El conflicto entre el Gobierno y el campo deterioró la relación de la provincia con la Casa Rosada. El recorte de fondos y obras fue uno de sus peores legados.
Aceptar las retenciones móviles sobre los granos a cambio de más obras era la primera postura del Gobierno cordobés ante el sorpresivo anuncio de la resolución 125. Así rezaba la noticia conocida tras un apresurado viaje a Buenos Aires de Roberto Avalle, ministro de Juan Schiaretti, el jueves 13 de marzo de 2008.
En la Unión Industrial de Córdoba, preferían guardar silencio sobre el manotazo fiscal al campo lanzado en la noche del martes 11. Martín Lousteau, ministro de Cristina Fernández, había convocado a las provincias para que prestaran adhesión al controvertido mecanismo económico. Córdoba resignaría 700 millones de dólares en esa campaña, producto de la nueva ingeniería fiscal sobre la soja.
Tiempo después, con el correr de una resistencia que cosechaba cada día mayor adhesión, el Gobierno cordobés fue despegándose, sin romper lanzas con el poder central. Una incómoda posición, producto de una elevada dependencia financiera de la Provincia respecto de la Nación, inclinó a Schiaretti a gestionar una mesa negociadora para desactivar el enfrentamiento y, de paso, pedir más recursos federales.
Como aliado económico y político internacional, Cristina Fernández contaba con Hugo Chávez, a quien visitó en Caracas para sellar el intercambio de alimentos y maquinaria agrícola por fuel venezolano. El petróleo en 107 dólares el barril y la soja orillando los 500 dólares en Chicago armaban un combo poderoso.
Otro Hugo, Moyano, también aliado de CFK por ese entonces, cuestionaba el “paro salvaje” de los chacareros y mandaba a algunos de sus camioneros a pelearse en la ruta con los “autoconvocados” y compañeros entrerrianos de Alfredo De Ángeli.RELACIONADAS
Pocos días antes de la 125, Cristina estrenaba sus primeros 100 días con la apertura de sesiones en el Congreso. Los precios máximos de cortes de carne de Guillermo Moreno, que no se conseguían en el súper, y la escasez de combustible los fines de semana, eran un clásico.
Cristina prometía bajar la pobreza del 23,4 por ciento a un dígito y llevar la desocupación del 7,5 al cinco por ciento; también seguir con la “política de desendeudamiento” y abordar el problema de la energía.
El “acuerdo del Bicentenario”, uno de los ejes en el mensaje al Congreso el 1 de marzo, saltaría por los aires pocos días después. Lousteau argumentaba ante la burguesía más fuerte del país que “gracias a las retenciones tienen gasoil barato y un tipo de cambio alto y competitivo”.
La renta “extraordinaria” y la agflation (inflación derivada de los altos precios agrícolas internacionales) daban fundamento a cupos, cepos, compensaciones y controles de precios. La primera protesta del agro había sido en 2006, cuando Néstor Kirchner suspendió transitoriamente las exportaciones de carne.
El “mercado negro de precios” y en algunos casos el desabastecimiento hacían de las suyas. También las corruptelas público-privadas para sortear esas reglas y aprovecharse de ellas.
La política de captura de rentas fue el punto inicial de la ruptura con el “modelo”. Entre las consecuencias, se deterioró la relación de la Casa Rosada con la Provincia. Córdoba padeció el recorte de fondos y de obras de infraestructura, uno de los legados del prolongado conflicto.
Aceptar las retenciones móviles sobre los granos a cambio de más obras era la primera postura del Gobierno cordobés ante el sorpresivo anuncio de la resolución 125. Así rezaba la noticia conocida tras un apresurado viaje a Buenos Aires de Roberto Avalle, ministro de Juan Schiaretti, el jueves 13 de marzo de 2008.
En la Unión Industrial de Córdoba, preferían guardar silencio sobre el manotazo fiscal al campo lanzado en la noche del martes 11. Martín Lousteau, ministro de Cristina Fernández, había convocado a las provincias para que prestaran adhesión al controvertido mecanismo económico. Córdoba resignaría 700 millones de dólares en esa campaña, producto de la nueva ingeniería fiscal sobre la soja.
Tiempo después, con el correr de una resistencia que cosechaba cada día mayor adhesión, el Gobierno cordobés fue despegándose, sin romper lanzas con el poder central. Una incómoda posición, producto de una elevada dependencia financiera de la Provincia respecto de la Nación, inclinó a Schiaretti a gestionar una mesa negociadora para desactivar el enfrentamiento y, de paso, pedir más recursos federales.
Como aliado económico y político internacional, Cristina Fernández contaba con Hugo Chávez, a quien visitó en Caracas para sellar el intercambio de alimentos y maquinaria agrícola por fuel venezolano. El petróleo en 107 dólares el barril y la soja orillando los 500 dólares en Chicago armaban un combo poderoso.
Otro Hugo, Moyano, también aliado de CFK por ese entonces, cuestionaba el “paro salvaje” de los chacareros y mandaba a algunos de sus camioneros a pelearse en la ruta con los “autoconvocados” y compañeros entrerrianos de Alfredo De Ángeli.RELACIONADAS
Pocos días antes de la 125, Cristina estrenaba sus primeros 100 días con la apertura de sesiones en el Congreso. Los precios máximos de cortes de carne de Guillermo Moreno, que no se conseguían en el súper, y la escasez de combustible los fines de semana, eran un clásico.
Cristina prometía bajar la pobreza del 23,4 por ciento a un dígito y llevar la desocupación del 7,5 al cinco por ciento; también seguir con la “política de desendeudamiento” y abordar el problema de la energía.
El “acuerdo del Bicentenario”, uno de los ejes en el mensaje al Congreso el 1 de marzo, saltaría por los aires pocos días después. Lousteau argumentaba ante la burguesía más fuerte del país que “gracias a las retenciones tienen gasoil barato y un tipo de cambio alto y competitivo”.
La renta “extraordinaria” y la agflation (inflación derivada de los altos precios agrícolas internacionales) daban fundamento a cupos, cepos, compensaciones y controles de precios. La primera protesta del agro había sido en 2006, cuando Néstor Kirchner suspendió transitoriamente las exportaciones de carne.
El “mercado negro de precios” y en algunos casos el desabastecimiento hacían de las suyas. También las corruptelas público-privadas para sortear esas reglas y aprovecharse de ellas.
La política de captura de rentas fue el punto inicial de la ruptura con el “modelo”. Entre las consecuencias, se deterioró la relación de la Casa Rosada con la Provincia. Córdoba padeció el recorte de fondos y de obras de infraestructura, uno de los legados del prolongado conflicto.