Permitiría que esa tarea se haga con consenso de toda la cadena; hay reparos.
Bajo el paraguas de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, la cadena agropecuaria está negociando contra reloj un
sistema alternativo al de Monsanto para el control de su tecnología
Intacta en soja, resistente a insectos, por la cual reclama el pago de
un canon.
Hace unas semanas, luego de un mandato
de 22 organizaciones en su consejo directivo, la Bolsa empezó a convocar
a entidades gremiales del agro, exportadores, semilleros y acopiadores,
entre otros actores del negocio, para discutir una alternativa a lo que
se conoce como la "cláusula Monsanto". Se trata de un párrafo que se
incorpora en los contratos de compraventa de granos y permite a la
multinacional exigir una regalía si el productor que vendió el grano de
soja no le pagó antes, en la compra de la semilla, por esa tecnología.
Las entidades del campo se opusieron a
ese esquema, que empezó en el Norte y en la nueva campaña está listo
para generalizarse a la pampa húmeda. Lo consideraron "compulsivo" y de
obligar a exportadores y acopios a ser una especie de agentes de control
para el cobro en favor de la empresa.
Según contaron a LA NACION diversos
actores de la negociación, el nuevo sistema contempla que los análisis
sobre la soja lo realicen cámaras arbitrales, laboratorios y
probablemente también acopios y puertos.
En caso de que se detecte la tecnología
de Monsanto y el productor no la haya pagado o no pueda justificar su
procedencia, esa información irá al "sistema". Y ese "sistema" que
administraría la Bolsa después otorgará a la multinacional
estadounidense un certificado para que, llegado el caso, si no obtiene
el pago del productor, eventualmente le entable una demanda en las
cámaras arbitrales, espacios que sirven para dirimir conflictos entre
los actores.
"Apoyamos, en general, este sistema
porque nos parece un cambio respecto de lo actual. Se pasa de una
retención compulsiva a un sistema donde no va haber retención y el
productor va a tener derecho a defender su situación [en las cámaras
arbitrales]", dijo Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores.
"El sistema va a llevar una especie de
cuenta corriente de lo que el productor declaró [respecto del uso de la
tecnología] y efectivamente entregó", agregó.
"Se está buscando que este sistema salga
con el aval de todos antes de la nueva cosecha, donde podría generarse
un problema en la comercialización si no hay acuerdo antes", señaló un
operador comercial.
Además del respaldo "en general" de los
acopiadores, el régimen cuenta con el visto bueno de la industria
semillera. "Debemos intentar una solución que nos sirva a todos", dijo
Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos
(ASA).
En este contexto, en la multinacional
estadounidense señalaron: "Monsanto ya ha dicho que está abierto al
diálogo y a buscar el consenso y, teniendo en cuenta que la iniciativa
de la Bolsa va en ese sentido, Monsanto podría estar en condiciones de
sumarse".
En tanto, algunas entidades gremiales del agro anticiparon sus reparos en el ámbito de las negociaciones.
"Esto es un parche provisorio para
solucionar un tema que es la imposición de la cláusula de una empresa.
No vemos una evolución", afirmó Daniel Pelegrina, vicepresidente de la
Sociedad Rural Argentina (SRA).
Desde Coninagro, Egidio Mailland,
presidente, valoró que este tema se debata en el ámbito de la Bolsa de
Cereales. "Tiene algunos avances [el nuevo sistema], pero también hay
otros puntos que nos gustaría discutir, como el que habla del plus de
rinde y si se tributa o no sobre eso", advirtió.
Danza de valores. 15
dólares por tonelada fue lo que debía pagar el productor del Norte,
donde ya empezó el control de la tecnología, si no la abonaba en la
semilla.
7 dólares por tonelada era el precio para quien anticipaba la compra de la semilla.