Mejorar la competitividad es uno de los
desafíos más importantes que tiene el campo en esta etapa. Tras el fin
de algunas de las restricciones que afectan la producción, muchos se
preguntan cómo recuperar el terreno perdido. Esa suerte de ansiedad se
percibía en la jornada sobre competitividad que organizó la Sociedad
Rural Argentina (SRA) el lunes pasado en su predio de Palermo. Allí
hablaron cuatro ministros del gobierno de Mauricio Macri sobre
agroindustria, transporte e infraestructura, medio ambiente y seguridad.
Lo que en otros países es normal -que los ministros de un gobierno
hablen frente a productores agropecuarios- aquí no deja de llamar la
atención. El silencio de los doce años anteriores es estruendoso.
"Ahora nuestro tablero es el mundo", dijo el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere.
El ministro de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, habló sobre la necesidad de trabajar en la "competitividad
sistémica" y reconoció que no fue suficiente para las economías
regionales haber quitado las retenciones del 5% o unificado el tipo de
cambio. Admitió las dificultades en infraestructura o costos y dijo que
no estaba de acuerdo con subsidiar fletes, sino "agregar valor en
origen".
Sobre la infraestructura, el ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, que a diferencia de Buryaile estuvo
acompañado por todo su gabinete en las exposiciones, prometió que en los
próximos cuatro años se hará "la misma cantidad de autopistas que en
los últimos 65 años". A su vez, el director nacional de Vialidad,
Ricardo Gattoni, precisó que se construirán 12.800 kilómetros de
autopistas y 4000 kilómetros de rutas "ampliadas, de siete metros, con
banquinas de 2,5 metros de cada lado, con carriles de sobre paso y sin
cruces a nivel". Esto se suma a las obras previstas para mitigar las
inundaciones en la provincia de Buenos Aires que anunció esta semana la
gobernadora María Eugenia Vidal.
En la jornada, Buryaile no le escapó a
uno de los temas más calientes de la agenda del agro: el conflicto por
el pago del canon tecnológico a la soja resistente a insectos. Con la
evidente intención de bajarle el tono al enfrentamiento público con
Monsanto tras la prohibición de los controles privados al pago de
regalías, el ministro de Agroindustria dijo que es "imperativo que la
industria cobre por la tecnología". Prometió la regularización del Inase
y una ley de semillas para 2017. Aunque la industria de semillas
coincide con este planteo, sus referentes creen que el Gobierno debió
haber impulsado la norma apenas sacó la resolución 140, que ordena pedir
la autorización del Estado a los sistemas de control de semillas.
"Tenemos una norma del siglo pasado y hay que pensar en los próximos 20
años, ¿vamos a dejar estancados los rendimientos de la soja y el
trigo?", se preguntó el presidente de Syngenta Latinoamérica Sur,
Antonio Aracre, que el lunes pasado se reunió con el ministro de
Ciencia, Lino Barañao. "Proponemos que cada una de las partes debata su
posición abiertamente en el Congreso, pero no se puede postergar más la
resolución de este problema", opinó Aracre.
Mientras en el plano institucional se
actúa con cierta mora, en el Gobierno lanzan iniciativas en favor de la
tecnología. Esta semana Barañao y el secretario de Valor Agregado del
Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, presentaron un fondo
fiduciario (Fonrebio) para financiar la aprobación y desregulación de
productos biotecnológicos desarrollados en el país. El apoyo a las
empresas nacionales de bioeconomía es clave, pero si no hay
reconocimiento a la captura de valor, estas iniciativas corren el riesgo
de quedarse en buenas intenciones. Y eso también es "competitividad
sistémica".
Fuente: Diario La Nación.