La tormenta política de finales de año ha castigado al oficialismo y a la oposición. Tres aspectos sobresalen al respecto. Primero, se acentúa la pugna acerca del significado de la soberanía popular. Para unos, el pueblo se expresa por medio de las instituciones establecidas por la Constitución Nacional: un pueblo de ciudadanos, abierto y plural, dirime sus disensos a través del régimen representativo y republicano.
Para otros, el valor del pueblo se prueba en la calle mediante la capacidad de movilización de los militantes que controlan el espacio público: un pueblo esencial y homogéneo busca de este modo a su intérprete unificante.
Esta cuestión no está resuelta entre nosotros debido a estos choques ideológicos y a las desigualdades que revelan necesidades insatisfechas concomitantes con la fragilidad de la economía: ¿en qué medida, pues, la democracia republicana y representativa podrá forjar una sociedad más equitativa en la cual el crecimiento económico coincida con una mejora sostenible en la distribución del ingreso? Es lo que no pudimos resolver durante más de treinta años. Si no logramos torcer esta tendencia, es posible que ganen fuerza el otro lado del revanchismo y los que apuestan a la política de lo peor.
El segundo aspecto de esta contienda destaca las malformaciones fiscales de nuestro federalismo. Los tira y afloje del Poder Ejecutivo con los gobernadores, los senadores y los diputados, pusieron al rojo vivo el contraste entre Buenos Aires y el resto del país, y el desequilibrio que, en esta materia, nos aqueja desde hace doscientos años.
En 1817, decía Antonio Sáenz, uno de los padres de la Independencia en el Congreso de Tucumán: "Los pueblos (provincias en el lenguaje actual) quieren repartirse con perfecta igualdad las ventajas de la libertad, pero no quieran contribuir con las cargas necesarias". Cien años más tarde, un publicista español de visita en la Argentina, Adolfo Posada, comprobaba que un Estado federal requiere "cierto equilibrio de fuerzas, que si se rompe, ha de ser en la proporción en que Prusia rompe el equilibrio alemán, no en la proporción en que la Capital Buenos Aires rompe, por el momento, el equilibrio argentino".
Parece que a principios de este siglo estamos en la misma. Cámbiese la denominación Capital por provincia de Buenos Aires y veremos que la puja por contribuir con las "cargas necesarias" se mantiene tan vigorosa como antaño. Esa puja se acrecienta cuando el oficialismo está en minoría en el Congreso y se ve obligado a practicar un federalismo de concertación en lugar de aplicar, como ocurrió en otras oportunidades, un federalismo de imposición.
En este escenario se ubicaron, por un lado, una dominante provincia de Buenos Aires en términos electorales, demográficos y económicos que, sin embargo, carecía de sustento fiscal y, por otro, un conjunto de provincias chicas y medianas que dependen de los recursos de la coparticipación. El debate en el Congreso tuvo en mira ese desequilibrio y, más allá de las concesiones que hubo que hacer, la provincia de Buenos Aires recuperó una parte del dinero que había perdido previamente con el congelamiento de los fondos correspondientes al conurbano.
Esa transferencia de recursos es vital para ganar elecciones. El largo predominio del peronismo se explica por la conjunción que este movimiento pudo efectuar entre el electorado bonaerense y el poder igualitario de los distritos chicos en el Senado, por añadidura sobrerrepresentados en Diputados. Esta fue la base de dos líderes hegemónicos de provincias chicas ?Menem y Kirchner? que, apuntalados por la masa bonaerense, llegaron desde la periferia al centro de la autoridad presidencial.
Cambiemos rompió en 2015 esa columna vertebral al sumar la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal y respaldar ese logro con unas pocas gobernaciones. En octubre del año pasado se reafirmó ese esquema sin alcanzar la mayoría en el Congreso. El triunfalismo que acompañó a las autoridades y a sectores de la opinión pública no debe ocultar esta falencia. El régimen de representación proporcional y la composición de un Senado que se renueva por tercios hace que el poder institucional, a disposición del Gobierno, sea más endeble que el apoyo obtenido en las urnas.
Por fin, el tercer aspecto de los episodios de fin de año remite a las estrategias en juego. El Gobierno, en efecto, procuró rematar la victoria electoral de octubre con una estrategia legislativa de aproximación directa en el Congreso. Tal vez por el envión del éxito, el oficialismo optó por esta estrategia para desatar algunos nudos fiscales. Atacaron de frente y en conjunto para poner en marcha lo que denominan reformismo permanente.
Con desgarros la estrategia funcionó, pagando un precio muy alto en cuanto a imagen y expectativas. Habrá que ver como éstas se recomponen. Mientras tanto, convendría adoptar una estrategia de aproximación indirecta en el Congreso, que desglose los temas a tratar y vaya paso a paso. A veces es más prudente rodear que embestir.
Por lo visto, un triunfo que arraigue exclusivamente en expectativas volcadas hacia el futuro (se votó a Cambiemos con esa apuesta) ya no es suficiente. Ahora se presenta la oportunidad de consolidar una legitimidad de resultados en el campo económico-social porque, cuando las expectativas no se satisfacen, la frustración asoma. Por eso, la calidad de la gobernanza en la megalópolis del Conurbano y la coordinación de las variables macroeconómicas en el orden nacional marcarán el paso de la agenda de 2018.
Dos atributos insoslayables. En este siglo, los carismas sin efectos tangibles en la inversión pública o en el manejo de la macroeconomía podrían frenarse. Una oposición huérfana de alternativas y la atmósfera de corrupción que envuelve al kirchnerismo y al sindicalismo servirían, en tal sentido, de amortiguador, pero esos vicios deben contrastarse en toda ocasión con la virtud republicana del buen gobierno.
( * ) Historiador y politólogo.