Economía verde: qué puede cambiar en el mapa ambiental. Carlos Petroli

El creciente interés de economistas y académicos en torno del cambio climático, sus impactos locales y globales, y las políticas públicas dirigidas a mitigarlo, tuvo esta semana una bajada cordobesa: el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó un panel que contó con los economistas Alfredo Visintini, Inés Asís y Valeria Blanco, junto al secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch.

En este ámbito, Britch anunció que la “economía verde” tendrá en diciembre una cita mundial en Córdoba, bajo el formato promovido por el exvicepresidente estadounidense Al Gore: está previsto que asistan premios Nobel y 300 líderes convocados a orientar sobre las oportunidades de negocios que se perfilan, ligadas a la cuestión ambiental. Otros encuentros de este tipo ya tuvieron lugar en Londres, Madrid y Nueva York.

Como dato no del todo conocido, la administración provincial cuenta hoy dentro del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con una cartera que incluye el cambio climático dentro de sus áreas de gestión.

Los economistas del IEF destacaron que la provincia tiene chances de dar nuevos pasos en diversificar su matriz energética mediante el régimen de fomento para el uso de fuentes renovables (ley 27.191, promulgada en octubre de 2015).

Mapa de bosques

En uno de sus asuntos más urticantes relacionados con el agro, según admitió Britch, la cartera provincial ya redactó su propuesta para la revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley de Bosques 9.814). El organismo introdujo cambios en el mapa que define las categorías de conservación; esas adaptaciones deben atravesar un proceso de consenso y luego la aprobación legislativa.

Entidades referentes de la producción agropecuaria, por su lado, también barajan una propuesta, con el foco puesto en el manejo ganadero silvopastoril en el arco noroeste cordobés.

En Ambiente se reconoce el sistema de una “ganadería integrada bajo monte” (como propone el Inta), pero exclusivamente en zona amarilla, vedándola en la categoría “roja” de conservación.

Para la cartera, un dato relevante es que ahora se excluyen de esta categoría roja a zonas de riego (un aspecto contemplado en la ley 9.814).

Color por color

El nuevo mapa de la Secretaría sube levemente –de 1,86 millones a 1,98 millones de hectáreas– la superficie “roja”, en la que se consideran ambientes de muy alto valor de conservación (que no deben transformarse, según la ley). En términos relativos, equivale al 12 por ciento de la superficie total provincial, de 16,5 millones de hectáreas.

Un 58 por ciento de la superficie provincial está computada en la categoría “verde”, no alcanzada por la normativa territorial, al considerarse que ya no hay cobertura de bosque nativo (la mayor parte del área agrícola).

La corrección más gruesa en la propuesta de la cartera ambiental aparece en la categoría “amarillo”, que engloba superficies de mediano valor de conservación y pasibles de aprovechamiento sostenible, como podría ser un sistema ganadero. Comparada con el anterior mapa, esa porción pasaría de 3,9 millones a unos dos millones de hectáreas, para ocupar el 12 por ciento del territorio. El nuevo mapa ambiental contabiliza una superficie de cuatro millones de hectáreas con bosque nativo, el 24 por ciento del total provincial.