su base electoral. Entre ellas, la última es la de la asignación de $30.000 millones en 3 años a organizaciones piqueteras. Esta decisión y la sanción de la ley de emergencia social, criticables desde el punto de vista de un país que aspira salir de la emergencia pero comprensibles en términos de protección del sector más castigado y de gobernabilidad, han sido complementadas por una medida a contramano de los valores declamados desde el Gobierno: la creación de una obra social piquetera que fragmenta aún más el sistema de salud y seguridad social, resta recursos a una desfinanciada sanidad pública y legitima a esperpénticas dirigencias que nada tienen que ver con el ejercicio democrático de la protesta social. Pocas cosas peores podían pasarle a un país caído en la desgracia de organizaciones sindicales corporativas creadas por un general y eternizadas gracias al manejo de las obras sociales que les concedió otro general.
Tolerancia ante los piquetes. Después de un año, el caos de tránsito sigue siendo la regla no escrita de la convivencia argenta, especialmente en la Capital Federal. Siguiendo la cipaya ley de Say según la cual toda oferta genera su propia demanda, el otorgamiento de beneficios a sectores piqueteros puso en pie de guerra a los demás. El caos resultante ignoró olímpicamente el famoso protocolo de control de la protesta y convirtió a la ciudad de todos los argentinos en una expresión genuina de la idiosincrasia nacional. Tampoco fueron ensayadas medidas alternativas, como el secuestro de las decenas de micros abusivamente estacionadas sobre la 9 de Julio o sanciones directas contra las organizaciones que privatizan el espacio público en la ciudad. El Gobierno parece aún prisionero de la alternativa entre el vale todo y la represión salvaje; otra mala señal para las clases medias, con vistas a un año electoral.
Estrategia parlamentaria. Si algún mérito tuvo el Macri de los primeros meses fue el de dejar claro que no era De la Rúa. Varias medidas en el límite pero dentro del ejercicio republicano del poder (como la designación por decreto de jueces para la Corte) pusieron a quienes le auguraban pocos meses a quejarse de la dictadura del Pro. Siguió un año legislativo con duplicación del número de sesiones parlamentarias y aprobación de casi todas las iniciativas presentadas por Cambiemos, Presupuesto incluido. Sin embargo, algo parece haber trabado el engranaje parlamentario. Primero con el rechazo de la reforma electoral; después, con el absurdo proyecto de reforma de Ganancias acordado entre Máximo Kirchner y Sergio Massa y presentado por ese Atila de las matemáticas llamado Axel Kicillof. Si lo sucedido se debe a la progresiva cercanía del año electoral, a la necesidad de protagonismo de Massa, a la recomposición del peronismo o a las tradicionales estrategias de desgaste seguido de destitución, nadie puede afirmarlo con certeza. Pero todos los caminos conducen a Roma, es decir: al peronismo; y ante ellos, un gobierno desprovisto de mayorías parlamentarias dispone de una única estrategia: negociar, pero no confiar.
Relajarse y confiar en la oposición peronista constituiría un pecado mortal; el error que conduce al desastre, como pueden atestiguar los seis presidentes civiles no peronistas que desde 1928 no lograron completar su mandato gracias a las conspiraciones promovidas, en forma conjunta o separada, por el Partido Populista y el Partido Militar.
