Los argentinos con conocimientos y trabajo organizado nos hemos convertido en protagonistas. Producimos diez veces más de lo que consumimos como país, y así exportamos los frutos de la ciencia y el campo. Las divisas más importantes que entran a la Argentina son las del complejo tecnológico productivo agroindustrial, lo que nos sitúa en este rubro dentro de los 10 países con una participación superior al 10% en términos de PBI anual, ocupamos el tercer lugar en el mundo entre los países con más cultivos transgénicos, y pertenecemos a un reducido grupo que posee conocimientos, tecnologías e innovaciones biológicas de primer nivel.
La mayor productividad agrícola se apoya en la investigación agronómica, el mejoramiento genético y la biotecnología llevada adelante por empresas nacionales y extranjeras. Se suman a este esfuerzo organismos públicos como el INTA, el Conicet y algunas universidades.
Cuando un productor adquiere semillas para realizar su siembra, también paga el desarrollo tecnológico incorporado. La regalía es el pago que realiza el productor a los desarrolladores de la genética en reconocimiento de la propiedad intelectual incorporada.
De esta manera, los productores agropecuarios hacen uso de los beneficios de la mejora genética apostando a paquetes tecnológicos con semillas superiores. Se incrementan los rendimientos y mejoran las calidades de lo producido. Son simientes que se han logrado tras años de investigación, en las que se han hecho cruzas y selecciones, y en algunos casos además se introdujeron genes de otras especies.
Actualmente existen en nuestro país 166 empresas dedicadas a este negocio: 107 empresas privadas argentinas, 24 extranjeras, 26 estatales y 9 cooperativas. La legislación vigente es obsoleta y permite que muchos productores no paguen regalías.
Este escenario genera que las empresas nacionales de menor capital no puedan sostener la investigación y producción de semillas. Resulta primordial encontrar una urgente solución a este problema, dado que estamos ante el riesgo de que esta industria quede exclusivamente en manos de empresas extranjeras.
Esta realidad se ve con particular relevancia en los cultivos de trigo y soja: debido al abuso cometido bajo el amparo del "uso propio", las empresas no están recibiendo compensación por su actividad y terminan por limitar las inversiones en sus programas de mejoramiento. Esto también afecta el ritmo de innovación, lo cual a su vez afecta negativamente a los productores y al país.
Los cambios tecnológicos, la indefensión de gran parte de la industria y la importancia estratégica del tema imponen ordenar la legislación referida a la producción y uso de las semillas.
Hasta el momento, todas las iniciativas han fracasado y no se han alcanzado los acuerdos necesarios para modificar la ley vigente. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni los representantes del sector privado, han encontrado una solución al conflicto.
Se hace necesario establecer de manera urgente una norma moderna sobre los derechos de propiedad. Un marco legislativo que libere el potencial del desarrollo tecnológico, estimule la investigación y el comercio legal. Una ley que ordene y garantice los derechos de propiedad intelectual, pero que paralelamente respete y limite los derechos de los agricultores a guardar su propia semilla. Científicos, tecnólogos y empresas argentinas han acompañado con esfuerzo este proceso de trasformación durante años y han obtenido significativos logros. No debemos ser sólo granero del mundo y exportar alimentos, sino también podemos ser semilleros. Ser desarrolladores, consumidores y exportadores de genética y de biotecnología.
Un negocio millonario del que podemos participar.
La mayor productividad agrícola se apoya en la investigación agronómica, el mejoramiento genético y la biotecnología llevada adelante por empresas nacionales y extranjeras. Se suman a este esfuerzo organismos públicos como el INTA, el Conicet y algunas universidades.
Cuando un productor adquiere semillas para realizar su siembra, también paga el desarrollo tecnológico incorporado. La regalía es el pago que realiza el productor a los desarrolladores de la genética en reconocimiento de la propiedad intelectual incorporada.
De esta manera, los productores agropecuarios hacen uso de los beneficios de la mejora genética apostando a paquetes tecnológicos con semillas superiores. Se incrementan los rendimientos y mejoran las calidades de lo producido. Son simientes que se han logrado tras años de investigación, en las que se han hecho cruzas y selecciones, y en algunos casos además se introdujeron genes de otras especies.
Actualmente existen en nuestro país 166 empresas dedicadas a este negocio: 107 empresas privadas argentinas, 24 extranjeras, 26 estatales y 9 cooperativas. La legislación vigente es obsoleta y permite que muchos productores no paguen regalías.
Este escenario genera que las empresas nacionales de menor capital no puedan sostener la investigación y producción de semillas. Resulta primordial encontrar una urgente solución a este problema, dado que estamos ante el riesgo de que esta industria quede exclusivamente en manos de empresas extranjeras.
Esta realidad se ve con particular relevancia en los cultivos de trigo y soja: debido al abuso cometido bajo el amparo del "uso propio", las empresas no están recibiendo compensación por su actividad y terminan por limitar las inversiones en sus programas de mejoramiento. Esto también afecta el ritmo de innovación, lo cual a su vez afecta negativamente a los productores y al país.
Los cambios tecnológicos, la indefensión de gran parte de la industria y la importancia estratégica del tema imponen ordenar la legislación referida a la producción y uso de las semillas.
Hasta el momento, todas las iniciativas han fracasado y no se han alcanzado los acuerdos necesarios para modificar la ley vigente. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni los representantes del sector privado, han encontrado una solución al conflicto.
Se hace necesario establecer de manera urgente una norma moderna sobre los derechos de propiedad. Un marco legislativo que libere el potencial del desarrollo tecnológico, estimule la investigación y el comercio legal. Una ley que ordene y garantice los derechos de propiedad intelectual, pero que paralelamente respete y limite los derechos de los agricultores a guardar su propia semilla. Científicos, tecnólogos y empresas argentinas han acompañado con esfuerzo este proceso de trasformación durante años y han obtenido significativos logros. No debemos ser sólo granero del mundo y exportar alimentos, sino también podemos ser semilleros. Ser desarrolladores, consumidores y exportadores de genética y de biotecnología.
Un negocio millonario del que podemos participar.