Corresponden al primer decreto de declaración de emergencia, que abarcó a cuencas del sur y sudeste. Tambos, los más afectados.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia se encuentra por estas horas procesando los primeros datos de
las Declaraciones Juradas (DDJJ) presentadas por productores agrícolas y
ganaderos ubicados en zonas de emergencia y/o desastre agropecuario en
las que acreditan los daños sufridos por las inundaciones.
Según información a la que tuvo acceso Agrovoz,
se presentaron en total 1.462 DD.JJ. de las cuales quedaron efectivas
1.091. Las restantes fueron rechazadas por tener errores en su
elaboración o porque no alcanzaban el mínimo de afectación requerida
para estar en emergencia, que es el 50 por ciento del establecimiento
productivo.Además, desde el Ministerio remarcaron que hay otras 200 presentaciones en análisis para ver si se aceptan o no.
Sur y sudeste
Estos
primeros datos corresponden al primer decreto que declaró en zona de
emergencia a seis cuencas del sur y sudeste provincial: Carcarañá
(centro de los departamentos Marcos Juárez y Unión y noroeste del
departamento Juárez Celman, al sur de la ruta 2); Vicuña Mackenna;
cuenca del arroyo Santa Catalina; Sistema Canals; Río Quinto (Popopis); y
el Sistema General Roca.El plazo de presentación de las DDJJ para productores ubicados en esos territorios venció el 4 de abril. Esos documentos son los que actualmente se están analizando y no contemplan a establecimientos ubicados en el centro-este provincial y que fueron incluidos en una nueva declaración de emergencia realizada la semana pasada. El plazo de entrega de las DDJJ para estas últimas zonas es el viernes 3 de mayo.
Tambos, los que más sufren
La
información preliminar analizada por los técnicos de Agricultura indica
que, de las 1.091 declaraciones que quedaron efectivas, 444 (40,7 por
ciento) corresponden a campos de uso agrícola y 647 (59,3 por ciento) a
establecimientos ganaderos o pecuarios. “Son principalmente tambos”,
indicó una fuente del ministerio. Cabe recordar que, para los agrícolas, la situación de emergencia se aplica para el período que va del 1° de enero al 30 de junio, mientras que para los ganaderos se extiende a todo el ejercicio 2016.
Ese es el lapso que se toma para establecer los diferentes beneficios impositivos que pueden recibir los productores afectados: prórroga de los pagos para los que se encuentren en emergencia (más del 50 por ciento del campo inundado) y exención total para los que estén en desastre (más de 70 por ciento de perjuicio).