La dirigencia se entusiasmó con la idea de atraer a la provincia una planta de 1.800 millones de pesos y 400 puestos de trabajo. Por Edgardo Moreno
Ahora que el predio maldito de Malvinas Argentinas comienza a transformarse en un loteo lacio y sin controversias.
Y que el campamento de la impugnación empaca las mochilas rumbo a Veladero o al objetivo nuevo que mejor cuadre.
Ahora que los poderes públicos se entusiasman con la inauguración en la misma zona de una planta industrial panificadora que abrirá sus puertas y generará nuevos empleos para el Gran Córdoba, sediento de oportunidades de trabajo.
Y que el nombre mismo de Monsanto se subsume en las vastas propiedades de Bayer, que, como es bien sabido, es bueno.
Ahora que la planta semillera prometida empieza a confundirse con la nada, ¿ se animará la sociedad cordobesa a explicarse a sí misma qué pasó con esa inversión frustrada?
La radicación de la empresa Monsanto en Córdoba fue acordada por la expresidenta Cristina Fernández con las autoridades de la empresa en Nueva York, Estados Unidos.
“La inversión de Monsanto es importantísima” para el plan agroindustrial argentino, dijo la entonces presidenta, según consigna la crónica del diario Página/12 del 16 de junio de 2012.
La dirigencia cordobesa se entusiasmó con la idea de atraer a la provincia una planta de 1.800 millones de pesos y 400 puestos de trabajo. Similar a la que ya funcionaba en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Hasta ese momento, ninguno de sus referentes –ejecutivos o parlamentarios, judiciales, sindicales o empresariales– parecía tener una sombra de duda sobre los beneficios de sumar una planta industrial de valor agregado para el pozo petrolero más generoso de la provincia: su complejo agroalimentario.
El entusiasmo se prolongó un semestre, hasta que comenzó el nuevo año electoral.
Cuando avanzó la campaña 2013, dos focos de conflicto sacudieron ese consenso lábil. Una potente operación de inteligencia orquestada desde la Nación con la anuencia de la Justicia federal estalló con el nombre de narcoescándalo.
Y un piquete de organizaciones políticas y militantes de grupos ambientalistas se plantó frente a la incipiente obra civil de Monsanto en Malvinas Argentinas.
La competencia electoral no soportó la combinación de esos desafíos, en los que operaba la misma mano que había estrechado aquellos gentiles acuerdos neoyorquinos.
La Legislatura de Córdoba se replegó en flamantes vacilaciones. La Justicia encontró el vericueto procesal disponible. Los referentes empresariales ensayaron una defensa tibia. Y la propia Monsanto se encapsuló en sus razones, sin procurar con transparencia y énfasis la obtención de su licencia social. ¿Nadie explicará ahora qué pasó?
Ahora que el predio maldito de Malvinas Argentinas comienza a transformarse en un loteo lacio y sin controversias.
Y que el campamento de la impugnación empaca las mochilas rumbo a Veladero o al objetivo nuevo que mejor cuadre.
Ahora que los poderes públicos se entusiasman con la inauguración en la misma zona de una planta industrial panificadora que abrirá sus puertas y generará nuevos empleos para el Gran Córdoba, sediento de oportunidades de trabajo.
Y que el nombre mismo de Monsanto se subsume en las vastas propiedades de Bayer, que, como es bien sabido, es bueno.
Ahora que la planta semillera prometida empieza a confundirse con la nada, ¿ se animará la sociedad cordobesa a explicarse a sí misma qué pasó con esa inversión frustrada?
La radicación de la empresa Monsanto en Córdoba fue acordada por la expresidenta Cristina Fernández con las autoridades de la empresa en Nueva York, Estados Unidos.
“La inversión de Monsanto es importantísima” para el plan agroindustrial argentino, dijo la entonces presidenta, según consigna la crónica del diario Página/12 del 16 de junio de 2012.
La dirigencia cordobesa se entusiasmó con la idea de atraer a la provincia una planta de 1.800 millones de pesos y 400 puestos de trabajo. Similar a la que ya funcionaba en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Hasta ese momento, ninguno de sus referentes –ejecutivos o parlamentarios, judiciales, sindicales o empresariales– parecía tener una sombra de duda sobre los beneficios de sumar una planta industrial de valor agregado para el pozo petrolero más generoso de la provincia: su complejo agroalimentario.
El entusiasmo se prolongó un semestre, hasta que comenzó el nuevo año electoral.
Cuando avanzó la campaña 2013, dos focos de conflicto sacudieron ese consenso lábil. Una potente operación de inteligencia orquestada desde la Nación con la anuencia de la Justicia federal estalló con el nombre de narcoescándalo.
Y un piquete de organizaciones políticas y militantes de grupos ambientalistas se plantó frente a la incipiente obra civil de Monsanto en Malvinas Argentinas.
La competencia electoral no soportó la combinación de esos desafíos, en los que operaba la misma mano que había estrechado aquellos gentiles acuerdos neoyorquinos.
La Legislatura de Córdoba se replegó en flamantes vacilaciones. La Justicia encontró el vericueto procesal disponible. Los referentes empresariales ensayaron una defensa tibia. Y la propia Monsanto se encapsuló en sus razones, sin procurar con transparencia y énfasis la obtención de su licencia social. ¿Nadie explicará ahora qué pasó?