Monsanto elude los controles del Estado y distorsiona el comercio de soja. Editorial de Las Bases del presidente de CRA, Dardo Chiesa.

Con el comienzo de la cosecha de soja 2015/16 se profundizan las diferencias entre los productores y Monsanto ante la aplicación compulsiva de la “cláusula de Biotecnología” o el sistema Bolsatech, que viola los usos y costumbres en la comercialización de soja, y se impone como fiscalizador en materia de uso de semillas y en las ventas de granos, atribución que le corresponde al Estado.
La empresa estadounidense está imponiendo un sistema privado de fiscalización, penalización y cobro en puertos y acopios, y también implementa en la cadena agrícola la “cláusula Bolsatech”. Ambos procedimientos carecerían de sustento legal y ponen en riesgo el normal funcionamiento de la comercialización de los granos y las exportaciones del complejo sojero.
Estos sistemas compulsivos que lleva adelante la firma multinacional, con el fin de que se abone un canon por la tecnología Intacta supuestamente patentada, no reconocen la Ley vigente de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247 y menos aún el rol del Estado como aplicador de dicha ley.
Es importante remarcar también, que Monsanto no tiene derechos sobre las semillas ni los granos producidos, ya que la Ley de patentes argentina es clara respecto de que no se pueden patentar seres vivos, plantas y semillas. El marco normativo que tiene incumbencia en estos temas es la Ley de Semillas.
Como antecedente, es preciso mencionar el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, del 30 de noviembre de 2015, que rechaza la pretensión de la empresa internacional de obtener una patente en contradicción con la ley.
Monsanto va más allá de las semillas, al montar un sistema de fiscalización paralelo del Estado porque distorsiona la transparencia en la comercialización del mercado de soja, al interponerse como tercero en el negocio entre dos partes, lo que implica un riesgo de cobro para el productor.
Ante las marcadas irregularidades del sistema llevado adelante por Monsanto, una vez más solicitamos la fuerte atención y participación del Estado en la búsqueda de una solución y en velar porque se cumpla la ley. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), es el que debe controlar y sancionar por el uso ilegal de las semillas, y no un privado.
En cambio, hoy, una empresa privada atropella los derechos de los productores agropecuarios argentinos, al no reconocer con estas metodologías el papel del Inase como organismo regulador del mercado de semillas.
Ante esta constante amenaza rechazamos desde Confederaciones Rurales Argentinas la “Cláusula Monsanto” y el sistema Bolsatech, y exigimos el respeto hacia los agricultores. CRA no baja los brazos ni cede ante las presiones y extorsiones de una empresa extranjera que pretende avasallar el legítimo derecho del productor sobre el “uso propio de su semilla”.