A poco menos de treinta días de concluir la gestión del actual Gobernador de la Provincia de Córdoba podemos reflejar, sintéticamente, la relación entre las Entidades gremiales representativas del sector agropecuario con el Dr. José Manuel de la Sota afirmando que se inició con un diálogo constante, respetuoso y constructivo; lamentablemente, remata en un silencio que desencanta, agobia y compromete.
La actual administración provincial mostró, hasta fines de 2014, una disposición al trabajo mancomunado para resolver situaciones preocupantes que valoramos y destacamos. A partir de ese momento, resultó infructuosa toda tratativa encaminada a reiniciar los encuentros. Entonces, se desdibuja y desencanta la tarea de quien publicitó, a lo largo y ancho del país, su relación con las Entidades del campo cordobés.
A la vez, sucesivamente, fueron discontinuándose - hasta el punto de desaparecer - las reuniones con los titulares de los distintos Ministerios y dependencias gubernamentales con los que antes manteníamos contacto. No obstante, una excepción hace a la regla: El responsable de asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de las actividades agropecuaria y alimentaria - Dr. Julián María López - jamás eludió sus compromisos. Tampoco los Secretarios de Agricultura y Ganadería.
Así, en el último de los cuatro años de mandato en el Ejecutivo Provincial, quedó en “nada” el compromiso del Dr. De la Sota de resolver, con su intervención personalísima, la problemática generada por la equívoca reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
En su propósito de hacer más eficiente la administración de los recursos del Estado, el Gobernador debió informar acabadamente respecto de la aplicación de los ingresos en concepto de Tasa Vial, Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, Fondo para Consorcios Canaleros y el Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas, en principio, porque asiste a los ciudadanos el derecho a estar informados; luego, para ayudarnos a comprender las razones del incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural anualidad 2016, al que anunciamos públicamente nuestro rechazo por mandato de los productores reunidos en asamblea y avalado por más de dos mil firmas.
Si la obra de los gasoductos no se llevó a cabo, si los Consorcios Camineros no perciben los montos comprometidos por la tarea de conservación de caminos que posibilita el traslado - desde su origen - de la producción de granos, lácteos, ganadería, frutihorticultura y todo lo relacionado con la producción agroalimentaria desde hace – en promedio - cuatro meses, si se omitió la declaración del estado de emergencia / desastre agropecuario en regiones seriamente comprometidas, si algunos Municipios y Comunas reclaman el canon oportunamente instituido ¿Por qué en la Unicameral el oficialismo de Unión por Córdoba, con el apoyo del Frente para la Victoria y del Frente Renovador aprobó, en primera lectura, la propuesta de Presupuesto 2016 sin más trámite? Desestimaron nuestras inquietudes y, sobre todo, la crítica situación que enfrenta el sector, que convierte en inviable el pago de impuestos, tasas y fondos específicos.
A la realidad socio-económica en general y la problemática del sector agroindustrial en particular se suman la falta de convocatoria, la no concreción de los compromisos y la nula respuesta a los pedidos de informes, conformando un “combo” que agobia a los productores, sin distinción de lugar, tamaño o calidad de su explotación y compromete tanto a la dirigencia gremial como a las autoridades electas a retomar el rumbo que nunca debió dejarse de lado.
Alejandro Ferrero - SRA. Marco A. Giraudo - CONINAGRO. José W. Manubens Calvet - CARTEZ.