Que el pato lo pague Lázaro”. Ese mensaje en alusión a Báez que recibió de Cristina Fernández,
indujo al juez Daniel Rafecas a declarar su incompetencia en la causa
Hotesur. Esa sociedad hotelera, propiedad de la familia Kirchner,
permanece bajo sospecha por un aparente gigantesco lavado de dinero. En
el novelado kirchnerista resultaría similar al escándalo de la estatal
brasileña Petrobras que jaquea a Lula y al gobierno peteísta de Dilma
Rousseff. Una combinación apropiada entre el financiamiento clandestino
de la política y los provechos personales.
Después de aquella
sugerencia, Rafecas cedió la causa a su colega Julián Ercolini, que
tenía una denuncia previa, del 2008, sobre presunta “asociación ilícita”
entre los Kirchner y Báez. Elisa Carrió, la primera demandante,
requirió a ese magistrado algunos resultados que jamás obtuvo. Hotesur
corre riesgo de ingresar en el típico laberinto de la Justicia
argentina. Hay un ejemplo reciente: Ariel Lijo convocó a declaración
indagatoria a ex funcionarios y empresarios aportantes de dinero ilegal
en la primera campaña de Cristina. Es un trámite que ya insumió nueve
años. Se estaba acercando a su prescripción. Margarita Stolbizer remarca
siempre que el desarrollo de las causas por corrupción en nuestro país
promedian los catorce años.Rafecas no quiso inmolarse en aquella encerrona. Ni quedar desairando un reclamo de la ex presidenta. Creyó haber cumplido con las urgencias políticas kirchneristas cuando se hizo cargo de la causa Hotesur luego del desplazamiento de Claudio Bonadio. Tuvo siete meses el expediente, entre julio del 2015 y el 24 de febrero último, sin mover un papel. Ni siquiera completó alguna de las pericias que le había solicitado el fiscal Carlos Stornelli.
El reclamo para enterrar a Báez con el lavado de dinero habría sido a esta altura, según la mirada del juez incompetente, un imposible. Es cierto que el empresario K figuró desde el 2008, cuando Néstor Kirchner compró el complejo, como parte de la sociedad administradora del Alto Calafate. Pero fue la propia Cristina quien decidió borrar rastros en 2014 cuando divulgó la integración de un nuevo directorio de Hotesur, sólo con familiares y ningún vínculo con Báez. Rafecas, leyendo el expediente, se encontró con algunas comprobaciones sorprendentes que había realizado Bonadio, su antecesor.
El juez que citó a Cristina para declarar en abril por la extraña venta del Banco Central de dólares a futuro en el anochecer de su gobierno, dio por hecha una irregularidad. La empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez y gran contratista del Estado, alquiló durante mucho tiempo habitaciones del Alto Calafate para empleados de su compañía. No hay registros de que hayan sido ocupadas alguna vez. Pero una pericia meticulosa profundizó las presunciones sobre la maniobra de lavado de dinero.
Bonadio auditó el período entre julio y octubre del 2011. Fue cuando el Sur argentino resultó tapizado por las cenizas del volcán Peyehue, en erupción del lado chileno. Aerolíneas Argentinas informó, por entonces, que había sufrido una retracción de ventas del orden de US$ 40 millones por los 1.600 vuelos cancelados a destinos patagónicos. LAN Chile calculó sus pérdidas en US$ 20 millones por la suspensión de 925 vuelos. La ocupación turística en El Calafate habría estado en un promedio del 20%. Con excepción del Alto Calafate de los Kirchner, con lleno casi total. Turistas brasileños, alemanes, franceses y japoneses cuyo traslado a esa ciudad nunca se pudo comprobar. El tránsito terrestre, por la nube de cenizas, también presentaba dificultades peligrosas.
Rafecas prefirió dejarle esa herencia ardiente a Ercolini. Cristina redoblará su presión sobre ese juez en el seguimiento de dos objetivos: tratar de zafar de la causa de corrupción que, a priori, más comprometé a ella y su familia; hundir definitivamente a Báez con quien su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, mantiene una guerra declarada en Santa Cruz. La provincia está asolada por un repentino desempleo que deriva de un Estado superhabitado y de la cantidad de obras públicas que el empresario K no hizo o dejó a medio camino. Un ejemplo ilustrativo: Báez construyó apenas el 30% de una autovía que debe unir Río Gallegos con la ciudad de Rada Tilly, cobró el total de la obra y una actualización por mayores costos estimada en $ 800 millones. Aquellas hostilidades en el suelo natal del kirchnerismo permite empezar a avizorar algunas ruinas: uno de los principales obradores de Austral Construcciones ha sido abandonado. Como una trinchera en desbande.
Cristina vive una contradicción permanente. Apoya a Alicia con el ajuste económico y la demanda de fondos al Gobierno nacional. Pero critica a Mauricio Macri cada vez que hace lo mismo. Esos vaivenes se advierten también en su ánimo y sus instrucciones. Dialogó días pasados con un kirchnerista que le sugirió moderar las posturas de los ultra K en el Congreso. Pareció comprenderlo. Pero transmitió todo lo contrario a Héctor Recalde, el jefe de diputados del FpV, y a Axel Kicillof. Máximo, su hijo, se comporta de igual modo. Habla en la intimidad de la supuesta traición del peronismo que negocia con macristas.
Nadie sabe si la ex presidenta es consciente de su pérdida de poder. En 90 días asistió a la ruptura del bloque en Diputados, a disidencias sonoras en el Senado y al escándalo que envolvió la salida del camporista José Ottavis como jefe de la bancada del FpV en la Legislatura bonaerense. La ocupación del Estado con militantes que ensayó sobre el final de su mandato ha sido desmembrada, parcialmente, por el Gobierno. Los empresarios afines durante la década están en extinción o se dedican, sobre todo, a la protección de sus negocios. No hay un sólo gobernador pejotista que siga siendo incondicional. Al contrario, algunos gozan con el desquite. Esos dirigentes transan con Macri para aprobar el acuerdo con los fondos buitre simplemente porque necesitan dinero para sostener sus gestiones. Quedaron con las arcas exhaustas en la década ganada. Cristina carece de la billetera abultada del Estado. El látigo dejó de asustar.
Ese inocultable paisaje de malestar y rebeldía habría llevado a la ex presidenta a replantear su estrategia del regreso. Se había planeado para este mes pero surgieron la citación de Bonadio y el estado deliberativo del peronismo. Sus exégetas se ocupan de apuntar algo: su anterior omnipresencia tornaría ahora más visible e inconveniente el prolongado alejamiento. No alcanzaría con su participación en las redes sociales coordinada desde un pequeño estudio que montó en su residencia de El Calafate.
Esa ausencia provoca tranquilidad en el macrismo. Cristina en la arena podría representar un motivo de perturbación en el instante en que el Gobierno se encamina a dar su primer paso crucial: el acuerdo con los fondos buitre. Después deberá llegar, en serio, la lucha contra la inflación que trepa. Casi 8% en dos meses. La amenaza principal para la buena expectativa social que aún conserva Macri.
Aquella ausencia, sin embargo, se filtra entre los pliegues de Cambiemos. Carrió está convencida de misiones discretas en la Justicia de personeros de Macri tendientes a evitar una marea de acciones contra la ex presidenta. De hecho, el ingeniero no está de acuerdo con la citación de Bonadio. La diputada dice lo que otros callan por prudencia. El ministro Germán Garavano percibiría límites en su administración.
El hombre apuntado, en ambos casos, es Daniel Angelici. Abogado, presidente de Boca y del círculo chico de Macri. El dirigente hizo su defensa –”nunca nadie me vio reunido con un juez”, explicó– pero el mundo judicial conoce que uno de sus objetivos sería cubrir la Procuraduría General de la Nación, el día que Alejandra Gils Carbó se vaya. Posee como candidato a un fiscal que tuvo un papel activo luego de la muerte de Alberto Nisman.
Carrió presume, en cambio, que el objetivo de Angelici podría consistir en aletargar las causas sobre corrupción, en especial la de Hotesur, que amenazan a la ex presidenta. Cristina y su kirchnerismo han comenzado a armar ante tal eventualidad un cobijo político. Enlazan las denuncias contra la ex presidenta con la crisis de Brasil, donde a Lula le pidieron el arresto preventivo. Suponen que el líder del PT y dos veces presidente es sólo víctima de una persecución. Tal vez, cierta sobreactuación de la Justicia los ayuda. Nunca habrían reparado en la opinión de Noam Chomsky, el principal intelectual de la izquierda de EE.UU. que en octubre de 2015 (diario Perfil) describió: “El PT ha tenido éxitos pero la corrupción ha sido muy grande. El partido se desacreditó a sí mismo”. Omiten que la investigación por Petrobras –un formidable mecanismo de pago de coimas– arrancó en el 2014 y que la semana pasada se condenó a 19 años de prisión a uno de los empresarios de la construcción más poderosos de Brasil.
Detrás de Lula victimizan también a Evo Morales que recién perdió el plebiscito para la reelección indefinida. Su caso sería un tráfico de influencias y desórdenes de índole privado. También aparece Michelle Bachelet, que tiene involucrado a su hijo –a quien hizo renunciar del Gobierno– y a la nuera en un caso similar. La mandataria chilena, a diferencia de sus colegas, admitió el hecho y se autoinculpó por reaccionar con demora. El imaginario recorrido kirchnerista concluiría en la detención en Jujuy de la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala.
¿Qué hilo invisible y perverso podría estar uniendo esos casos? Un intento de desestabilización regional. Maquinado por un imperialismo impreciso. Hasta ligado, a lo mejor, con la próxima visita de Barack Obama. Cháchara antigua y corroída
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