Antes de 1990 los productos del agro no estaban gravados.
Por las diferencias en las alícuotas
aplicables a las compras y a las ventas, los créditos de IVA del
productor agropecuario son mayores a los débitos. El saldo a favor
muchas veces se vuelve permanente. Este problema, que afecta
exclusivamente al campo, no siempre existió. Desde febrero de 1990 está
gravada con IVA la actividad agropecuaria.
De 1983 a 1987 rigió en la Argentina un
régimen en el que se le permitía al productor utilizar sus créditos de
IVA para compensar con el pago de otros impuestos. Esto es lo que hoy
piden en el sector, la unificación de los saldos técnico y de libre
disponibilidad y su devolución automática o la posibilidad de aplicarlo a
otros tributos.
En el sistema de 1983, estaban exentas
de IVA todas las ventas de la actividad agropecuaria. Gran parte de los
productos primarios agropecuarios están destinados a la exportación. Con
aquel régimen, los exportadores evitaban la acumulación de saldos a
favor a reclamar al Estado, cuya devolución hoy tiene importantes
retrasos, provocando serios desbalances financieros.
Los tributaristas explican que el costo
fiscal de eliminar el IVA de los productos primarios agropecuarios sería
neutro en el caso de los que se destinan a exportación. "No tiene
sentido gravar con el IVA los granos y la hacienda. La ley prevé que la
AFIP debe devolverle el IVA al exportador. Es mucho más lógico gravar el
durazno en lata, la carne procesada o la milanesa de soja, que gravar
el producto en bruto que es lo que se exporta. Además, la población de
bajos recursos accedería a la fruta, verdura y carne sin pagar IVA",
dice Santiago Sáenz Valiente.
El constante saldo a favor de IVA es un
problema fiscal que aqueja al agro hace muchos años. La nuevas medidas
del Gobierno alivianaron la carga, pero el campo sigue siendo de los
sectores más perjudicados desde el punto de vista tributario. Según el
último informe publicado por la Fundación agropecuaria para el
desarrollo de Argentina (FADA), incluso con las medidas tomadas por el
nuevo gobierno, la participación del Estado en la renta agrícola es del
66,3 por ciento. Esto quiere decir que la sumatoria de los tributos
(provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación a la
soja) representan $66,30 de cada $100 que genera de renta una hectárea
promedio en Argentina.