La Provincia introdujo cambios en la gestión, pero los afectados reclaman celeridad, en particular los productores que quedaron aislados.
Habrá en esta campaña elevados rendimientos en soja y maíz, pero el fenómeno Niño también dejó una marca de serios daños económicos en la provincia.
Hoy vencerá la presentación de declaraciones juradas por parte de productores para entrar al régimen de emergencia o desastre en diferentes cuencas; la “huella hídrica” de los anegamientos no ha sido del todo cuantificada. Un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Córdoba durante el mes último indica que la superficie perdida en soja se acerca a las 400 mil hectáreas (sobre un total de 5,2 millones), en tanto que en maíz la afectación supera las 60 mil hectáreas.
A esto hay que agregar las pérdidas en caminos, que quedaron intransitables, y en las producciones de leche y de carne. Para su remedio, el frente abarca a distintas áreas de gobierno cuando se trata de definir presupuestos y llevar adelante las obras. Pero el debut de la Subsecretaría de Infraestructura en el Ministerio de Agricultura se encontró con estas contingencias.
La subsecretaría a cargo de Edgardo Bustamante es la encargada de actuar de nexo con otras áreas del gobierno y dar prioridad a las inversiones en infraestructura. Al déficit de arrastre se sumará el deterioro que ahora están provocando las inundaciones y la rotura de las redes viales.
La gestión oficial para atender a esta problemática ha presentado cambios en su diseño: por un lado, se buscará una atención y un manejo integrado de las cuencas. De hecho, las zonas incluidas en los recientes decretos de emergencia ya no están definidas por criterios geográficos de división política; se nominaron seis grandes cuencas, que atraviesan toda la franja sur y sudeste del territorio. Para la región norte se promete un abordaje similar. A la vez, se pusieron en marcha comisiones por cuenca para relevar y definir proyectos ejecutivos; participan entidades de productores, consorcios, municipios y representantes de diferentes organismos (Vialidad, Vivienda, Recursos Hídricos, entre otros).
Pero los afectados reclaman celeridad: las entidades rurales canalizaron esta semana a través del ministro Sergio Busso un pedido de audiencia a las carteras de Agua, Ambiente y Energía y a la de Obras Públicas y Viales. Reclaman accionar con urgencia en las zonas donde los productores quedaron aislados.
Los consorcios camineros reconocen que recién cuando el agua baje podrán retomar los trabajos de reparación. Este año habrá un refuerzo desde los consorcios canaleros; recibirán 240 millones de pesos, según lo presupuestado (por este ítem, algunos productores recibieron en el cedulón del Inmobiliario un incremento del 460 por ciento).
La Provincia acordó con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) un fondeo por 20 millones de pesos para productores afectados. Los créditos tienen un tope de 100 mil pesos, a sola firma, con tasa cero, 48 meses y 12 cuotas de gracia.