El Ministerio de Agroindustria y el Inta trabajan con el sector privado en el diseño de un marco normativo.
En el nuevo mapa productivo que el agregado de valor
viene trazando a nivel nacional, Oncativo aparece con la referencia de
una capital. Allí, hace más de 20 años que productores asociados
desactivan soja y hace más de 15 que se elaboran productos balanceados.
La externalización de la producción primaria hoy hace que esta ciudad del departamento Río Segunda tenga sobreocupación, con gente de otras localidades que viene a trabajar en sus sistemas integrados. En su zona de influencia hay casi tres mil cerdas en producción, un millón de gallinas ponedoras y grupos asociativos de pequeños productores de cerdos. Algunos han logrado duplicar la producción y sumar eslabones (recría y engorde) en la transformación de granos y proteínas.
No fue casual que a escasos 10 kilómetros de allí, en el Inta Manfredi, los principales referentes públicos y privados en agregados de valor intercambiaron ideas durante tres días. El objetivo: comenzar a delinear el andamiaje de políticas públicas que consolide a los proyectos de integración vertical que, al igual que en Oncativo, se desarrollan en el interior del país.
“Lo que estamos haciendo es fundacional. Como primer paso, debemos escuchar a los actores privados para luego desde el Gobierno poder legislar y gestionar sobre lo que necesitan”, señaló a La Voz del Campo Mariano Lechardoy, subsecretario de Bioindustria de la Nación. Fue durante un intervalo en el Curso-Taller sobre Bioenergía, Bioeconomía y Agregado de Valor en Origen dictado entre el martes y ayer en la experimental cordobesa.
Además de los representantes de las cadenas de valor participan los equipos técnicos del Proyecto Agroindustria y Agregado de Valor en Origen del Inta y de la Subsecretaría de Bioindustria, dependiente de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ayer, el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet fue el encargado de cerrar los tres días de capacitación.
Evaluación
La sinergia que mantuvieron funcionarios nacionales, técnicos del Inta y representantes de la Cámara de Extrusado y Prensado de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (Cidep), de la Cámara de Biocombustibles de Córdoba (Cabiocor) y la Cámara Nacional de las Pyme Aceiteras (Canapa) permitió relevar las necesidades del sector.
“Como política pública necesitamos que se nos considere como Pyme y poder exportar en función de nuestra escala, diferenciándonos de aquellas que por volumen pueden llenar un barco”, ejemplificó Daniel Giordano, integrante de la empresa Geval SA, propietaria de una planta de extrusado de soja en Monte Buey.
La disponibilidad de energía, para encarar nuevas asociaciones y desarrollar las existentes, fue parte del intercambio. La posibilidad de generarla a través de biomasa también fue tema de abordaje.
En algunas zonas del país, la falta de energía eléctrica para encarar proyectos de integración se combina con los altos costos que significan llevar los granos a puerto. Una tonelada de soja tiene más horas-hombre de flete y de litros gasoil que de siembra y de cosecha. “Para eludir estas dificultades hay alternativas de distintas escalas”, sostuvo Lechardoy.
Un ejemplo de ello es Yanquetruz, la granja de producción de cerdos que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) tiene en la localidad de Juan Llerena, en San Luis. En ese establecimiento, con los efluentes que generan 1.300 madres en producción se produce biogás, como fuente de energía.
Los biodigestores, alimentados también con silo de maíz, producen la electricidad que demanda todo el criadero intensivo, el pueblo y parte de la región. Además, un excedente en la generación que se suma al mercado nacional.
“En muchas zonas del país y de la provincia, la limitante para la instalación de Pyme de valor agregado está dada por la falta de energía en cantidad y costo accesible”, observó Mario Bragachini, coordinador del proyecto nacional Agroindustria y Agregado de Valor en Origen del Inta.
Referencias
Ante este escenario deficitario, la biomasa aparece como una opción, inclusive en lugares donde la electricidad no existe. “Allí aparecen la soja y el maíz como materia prima para producir biodiésel y expeler, o bien bioetanol y etanol, o burlanda, todos procesos relacionados al agregado de valor”, sostuvo el especialista.
La decisión oficial de elaborar un marco de referencia para el fomento del agregado de valor en origen le va a permitir a nuevos productores dar el primer paso hacia la integración y a otros seguir subiendo escalones en el proceso de verticalidad.
“En el futuro es probable que se puedan asociar muchas planta chicas para hacer una planta de biodiésel, construir una refinadora de aceite o elaborar harinas para consumo humano”, detalló Bragachini.
Más allá de la escala, el éxito pasa por hacerlo con tecnología y competitividad. Las buenas prácticas agropecuarias, agroindustriales y agroalimentarias deben se parte de esa estrategia productiva.
Como en cualquier empresa, el canal comercial resulta indispensable para conformar una renta genuina.
En el caso de las plantas que generan expeler de soja, la promoción de la exportación aparece como la opción para amortiguar cualquier caída en la demanda del mercado interno, tal como viene sucediendo con los tambos.
La externalización de la producción primaria hoy hace que esta ciudad del departamento Río Segunda tenga sobreocupación, con gente de otras localidades que viene a trabajar en sus sistemas integrados. En su zona de influencia hay casi tres mil cerdas en producción, un millón de gallinas ponedoras y grupos asociativos de pequeños productores de cerdos. Algunos han logrado duplicar la producción y sumar eslabones (recría y engorde) en la transformación de granos y proteínas.
No fue casual que a escasos 10 kilómetros de allí, en el Inta Manfredi, los principales referentes públicos y privados en agregados de valor intercambiaron ideas durante tres días. El objetivo: comenzar a delinear el andamiaje de políticas públicas que consolide a los proyectos de integración vertical que, al igual que en Oncativo, se desarrollan en el interior del país.
“Lo que estamos haciendo es fundacional. Como primer paso, debemos escuchar a los actores privados para luego desde el Gobierno poder legislar y gestionar sobre lo que necesitan”, señaló a La Voz del Campo Mariano Lechardoy, subsecretario de Bioindustria de la Nación. Fue durante un intervalo en el Curso-Taller sobre Bioenergía, Bioeconomía y Agregado de Valor en Origen dictado entre el martes y ayer en la experimental cordobesa.
Además de los representantes de las cadenas de valor participan los equipos técnicos del Proyecto Agroindustria y Agregado de Valor en Origen del Inta y de la Subsecretaría de Bioindustria, dependiente de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ayer, el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet fue el encargado de cerrar los tres días de capacitación.
Evaluación
La sinergia que mantuvieron funcionarios nacionales, técnicos del Inta y representantes de la Cámara de Extrusado y Prensado de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (Cidep), de la Cámara de Biocombustibles de Córdoba (Cabiocor) y la Cámara Nacional de las Pyme Aceiteras (Canapa) permitió relevar las necesidades del sector.
“Como política pública necesitamos que se nos considere como Pyme y poder exportar en función de nuestra escala, diferenciándonos de aquellas que por volumen pueden llenar un barco”, ejemplificó Daniel Giordano, integrante de la empresa Geval SA, propietaria de una planta de extrusado de soja en Monte Buey.
La disponibilidad de energía, para encarar nuevas asociaciones y desarrollar las existentes, fue parte del intercambio. La posibilidad de generarla a través de biomasa también fue tema de abordaje.
En algunas zonas del país, la falta de energía eléctrica para encarar proyectos de integración se combina con los altos costos que significan llevar los granos a puerto. Una tonelada de soja tiene más horas-hombre de flete y de litros gasoil que de siembra y de cosecha. “Para eludir estas dificultades hay alternativas de distintas escalas”, sostuvo Lechardoy.
Un ejemplo de ello es Yanquetruz, la granja de producción de cerdos que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) tiene en la localidad de Juan Llerena, en San Luis. En ese establecimiento, con los efluentes que generan 1.300 madres en producción se produce biogás, como fuente de energía.
Los biodigestores, alimentados también con silo de maíz, producen la electricidad que demanda todo el criadero intensivo, el pueblo y parte de la región. Además, un excedente en la generación que se suma al mercado nacional.
“En muchas zonas del país y de la provincia, la limitante para la instalación de Pyme de valor agregado está dada por la falta de energía en cantidad y costo accesible”, observó Mario Bragachini, coordinador del proyecto nacional Agroindustria y Agregado de Valor en Origen del Inta.
Referencias
Ante este escenario deficitario, la biomasa aparece como una opción, inclusive en lugares donde la electricidad no existe. “Allí aparecen la soja y el maíz como materia prima para producir biodiésel y expeler, o bien bioetanol y etanol, o burlanda, todos procesos relacionados al agregado de valor”, sostuvo el especialista.
La decisión oficial de elaborar un marco de referencia para el fomento del agregado de valor en origen le va a permitir a nuevos productores dar el primer paso hacia la integración y a otros seguir subiendo escalones en el proceso de verticalidad.
“En el futuro es probable que se puedan asociar muchas planta chicas para hacer una planta de biodiésel, construir una refinadora de aceite o elaborar harinas para consumo humano”, detalló Bragachini.
Más allá de la escala, el éxito pasa por hacerlo con tecnología y competitividad. Las buenas prácticas agropecuarias, agroindustriales y agroalimentarias deben se parte de esa estrategia productiva.
Como en cualquier empresa, el canal comercial resulta indispensable para conformar una renta genuina.
En el caso de las plantas que generan expeler de soja, la promoción de la exportación aparece como la opción para amortiguar cualquier caída en la demanda del mercado interno, tal como viene sucediendo con los tambos.
Energía vegetal
Sustentabilidad.
El uso de la biomasa como fuente de energía para el desarrollo de
agregado de valor se está convirtiendo en parte del negocio energético.Legislación. Su expansión va a requerir la participación de los ministerios de Agroindustria, Energía y Producción en el diseño e implementación de un marco normativo y legal para la producción y el uso de la biomasa en forma sustentable y como herramientas de desarrollo del interior.
Estructura. A nivel del Ministerio de Agroindustria, el agregado de valor tiene una jerarquización similar al que se asigna a la agricultura y la ganadería. Un secretario de Estado, Néstor Roulet, tiene a su cargo el diseño de las políticas públicas con competencia sobre el sector.