La crisis lechera y el conflicto por el canon tecnológico de Monsanto en soja, dos problemas que ponen a prueba la gestión público-privada.
La tantas veces mentada “gestión público-privada” enfrenta por estos días dos zonas de conflicto en el agro: la crisis de la lechería y la disputa entre Monsanto y los productores por el canon tecnológico de la semilla Intacta en soja, a las puertas de la nueva cosecha.
En ambos casos, como mínimo, el Gobierno nacional, incluso con ayuda de las provincias, tendrá que actuar como árbitro aunque, en el segmento lácteo, deberá volcar aún más recursos para evitar que la crisis se devore a más actores del sistema.
La punta del iceberg es la caída de precios internacionales y su correlato de males internos. Las secuelas económicas y sociales tienen nombre y apellido en la cuenca lechera; en Villa María, San Francisco, Brinkmann, Freyre y tantas otras localidades. Por cada tambo que sale del sistema, cuatro o cinco familias quedan sin sustento. ¿Cuántos cientos o miles sumarán?
Tras el encuentro que convocó el martes Ricardo Buryaile, en Villa María esperan hoy al propio ministro, o a alguien de su equipo, para continuar evaluando alternativas.
Un mal síntoma: las cadenas de supermercados faltaron anteayer a la cita que la había cursado la cartera de Agroindustria para buscar salidas y puntos de coincidencia con los otros eslabones en el reparto de costos y beneficios. Los productores advierten que, si no se reacomoda la comercialización (interna y externa) será difícil una salida en el corto plazo.
Los productores aguardan los próximos movimientos de la industria (¿una mejora en los precios en tranquera?); la consideran favorecida por las compras de stocks que anunció el Gobierno en los últimos días. Aunque, por la misma cuerda, también le achacan a las principales usinas haber sobre estimado un excedente que ahora preferirían “aguantar” en sus depósitos, cuando ya se estaría proyectando una caída de la producción anual cercana al 40 por ciento.
Durante la reunión con Buryaile, Caprolec (la cámara de productores de Córdoba) transmitió los reclamos con respecto al precio en el escalón primario y el retraso en el cobro de compensaciones (esta semana hubo nuevos desembolsos). También se insistió con la “institucionalidad” de la cadena (un aspecto que excede la coyuntura) y que se blanquee quién consumirá la leche comprada por el Estado.
“Nos prometieron que en 15 días tendríamos los resultados de sus gestiones”, notificó la cámara.
Respecto del canon de Monsanto, en Expoagro las autoridades de Agroindustria consideraron inminente una solución a la disputa, mediante una intervención oficial y un acuerdo de partes.
Tanto en uno como en otro flanco, las soluciones demandarán de la imaginación y del esfuerzo de los privados, para evitar males mayores. En ambos casos, la participación oficial, del Estado, es condición necesaria, pero no suficiente.
La tantas veces mentada “gestión público-privada” enfrenta por estos días dos zonas de conflicto en el agro: la crisis de la lechería y la disputa entre Monsanto y los productores por el canon tecnológico de la semilla Intacta en soja, a las puertas de la nueva cosecha.
En ambos casos, como mínimo, el Gobierno nacional, incluso con ayuda de las provincias, tendrá que actuar como árbitro aunque, en el segmento lácteo, deberá volcar aún más recursos para evitar que la crisis se devore a más actores del sistema.
La punta del iceberg es la caída de precios internacionales y su correlato de males internos. Las secuelas económicas y sociales tienen nombre y apellido en la cuenca lechera; en Villa María, San Francisco, Brinkmann, Freyre y tantas otras localidades. Por cada tambo que sale del sistema, cuatro o cinco familias quedan sin sustento. ¿Cuántos cientos o miles sumarán?
Tras el encuentro que convocó el martes Ricardo Buryaile, en Villa María esperan hoy al propio ministro, o a alguien de su equipo, para continuar evaluando alternativas.
Un mal síntoma: las cadenas de supermercados faltaron anteayer a la cita que la había cursado la cartera de Agroindustria para buscar salidas y puntos de coincidencia con los otros eslabones en el reparto de costos y beneficios. Los productores advierten que, si no se reacomoda la comercialización (interna y externa) será difícil una salida en el corto plazo.
Los productores aguardan los próximos movimientos de la industria (¿una mejora en los precios en tranquera?); la consideran favorecida por las compras de stocks que anunció el Gobierno en los últimos días. Aunque, por la misma cuerda, también le achacan a las principales usinas haber sobre estimado un excedente que ahora preferirían “aguantar” en sus depósitos, cuando ya se estaría proyectando una caída de la producción anual cercana al 40 por ciento.
Durante la reunión con Buryaile, Caprolec (la cámara de productores de Córdoba) transmitió los reclamos con respecto al precio en el escalón primario y el retraso en el cobro de compensaciones (esta semana hubo nuevos desembolsos). También se insistió con la “institucionalidad” de la cadena (un aspecto que excede la coyuntura) y que se blanquee quién consumirá la leche comprada por el Estado.
“Nos prometieron que en 15 días tendríamos los resultados de sus gestiones”, notificó la cámara.
Respecto del canon de Monsanto, en Expoagro las autoridades de Agroindustria consideraron inminente una solución a la disputa, mediante una intervención oficial y un acuerdo de partes.
Tanto en uno como en otro flanco, las soluciones demandarán de la imaginación y del esfuerzo de los privados, para evitar males mayores. En ambos casos, la participación oficial, del Estado, es condición necesaria, pero no suficiente.