Con las señales adecuadas, la producción agrícola podría continuar dando impulso a la actividad económica. En el mediano plazo, existe gran margen para recuperar la producción de los cereales e incrementar sensiblemente las exportaciones de harina de trigo. En el corto, si bien la caída en la producción de la campaña 2015/16 parece ya inevitable, los elevados stocks acumulados no solamente podrían aportar un importante flujo de divisas, sino que continuarían impulsando la molienda de soja y trigo y llevando al crecimiento de la industria de alimentos y bebidas.
Fue en noviembre de 2007 cuando la resolución 396/07 ubicó la alícuota de derechos de exportación de la soja en un 35%, la más elevada desde mayo de 1989. A excepción del breve período en que se aplicaron las retenciones móviles, la misma se mantuvo sin cambios hasta la actualidad. Lo mismo ocurrió en el caso de otros productos agrícolas, para los que no solamente se mantuvieron las alícuotas de derechos de exportación sino que a su vez se aplicaron restricciones a la exportación que condujeron a una baja adicional en el precio interno.
Pero si el esquema tributario se mantuvo inalterado en los últimos ocho años, no ha ocurrido lo mismo con las condiciones macroeconómicas. En el momento en que se aplicó la alícuota de 35% a la exportación de soja, el precio de la oleaginosa en el mercado internacional rondaba los USD/TON 380, es decir, aproximadamente un 15% por encima de la cotización actual. Pero la principal diferencia radicaba en la política cambiaria: el tipo de cambio real multilateral en dicha fecha estaba en el mayor nivel de la última década y era un 83% superior al actual. Así, la elevada carga tributaria era compensada por la política de “tipo de cambio competitivo”, que beneficiaba al sector exportador.
De esta forma, la política sectorial de 2007, más allá de las consideraciones acerca del nivel “justo” u “óptimo” de derechos de exportación, resultaba una medida que ayudaba a evitar que el ingreso de dólares provenientes del complejo agropecuario apreciara la moneda local. En tal sentido, resultaba clave el manejo de las cuentas públicas, que mostraban un superávit primario (neto de transferencias excepcionales) en torno al 3,2% del PIB, y la política de esterilización del BCRA. Con el correr de los años, el resultado fiscal se revirtió, lo que llevó a que los derechos de exportación pasaran a tener como rol principal el financiamiento de los gastos del estado nacional. Si los productores pudieron mantener (y aumentar) sus niveles de producción, en gran parte se debió al aumento de los precios internacionales, que entre 2011 y mediados de 2014 promediaron más de USD/TON 510 en el caso de la soja.
Actualmente, parece difícil que el escenario externo continúe impulsando la actividad en el sector. Aunque la demanda continúe firme, las perspectivas de otra excelente campaña global, sumadas a una posible corrección de tasas por parte de la FED, mantendrían las cotizaciones de los principales granos de exportación en niveles bajos. El impulso entonces, deberá venir desde puertas adentro. El sector ya no se encuentra en condiciones de soportar la presión tributaria y el nivel de apreciación actual, lo que ha comenzado a influir negativamente en las decisiones de siembra: considerando los tres principales cultivos, el área implantada de esta campaña caería un 4,8%.
Existen motivos para ser optimistas en cuanto al cambio en la política sectorial. Por un lado, el discurso de ambos candidatos presidenciales coincide en cuanto a la necesidad de revisar las restricciones comerciales. Por otro lado, la necesidad de divisas obligará a dar señales positivas al sector, (cuyos stocks acumulados estimados se valúan en cerca de USD 7.000 millones) que podrían venir del lado de una reducción de la alícuota de derechos de exportación, posibilidad que ha sido deslizada incluso por algunos analistas económicos cercanos a Daniel Scioli. Sin embargo, las mayores dudas aparecen en lo que respecta a la política cambiaria, y, dado el atraso que muestra el tipo de cambio real, este se transforma en la variable más determinante. En este caso, dado el impacto que una corrección podría tener en otros sectores de la economía y en el poder adquisitivo de los asalariados, la magnitud y la velocidad del ajuste dependerán en gran medida de consideraciones políticas.
Con las señales adecuadas, la producción agrícola podría continuar dando impulso a la actividad económica. En el mediano plazo, existe gran margen para recuperar la producción de los cereales e incrementar sensiblemente las exportaciones de harina de trigo. En el corto, si bien la caída en la producción de la campaña 2015/16 parece ya inevitable, los elevados stocks acumulados no solamente podrían aportar un importante flujo de divisas, sino que continuarían impulsando la molienda de soja y trigo y llevando al crecimiento de la industria de alimentos y bebidas.
Así, el sector agrícola podría convertirse en el principal aliado del próximo gobierno, ayudando a aliviar posibles sobresaltos en materia cambiaria e impulsando la actividad industrial en un año que se avizora complicado para aquellos sectores que dependen del consumo interno. Todo dependerá de las medidas que se tomen en los primeros días de 2015. Lo que queda claro es que la situación sectorial y las condiciones macroeconómicas internas dejan cada vez menos margen para postergar las decisiones.
Fue en noviembre de 2007 cuando la resolución 396/07 ubicó la alícuota de derechos de exportación de la soja en un 35%, la más elevada desde mayo de 1989. A excepción del breve período en que se aplicaron las retenciones móviles, la misma se mantuvo sin cambios hasta la actualidad. Lo mismo ocurrió en el caso de otros productos agrícolas, para los que no solamente se mantuvieron las alícuotas de derechos de exportación sino que a su vez se aplicaron restricciones a la exportación que condujeron a una baja adicional en el precio interno.
Pero si el esquema tributario se mantuvo inalterado en los últimos ocho años, no ha ocurrido lo mismo con las condiciones macroeconómicas. En el momento en que se aplicó la alícuota de 35% a la exportación de soja, el precio de la oleaginosa en el mercado internacional rondaba los USD/TON 380, es decir, aproximadamente un 15% por encima de la cotización actual. Pero la principal diferencia radicaba en la política cambiaria: el tipo de cambio real multilateral en dicha fecha estaba en el mayor nivel de la última década y era un 83% superior al actual. Así, la elevada carga tributaria era compensada por la política de “tipo de cambio competitivo”, que beneficiaba al sector exportador.
De esta forma, la política sectorial de 2007, más allá de las consideraciones acerca del nivel “justo” u “óptimo” de derechos de exportación, resultaba una medida que ayudaba a evitar que el ingreso de dólares provenientes del complejo agropecuario apreciara la moneda local. En tal sentido, resultaba clave el manejo de las cuentas públicas, que mostraban un superávit primario (neto de transferencias excepcionales) en torno al 3,2% del PIB, y la política de esterilización del BCRA. Con el correr de los años, el resultado fiscal se revirtió, lo que llevó a que los derechos de exportación pasaran a tener como rol principal el financiamiento de los gastos del estado nacional. Si los productores pudieron mantener (y aumentar) sus niveles de producción, en gran parte se debió al aumento de los precios internacionales, que entre 2011 y mediados de 2014 promediaron más de USD/TON 510 en el caso de la soja.
Actualmente, parece difícil que el escenario externo continúe impulsando la actividad en el sector. Aunque la demanda continúe firme, las perspectivas de otra excelente campaña global, sumadas a una posible corrección de tasas por parte de la FED, mantendrían las cotizaciones de los principales granos de exportación en niveles bajos. El impulso entonces, deberá venir desde puertas adentro. El sector ya no se encuentra en condiciones de soportar la presión tributaria y el nivel de apreciación actual, lo que ha comenzado a influir negativamente en las decisiones de siembra: considerando los tres principales cultivos, el área implantada de esta campaña caería un 4,8%.
Existen motivos para ser optimistas en cuanto al cambio en la política sectorial. Por un lado, el discurso de ambos candidatos presidenciales coincide en cuanto a la necesidad de revisar las restricciones comerciales. Por otro lado, la necesidad de divisas obligará a dar señales positivas al sector, (cuyos stocks acumulados estimados se valúan en cerca de USD 7.000 millones) que podrían venir del lado de una reducción de la alícuota de derechos de exportación, posibilidad que ha sido deslizada incluso por algunos analistas económicos cercanos a Daniel Scioli. Sin embargo, las mayores dudas aparecen en lo que respecta a la política cambiaria, y, dado el atraso que muestra el tipo de cambio real, este se transforma en la variable más determinante. En este caso, dado el impacto que una corrección podría tener en otros sectores de la economía y en el poder adquisitivo de los asalariados, la magnitud y la velocidad del ajuste dependerán en gran medida de consideraciones políticas.
Con las señales adecuadas, la producción agrícola podría continuar dando impulso a la actividad económica. En el mediano plazo, existe gran margen para recuperar la producción de los cereales e incrementar sensiblemente las exportaciones de harina de trigo. En el corto, si bien la caída en la producción de la campaña 2015/16 parece ya inevitable, los elevados stocks acumulados no solamente podrían aportar un importante flujo de divisas, sino que continuarían impulsando la molienda de soja y trigo y llevando al crecimiento de la industria de alimentos y bebidas.
Así, el sector agrícola podría convertirse en el principal aliado del próximo gobierno, ayudando a aliviar posibles sobresaltos en materia cambiaria e impulsando la actividad industrial en un año que se avizora complicado para aquellos sectores que dependen del consumo interno. Todo dependerá de las medidas que se tomen en los primeros días de 2015. Lo que queda claro es que la situación sectorial y las condiciones macroeconómicas internas dejan cada vez menos margen para postergar las decisiones.