Con la
resolución 140/2016, del Ministerio de Agroindustria, en referencia a
la falta de validación de los análisis impuestos por Monsanto sobre toda
la comercialización de soja, comenzaría una nueva etapa de trabajo en
conjunto entre los usuarios, la industria semillera y el Estado en pos
de un marco regulatorio que permita la normalización del uso, el
comercio y la fiscalización de semillas.
Monsanto
ingresó a la Argentina la semilla de Soja INTACTA RR2 PRO conociendo el
marco normativo vigente, la ley de Semillas 20.247 y la adhesión al
convenio UPOV78 que contempla el derecho al uso propio de semilla para
el productor, así como la ley de Patentes y las directrices de
patentamiento (ver resolución 283/2015). A pesar de este conocimiento,
Monsanto intentó e intenta buscar protección paralela a la ley
argentina, a través de la creación de un propio sistema y la aplicación
de la Ley de Patentes, que con claridad imposibilita patentar las
semillas así como tampoco le otorga derechos sobre el poroto de soja y
su comercialización.
El productor
agropecuario debe saber que el Sistema Monsanto a través del Bolsatech
(Bolsas de Cereales) y la cláusula de Biotecnología (Exportadores) lleva
de facto a renunciar al sistema UPOV78 e instaurar UPOV91 eliminando el
Uso Propio de Semilla vigente y obligando al pago de regalías, sin
resolver el problema de la “bolsa blanca”, contrariando a lo adherido
por Argentina. Claramente, este sistema no permite el desarrollo de
procesos de innovación.
Esta
nueva oportunidad debe sentar las bases para que los productores, la
industria semillera y el Estado Nacional, a partir de la legislación
vigente, diseñen un marco legal y de fiscalización moderno que permita
incrementar de forma sustentable un mercado competitivo y transparente
de semillas, la investigación, el desarrollo, la inversión y el empleo.