Tan importante como nuestra nueva
inserción en el mundo, como un país normal en el que dos más dos son
cuatro y mano dentro del área es penal, es la solución de los problemas
que tienen los empresarios medianos o pequeños para cumplir con todos
los requisitos que se le imponen, a veces sin sentido, desde todas las
reparticiones que tienen algo que ver con la actividad.
A pesar de la insistencia declamada en
cuanta oportunidad tienen los funcionarios de los estados provinciales y
nacionales relativo a la necesidad de agregar valor en origen, el
principal escollo que encuentran los emprendedores es las intrincada
legislación que existe para cada sector de la economía.
El desaliento a la iniciativa privada se
evidencia cuando los empresarios llegan a la conclusión de no invertir
por el desgaste personal que significa cumplir con infinidad de
requisitos burocráticos que pocas veces tienen sentido real. Al margen
del claro efecto sobre la competitividad, la complejidad de la
burocracia se convierte en enemigo del emprendedurismo.
Da la impresión de que los funcionarios
viven en otro país, desconocen las reglamentaciones y los que manejan
realmente el país son los estamentos intermedios en los ministerios y
reparticiones.
Es evidente que el poder de las
corporaciones, incluso la estatal cuando por ejemplo, se habla de
energía, pesa enormemente en la configuración de leyes y decretos y
dejan fuera de juego a todos los que no pertenecen a la liga.
Respecto de la energía, se promovió y se
promueve la obtención de combustibles alternativos. Lograrlo no es tan
difícil, hasta se redactó una ley de biocombustibles, pero una vez hecha
la inversión y obtenido los productos, la ley no permite venderlos
libremente. Entiendo que si esto fuera una actividad libre le pisaría
los cayos a las petroleras, incluida YPF, entonces termina siendo una
actividad marginal.
En la Argentina somos deficitarios en
combustibles por aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales, si
esta cifra fuese achicándose sustituyendo combustibles fósiles por
renovables, dejaría de ser interesante para los que manejan semejante
cantidad de dinero ya que algunas monedas deben quedar en el camino.
La minería de áridos es la más amigable.
En Córdoba es acosada constantemente por tres organismos por separado,
que alternan sus requerimientos y lo que se va cumpliendo para uno, a
pesar de ser lo mismo, no sirve para otro. Esto responde a diferentes
intereses. En primer término a la avidez monetaria de la provincia. Y
segundo, la utilización de servicios de las mal llamadas profesiones
libres ya que dejaron de serlo. Todos necesitan firmas colegiadas y
estar inscriptos en la repartición, generando prebendas para algunos
ingenieros, geólogos y escribanos entre otros.
Entre las actividades agropecuarias la de feedlot también es víctima
de dos reparticiones que requieren las mismas cosas en diferentes
oportunidades. Todos deben tener un trabajo, pero no por este motivo hay
que matar al que produce, si todos deben ser socios, incluido el
Estado, tendría que ser para ayudarlo a producir más y mejor y no para
obstaculizar.
Desde el INTA u otros organismos del
Estado, se promueve y en cierta medida se ayuda a desarrollar proyectos
de agregar valor a la producción agropecuaria. Incluso se estimula el
avance hacia otros eslabones de la cadena alimentaria, pero si hoy ya
resulta muy complicado ser productor, como vamos a avanzar sabiendo que
cada vez se la hacen más difícil.
Para agregar valor no sólo hay que
declamarlo, sino que hay que destrabar la burocracia y eliminar los
impuestos distorsivos, de lo contrario se desalienta la inversión y se
estimula la migración de capitales hacia otras provincias o países.
No es necesario crear el ministerio de
desburocratización, tampoco hace falta despedir a todos, alcanza con
cambiar los objetivos y estimular efectivamente la producción y la
competencia con reglas claras y seguridad jurídica.