En el marco del proyecto de ley de envases
vacíos de fitosanitarios, impulsado por el Poder Ejecutivo y que está
en estudio de esa Cámara, el senador Fernando “Pino” Solanas,
presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
organizó un encuentro para cuestionar el modelo del “agronegocio” con
la utilización de químicos.
El anfitrión de la jornada, el senador Fernando Solanas, señaló que los “delitos ambientales empiezan a verse con el tiempo” y destacó la importancia de debatir sobre “grandes temas”. El legislador opositor reconoció que no cuenta con la autoridad suficiente “para imponer la agenda”, pero adhiere a la encíclica del Papa Francisco y “a las asambleas ambientales que están despertando la conciencia social”.
A continuación, destacó que uno de los puntos más críticos son las “consecuencias para la salud sobre el modelo agrario a gran escala y la utilización creciente del agrotóxico”. “El diablo se muerde la cola porque al chacarero no le cierra la factura y no cuenta para él los daños colaterales”, apuntó Solanas.
Tras su apertura, tomó la palabra el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien informó sobre algunas conclusiones basadas en las auditorías y afirmó que el panorama es “desolador”. Cuestionó que el Estado no realiza ningún relevamiento sobre la cantidad y calidad de los agroquímicos que se utilizan y “no se ha exigido el principio precautorio” en este sentido. Además, lamentó que no haya una ley de presupuestos mínimos para el tratamiento del suelo y afirmó que hay un “Estado que actúa en contra de la ciudadanía”.
A su turno, Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba, trajo a colación un estudio de caso sobre Monte Maíz, un pueblo de 8.000 habitantes de la provincia de Córdoba, en el que se analizó la salud de la población y el estado del medioambiente. Los resultados de la investigación “revelaron que la enfermedad más grave de Monte Maíz es el cáncer pero el gobierno de Córdoba oculta esta información”, afirmó. En este sentido, aseguró que las pruebas científicas del glifosato “han demostrado que produce cáncer, ya que produce una ruptura en las cadenas de ADN” y este municipio “es una de las zonas de mayor producción de soja, y la gente se muere de cáncer”, sentenció.
El ex funcionario de Coronel Suárez, Emanuel Garrido, se basó en el caso de las escuelas fumigadas y su experiencia con estas afecciones en niños. Y sostuvo que esta ley de envases, que horas antes se discutió en una reunión de asesores de la comisión de Ambiente “es una mentira” que esta normativa sea “un pasito intermedio”. Y reiteró que el Estado debería “reconocer que ésto está pasando”.
Por su parte, Damián Marino -químico e investigador del Conicet- expuso acerca de la dinámica medioambiental de los “plaguicidas” desde un punto de vista técnico. Y sugirió la creación de una agencia nacional de plaguicidas para generar políticas públicas y que se genere un banco de datos, monitoreos y estadísticas.
El último expositor, Damián Verzeñassi, médico y co-responsable de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, respaldó las ponencias anteriores con informes de incidencia anuales relacionadas con el cáncer y criticó el financiamiento, por parte del Gobierno, a la “producción del glifosato”.
El anfitrión de la jornada, el senador Fernando Solanas, señaló que los “delitos ambientales empiezan a verse con el tiempo” y destacó la importancia de debatir sobre “grandes temas”. El legislador opositor reconoció que no cuenta con la autoridad suficiente “para imponer la agenda”, pero adhiere a la encíclica del Papa Francisco y “a las asambleas ambientales que están despertando la conciencia social”.
A continuación, destacó que uno de los puntos más críticos son las “consecuencias para la salud sobre el modelo agrario a gran escala y la utilización creciente del agrotóxico”. “El diablo se muerde la cola porque al chacarero no le cierra la factura y no cuenta para él los daños colaterales”, apuntó Solanas.
Tras su apertura, tomó la palabra el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien informó sobre algunas conclusiones basadas en las auditorías y afirmó que el panorama es “desolador”. Cuestionó que el Estado no realiza ningún relevamiento sobre la cantidad y calidad de los agroquímicos que se utilizan y “no se ha exigido el principio precautorio” en este sentido. Además, lamentó que no haya una ley de presupuestos mínimos para el tratamiento del suelo y afirmó que hay un “Estado que actúa en contra de la ciudadanía”.
A su turno, Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba, trajo a colación un estudio de caso sobre Monte Maíz, un pueblo de 8.000 habitantes de la provincia de Córdoba, en el que se analizó la salud de la población y el estado del medioambiente. Los resultados de la investigación “revelaron que la enfermedad más grave de Monte Maíz es el cáncer pero el gobierno de Córdoba oculta esta información”, afirmó. En este sentido, aseguró que las pruebas científicas del glifosato “han demostrado que produce cáncer, ya que produce una ruptura en las cadenas de ADN” y este municipio “es una de las zonas de mayor producción de soja, y la gente se muere de cáncer”, sentenció.
El ex funcionario de Coronel Suárez, Emanuel Garrido, se basó en el caso de las escuelas fumigadas y su experiencia con estas afecciones en niños. Y sostuvo que esta ley de envases, que horas antes se discutió en una reunión de asesores de la comisión de Ambiente “es una mentira” que esta normativa sea “un pasito intermedio”. Y reiteró que el Estado debería “reconocer que ésto está pasando”.
Por su parte, Damián Marino -químico e investigador del Conicet- expuso acerca de la dinámica medioambiental de los “plaguicidas” desde un punto de vista técnico. Y sugirió la creación de una agencia nacional de plaguicidas para generar políticas públicas y que se genere un banco de datos, monitoreos y estadísticas.
El último expositor, Damián Verzeñassi, médico y co-responsable de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, respaldó las ponencias anteriores con informes de incidencia anuales relacionadas con el cáncer y criticó el financiamiento, por parte del Gobierno, a la “producción del glifosato”.