Poder Ciudadano y ACIJ empezamos una campaña titulada “Que no te pongan
la camiseta”, en la cual nos pusimos a disposición de los empleados
públicos que sufren presiones de sus superiores para realizar
actividades partidarias durante el período electoral. El resultado de
las denuncias que estamos recabando es alarmante. Muchos de los
denunciantes llaman angustiados, lo que evidencia lo delicado de la
situación a la cual están siendo sometidos. A través de esos contactos
estamos reconstruyendo un escenario que no nos puede dejar de espantar
como ciudadanos que vemos en la presión a los empleados y al uso de
recursos públicos una práctica nefasta para un sistema democrático.
2015 ha sido un año de escasa actividad estatal en cada una de las jurisdicciones de nuestro país pues la energía y el tiempo han estado puestos al servicio de las campañas partidarias. Es un año récord en cuanto a la cantidad de actos eleccionarios. Muchos esfuerzos sigue costando la generación de transparencia en el proceso electoral; pelear para que quienes trabajan en el Estado continúen con sus tareas durante la campaña electoral es otro desafío.
Hemos recibido –y seguimos recibiendo- decenas de denuncias sobre este tipo de presiones. La mayoría de ellas corresponden a organismos del Estado Nacional mientras que un número inferior son de provincias, municipios y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (principalmente referidas a las PASO).
Entre varias formas de coerción de las cuales nos hemos enterado a través de la campaña podemos mencionar: sugerencias para realizar tareas dentro del horario laboral como repartir panfletos, caminatas junto a candidatos y uso distintivo de consignas partidarias; aportes monetarios forzosos para las campañas; obligaciones de firmar documentos de renuncia; traslados o amenazas de traslados en caso de no participar de las actividades organizadas por los funcionarios a cargo de las dependencias; jornadas de reflexión en horario laboral sobre los riesgos de que gane el candidato no oficialista; y empapelamiento de las paredes y folletería del candidato oficial en los escritorios de los empleados públicos.
Respecto de la situación dentro del Estado Nacional, se intenta justificar la situación bajo el argumento de que se está ante el riesgo de que un futuro gobierno de otro signo genere restricciones de derechos y un sometimiento de las minorías postergadas. Para defenderse de un peligro tan severo, continúa el argumento, hace falta utilizar todos los recursos al alcance. La historia contemporánea está llena de enseñanzas acerca del peligro de una visión en la que el fin justifica los medios. Conseguimos un Estado de Derecho justamente para evitar ese tipo de actitudes por lo que no queda más que censurar esas ideas.
Además de la gravedad de los hechos, del perjuicio social que generan y de la sensibilidad de la situación para quien se ve coercionado (un claro caso de abuso laboral), se evidencia una omisión de regulación específica que debería ser emprendida cuanto antes. Ésta debería incluir organismos autónomos que, además de controlar presten asistencia a las víctimas de estas actividades. Nunca está de más recordar que Estado, Gobierno y partido político son tres cosas distintas.
Ezequiel Nino
ACIJ
Pablo Secchi
Poder Ciudadano
2015 ha sido un año de escasa actividad estatal en cada una de las jurisdicciones de nuestro país pues la energía y el tiempo han estado puestos al servicio de las campañas partidarias. Es un año récord en cuanto a la cantidad de actos eleccionarios. Muchos esfuerzos sigue costando la generación de transparencia en el proceso electoral; pelear para que quienes trabajan en el Estado continúen con sus tareas durante la campaña electoral es otro desafío.
Hemos recibido –y seguimos recibiendo- decenas de denuncias sobre este tipo de presiones. La mayoría de ellas corresponden a organismos del Estado Nacional mientras que un número inferior son de provincias, municipios y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (principalmente referidas a las PASO).
Entre varias formas de coerción de las cuales nos hemos enterado a través de la campaña podemos mencionar: sugerencias para realizar tareas dentro del horario laboral como repartir panfletos, caminatas junto a candidatos y uso distintivo de consignas partidarias; aportes monetarios forzosos para las campañas; obligaciones de firmar documentos de renuncia; traslados o amenazas de traslados en caso de no participar de las actividades organizadas por los funcionarios a cargo de las dependencias; jornadas de reflexión en horario laboral sobre los riesgos de que gane el candidato no oficialista; y empapelamiento de las paredes y folletería del candidato oficial en los escritorios de los empleados públicos.
Respecto de la situación dentro del Estado Nacional, se intenta justificar la situación bajo el argumento de que se está ante el riesgo de que un futuro gobierno de otro signo genere restricciones de derechos y un sometimiento de las minorías postergadas. Para defenderse de un peligro tan severo, continúa el argumento, hace falta utilizar todos los recursos al alcance. La historia contemporánea está llena de enseñanzas acerca del peligro de una visión en la que el fin justifica los medios. Conseguimos un Estado de Derecho justamente para evitar ese tipo de actitudes por lo que no queda más que censurar esas ideas.
Además de la gravedad de los hechos, del perjuicio social que generan y de la sensibilidad de la situación para quien se ve coercionado (un claro caso de abuso laboral), se evidencia una omisión de regulación específica que debería ser emprendida cuanto antes. Ésta debería incluir organismos autónomos que, además de controlar presten asistencia a las víctimas de estas actividades. Nunca está de más recordar que Estado, Gobierno y partido político son tres cosas distintas.
Ezequiel Nino
ACIJ
Pablo Secchi
Poder Ciudadano