A partir de los 330 kilómetros del puerto, la geografía económica del agro comienza a trazar unos límites muy incómodos y preocupantes.
Con
la campaña de siembra de granos gruesos encima, la geografía económica
del agro comienza a trazar unos límites muy incómodos y preocupantes.
La demostración gremial de la semana anterior, con cese comercial y
“controles” de cargas marcó los diferentes grados de inquietud en ese
entramado, con una primera conclusión: en el Gobierno nacional tomaron
nota del reclamo, en función del siguiente dato: el ministro Kicillof
llamó a conferencia de prensa para anunciar algunas medidas a favor de
las zonas inundadas. Y, por otra cuerda, el gobernador y candidato
presidencial Daniel Scioli llamó a reunión a la mesa agropecuaria
bonaerense. Tibias señales pero señales al fin, según leyeron en las
cúpulas rurales.La semana próxima harán un balance; las gremiales del agro consideran que “un paro suelto” no serviría, que las medidas deben continuar. Se evalúa la oportunidad de un tractorazo o camionetazo en Buenos Aires o una “verdulería” en la Plaza de Mayo, sin molestar el tránsito o a los vecinos.
En Córdoba, quienes se ven al oeste de la ruta 158 –a partir de los 330 kilómetros de puerto–, advierten que los números del maíz y de la soja están con ecuaciones negativas.
En esa frontera para nada imaginaria, los reclamos se manifestaron con más energía durante el cese comercial promovido por CRA, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina durante la semana anterior. No fue casualidad que en esos bordes de la competitividad los piquetes estuvieran más activos.
Se acercan las elecciones y las siembras, y los inversores y productores agrícolas deben salir en busca de semillas y combustible, dos rubros centrales en la grilla de costos. En los 330 kilómetros de puerto, como puede ser la zona de Río Tercero, se necesitan cuatro camiones de maíz o 65 mil pesos en efectivo para adquirir cinco mil litros de gasoil.
Para una tonelada de urea, se requieren 600 dólares; y los montos se multiplican rápidamente. En un acopladito con seis toneladas de este nutriente se van entre 36 mil y 40 mil pesos, para cubrir entre 25 y 40 hectáreas, dependiendo de la aplicación.
Cuando la superficie a cubrir se eleva por encima de las 250 hectáreas, la necesidad de financiamiento se expande. Quienes quedaron con deudas se ven complicados. En una refinanciación en banca oficial, la deuda se corre pero a la vez achica la cartera para un nuevo crédito. Aun así, sin rentabilidad, todos los instrumentos se vuelven caros y muy riesgosos.
Junto con estas preocupaciones, la expectativa en el sector es si habrá continuidad o cambios en un modelo que lo ha condicionado fuertemente. “Quienes deciden son los votantes, y habría que ver si lo que manifestamos y explicamos alcanza”, se escucha en esta vereda. Y así, si el Gobierno tomó nota de lo que pasa y de los reclamos, el interrogantes es si dará el siguiente paso de las decisiones.