Todavía nadie se anima a hablar en público a la espera de otros hechos concretos, pero es tema de conversación en los asados de remates y encuentros de productores puntanos, a quienes les preocupa el rápido trámite que tomó un proyecto de ley del gobierno nacional que habilitaría al Senasa, entre otras atribuciones, a tomar el control de los 19 centros ganaderos que funcionan en San Luis.
El portal www.directoriolegislativo.org publicó que sin debate alguno, el oficialismo logró en Diputados dictaminar la iniciativa del Poder Ejecutivo que declara de interés nacional la sanidad de los animales, los vegetales y el control de las enfermedades y que afecten la producción silvo agropecuaria. El proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que la oposición firmó en minoría, podría convertirse en ley el próximo 11 de noviembre.
El proyecto también fue objetado porque las fundaciones y entes locales de lucha sanitaria contra la aftosa podrían ser reemplazados eventualmente por organizaciones públicas municipales o provinciales.
El Senasa “promoverá la constitución de una red institucional con asociaciones civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades académicas, entes oficiales nacionales, provinciales y/o municipales, de carácter público, privado o mixto, previa firma del convenio respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y coordinada las acciones sanitarias y fitosanitarias (…) con el propósito de complementar su descentralización operativa”, dice el texto de la norma.
La preocupación en San Luis es que con esta norma el Senasa tome el control absoluto de todos los centros ganaderos y poder manejar la caja de cada uno de ellos, ya que será el encargado de fijar el valor arancelario.
Además, no contempla las diferentes condiciones en que se brindan los servicios en la provincia, lo cual generaría complicaciones financieras en aquellos centros que requieren más presupuesto para operar por encontrarse en zonas chicas y con complicaciones geográficas para la atención sanitaria.
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, estuvieron presentes el titular del Senasa, Diana Guillén y el Director de Asuntos Jurídicos, Alfredo Etcheverry, según reportó Directorio Legislativo.
El presidente de la comisión de Agricultura, Luis Basterra (FPV-PJ-Formosa) dio a conocer el recorrido del proyecto y destacó que en Senado había sido aprobado por unanimidad. A continuación, consultó por observaciones a la iniciativa, pero la oposición no se manifestó al respecto y el proyecto pasó a la firma.
Uno de los dictámenes de minoría elaborados por el diputado Gilberto Allegre (Frente Renovador-Buenos Aires) y otro por Juan Casañas (UCR-Tucuman) fue acompañado por los pares del PRO, UCR, Frente Renovador y Partido Socialista; mientras que UNEN, se abstuvo.
La declaración de orden público a todas las normas nacionales que refieran a sanidad -pero que no están definidas-, la declaración de servicio público y la potestad de que el Senasa fije los aranceles para el funcionamiento de los entes, eran los principales puntos cuestionados por la oposición.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser incluido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados prevista para después de las elecciones, el 11 de noviembre, donde el oficialismo, junto a sus habituales, podría convertirlo en ley.
Fuente: Diario El Semiárido.