Estamos todos en el mismo barco: por el desmantelamiento de la matriz agropecuaria argentina la industria ensambladora automotriz se quedó sin dólares para seguir operando
Declaraciones de la presidenta de Adefa.
El sector automotriz –entre muchos otros– existe gracias a las divisas aportadas por el campo. Pero los representantes de las terminales ensambladoras de vehículos parece que aún siguen sin enterarse de esa realidad.
“Ya no hay reservas”, dijo Isabela Costantini, presidenta de General Motors Argentina y de Adefa, en un artículo publicado hoy en Clarín. “Entendemos el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de querer darnos más, pero no nos puede dar más de lo que no hay”, añadió.
Costantini pasó la mayor parte del año reclamando al gobierno más dólares para poder seguir operando (lo mismo hicieron todos los demás dirigentes de los sectores consumidores de divisas). En julio pasado la ministra de Industria Débora Giorgi les prometió una suma de 283,9 millones de dólares mensuales (un 22% más de lo que venían recibiendo hasta entonces). Pero pocos meses después el BCRA terminó vaciado de dólares.
Es increíble que los dirigentes locales de la industria ensambladora automotriz no hayan todavía podido establecer ningún nexo entre el desmantelamiento de la matriz agroindustrial argentina y la crisis que atraviesa el sector que representan. Dos años atrás incluso llegaron a intentar boicotear el programa argentino de biocombustibles.
“Los cinturones de seguridad son un commodity donde la faja es la misma para todos los modelos. Sin embargo, no hay un proveedor local de cinturones de seguridad, cuando hay mínimo cuatro a cinco cinturones por auto”, reconoce Constantiti con sinceridad brutal.
La realidad es que, si escasean dólares, se podrían importar muchos más vehículos (y más modernos) con un régimen de libre comercio. La versión básica del Chevrolet Tracker 2015, que en Chile se puede adquirir a 18.800 dólares, en la Argentina cuesta 29.100 dólares (¡casi 55% más!). Mantener el verso del “valor agregado” nos sale carísimo a todos.
La única razón para mantener una industria tan poco competitiva son los empleos generados por el sector. Pero el hecho es que, si el subsidio millonario que empresas y consumidores argentinos transfieren todos los años a ese sector se destinara a producir bienes en los cuales somos realmente competitivos (fundamentalmente alimentos), esos empleos podrían ser dos o tres veces más que los actualmente generados por la industria automotriz. Y podrían ser muchos más si el desmantelamiento de las restricciones arancelarias para importar camionetas se aprovecharan para negociar –en el marco de un TLC– la exportación de alimentos sin aranceles a mercados complementarios (fundamentalmente asiáticos).
Ezequiel Tambornini
“Ya no hay reservas”, dijo Isabela Costantini, presidenta de General Motors Argentina y de Adefa, en un artículo publicado hoy en Clarín. “Entendemos el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de querer darnos más, pero no nos puede dar más de lo que no hay”, añadió.
Costantini pasó la mayor parte del año reclamando al gobierno más dólares para poder seguir operando (lo mismo hicieron todos los demás dirigentes de los sectores consumidores de divisas). En julio pasado la ministra de Industria Débora Giorgi les prometió una suma de 283,9 millones de dólares mensuales (un 22% más de lo que venían recibiendo hasta entonces). Pero pocos meses después el BCRA terminó vaciado de dólares.
Es increíble que los dirigentes locales de la industria ensambladora automotriz no hayan todavía podido establecer ningún nexo entre el desmantelamiento de la matriz agroindustrial argentina y la crisis que atraviesa el sector que representan. Dos años atrás incluso llegaron a intentar boicotear el programa argentino de biocombustibles.
“Los cinturones de seguridad son un commodity donde la faja es la misma para todos los modelos. Sin embargo, no hay un proveedor local de cinturones de seguridad, cuando hay mínimo cuatro a cinco cinturones por auto”, reconoce Constantiti con sinceridad brutal.
La realidad es que, si escasean dólares, se podrían importar muchos más vehículos (y más modernos) con un régimen de libre comercio. La versión básica del Chevrolet Tracker 2015, que en Chile se puede adquirir a 18.800 dólares, en la Argentina cuesta 29.100 dólares (¡casi 55% más!). Mantener el verso del “valor agregado” nos sale carísimo a todos.
La única razón para mantener una industria tan poco competitiva son los empleos generados por el sector. Pero el hecho es que, si el subsidio millonario que empresas y consumidores argentinos transfieren todos los años a ese sector se destinara a producir bienes en los cuales somos realmente competitivos (fundamentalmente alimentos), esos empleos podrían ser dos o tres veces más que los actualmente generados por la industria automotriz. Y podrían ser muchos más si el desmantelamiento de las restricciones arancelarias para importar camionetas se aprovecharan para negociar –en el marco de un TLC– la exportación de alimentos sin aranceles a mercados complementarios (fundamentalmente asiáticos).
Ezequiel Tambornini