10 de marzo de 2018 • 10:20
"Siempre dicen que van a protestar y después no va nadie, deberían aprender de los agricultores franceses que llenan París con tractores cuando tienen un reclamo", decía un secretario de Redacción de LA NACION cuando le avisábamos que la Mesa de Enlace iba a organizar un acto de protesta en San Pedro en contra de la resolución 125 que el gobierno de Cristina Kirchner había anunciado un día antes.
La reacción del experimentado editor remitía a una imagen extendida entre no pocos circulos de poder: el campo se quejaba de las exacciones que los diferentes gobiernos hacían a la actividad, pero nunca lograba reaccionar y hacerse visible en la opinión pública. Una sensación parecida tenía el por entonces naciente gobierno de la presidenta Kirchner. En noviembre de 2007, su esposo, Néstor, había aumentado los derechos de exportación de la soja del 27,5 al 35% y las quejas no pasaron de los habituales comunicados de las entidades gremiales. Días antes del 11 de marzo de 2008, solo la Federación Agraria Argentina había comenzado a convocar manifestaciones en las terminales portuarias del Gran Rosario en contra de la intervención al mercado de trigo que ordenó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sin firmar un papel, a fuerza de telefonazos, el poderoso funcionario lograba que los exportadores no pagaran más de $250 por tonelada del cereal. Pero no eran muchos los que se quejaban.
La 125 superó el umbral de tolerancia del campo, que ya había comenzado a padecer el intervencionismo del Estado mediante la presión impositiva y los controles al comercio en la carne, los lácteos y los granos. Es que no solo era un simple aumento de los derechos de exportación sino que se establecía un mecanismo por el cual si el precio de la soja superaba determinado límite, el Estado se quedaba con el 95% de la renta. La reacción fue contra ese intento de despojo.
El kirchnerismo, en vez de dialogar, se aferró a los viejos manuales de la década del setenta y quiso ver en esa rebelión a la corporización de la "oligarquía" y de los "intereses concentrados" a los cuales había que quitarles la renta. Nunca se dio cuenta, ni antes ni después, que se trataba un sector desconcentrado, diverso -con productores de diferentes escalas-, integrado en sus lugares de origen y acostumbrado a competir sin la tutela del Estado. Ese kirchnerismo, volcado a reescribir la historia a su voluntad, ni siquiera había tenido en cuenta la autocrítica que hizo el propio Perón cuando regresó al país. El ex presidente, en una célebre entrevista televisiva en 1972, había reconocido que él había "sofrenado" al campo en su primer mandato, pero ahora había que apoyar la producción agropecuaria ya que el mundo iba a demandar alimentos en el futuro. Y a sus entrevistados les explicaba que había un cultivo de propiedades invalorables y que era poco conocido en la Argentina: la soja (en rigor dijo "soya"). "Lo van a aplaudir de la Sociedad Rural", le respondió Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, uno de los periodistas que lo entrevistaba.
Esa tozudez del kirchnerismo se prolongó tras el fracaso de la 125. Montó un esquema de control del comercio agropecuario que le hizo perder al país miles de millones de dólares. Mediante los ROE, los cupos a las exportaciones de maíz y trigo y una maraña de controles se desaprovechó una coyuntura económica favorable, marcada por precios internacionales récord de los productos que exportaba la Argentina. Así también benefició a los países competidores que ganaron mercados para su producción. Ganaderos e industriales de Paraguay, Uruguay y Brasil deben estar hoy agradecidos con Cristina Kirchner y Moreno.
A esa verdadera política anticampo se suman los casi 100.000 millones de dólares que se calcula el Estado recaudó por retenciones al complejo agroalimentario, que jamás volvieron a sus lugares de origen en forma de infraestructura, seguridad, educación o salud.
En esa fiesta del populismo, que tuvo como emblema la "defensa de la mesa de los argentinos", ni los consumidores -que tampoco tuvieron acceso a alimentos baratos- ni los productores salieron beneficiados. En vez de fomentar la competencia, el kirchnerismo prefería negociar con las pocas empresas que manejaban los mercados.
Es ese populismo el que todavía no se puede desarmar pese a los avances que hubo en los últimos dos años. Se refleja en la persistencia de las retenciones a la soja que, pese a la baja gradual, se mantendrán en un 18% a fines del año próximo.
"Siempre dicen que van a protestar y después no va nadie, deberían aprender de los agricultores franceses que llenan París con tractores cuando tienen un reclamo", decía un secretario de Redacción de LA NACION cuando le avisábamos que la Mesa de Enlace iba a organizar un acto de protesta en San Pedro en contra de la resolución 125 que el gobierno de Cristina Kirchner había anunciado un día antes.
La reacción del experimentado editor remitía a una imagen extendida entre no pocos circulos de poder: el campo se quejaba de las exacciones que los diferentes gobiernos hacían a la actividad, pero nunca lograba reaccionar y hacerse visible en la opinión pública. Una sensación parecida tenía el por entonces naciente gobierno de la presidenta Kirchner. En noviembre de 2007, su esposo, Néstor, había aumentado los derechos de exportación de la soja del 27,5 al 35% y las quejas no pasaron de los habituales comunicados de las entidades gremiales. Días antes del 11 de marzo de 2008, solo la Federación Agraria Argentina había comenzado a convocar manifestaciones en las terminales portuarias del Gran Rosario en contra de la intervención al mercado de trigo que ordenó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sin firmar un papel, a fuerza de telefonazos, el poderoso funcionario lograba que los exportadores no pagaran más de $250 por tonelada del cereal. Pero no eran muchos los que se quejaban.
La 125 superó el umbral de tolerancia del campo, que ya había comenzado a padecer el intervencionismo del Estado mediante la presión impositiva y los controles al comercio en la carne, los lácteos y los granos. Es que no solo era un simple aumento de los derechos de exportación sino que se establecía un mecanismo por el cual si el precio de la soja superaba determinado límite, el Estado se quedaba con el 95% de la renta. La reacción fue contra ese intento de despojo.
El kirchnerismo, en vez de dialogar, se aferró a los viejos manuales de la década del setenta y quiso ver en esa rebelión a la corporización de la "oligarquía" y de los "intereses concentrados" a los cuales había que quitarles la renta. Nunca se dio cuenta, ni antes ni después, que se trataba un sector desconcentrado, diverso -con productores de diferentes escalas-, integrado en sus lugares de origen y acostumbrado a competir sin la tutela del Estado. Ese kirchnerismo, volcado a reescribir la historia a su voluntad, ni siquiera había tenido en cuenta la autocrítica que hizo el propio Perón cuando regresó al país. El ex presidente, en una célebre entrevista televisiva en 1972, había reconocido que él había "sofrenado" al campo en su primer mandato, pero ahora había que apoyar la producción agropecuaria ya que el mundo iba a demandar alimentos en el futuro. Y a sus entrevistados les explicaba que había un cultivo de propiedades invalorables y que era poco conocido en la Argentina: la soja (en rigor dijo "soya"). "Lo van a aplaudir de la Sociedad Rural", le respondió Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, uno de los periodistas que lo entrevistaba.
Esa tozudez del kirchnerismo se prolongó tras el fracaso de la 125. Montó un esquema de control del comercio agropecuario que le hizo perder al país miles de millones de dólares. Mediante los ROE, los cupos a las exportaciones de maíz y trigo y una maraña de controles se desaprovechó una coyuntura económica favorable, marcada por precios internacionales récord de los productos que exportaba la Argentina. Así también benefició a los países competidores que ganaron mercados para su producción. Ganaderos e industriales de Paraguay, Uruguay y Brasil deben estar hoy agradecidos con Cristina Kirchner y Moreno.
A esa verdadera política anticampo se suman los casi 100.000 millones de dólares que se calcula el Estado recaudó por retenciones al complejo agroalimentario, que jamás volvieron a sus lugares de origen en forma de infraestructura, seguridad, educación o salud.
En esa fiesta del populismo, que tuvo como emblema la "defensa de la mesa de los argentinos", ni los consumidores -que tampoco tuvieron acceso a alimentos baratos- ni los productores salieron beneficiados. En vez de fomentar la competencia, el kirchnerismo prefería negociar con las pocas empresas que manejaban los mercados.
Es ese populismo el que todavía no se puede desarmar pese a los avances que hubo en los últimos dos años. Se refleja en la persistencia de las retenciones a la soja que, pese a la baja gradual, se mantendrán en un 18% a fines del año próximo.