Al igual que los granos, los valores están en franca
declinación: de los 11,5 qq/ha que se pagaban hace 5 años, hoy el
promedio está en 8 qq/ha. En el sur de Córdoba se llega a 6/7 qq/ha
combinados con porcentajes
El segundo relevamiento de 2015 de arrendamiento agrícola, realizado por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales, arroja un valor promedio para la provincia de 8 quintales de soja por hectárea, manteniéndose estable respecto a la estimación inicial y un quintal y medio por debajo del nivel del año anterior. También se observó un incremento en las modalidades a porcentaje, con el objetivo de distribuir el riesgo entre propietario y arrendatario.
Durante el mes de octubre, el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó el segundo relevamiento del año para determinar los arrendamientos por departamento y el promedio para la provincia. Si bien hubo diferentes variaciones por departamento respecto a la primera estimación, el promedio provincial se mantuvo inalterado en 8 quintales de soja por hectárea. Comparando con el alquiler del ciclo 2014/15, el arrendamiento bajó un quintal y medio, lo cual en términos porcentuales representa una caída de 16 puntos.
Por departamento, los que más han ajustado su valor en la estimación actual fueron Presidente Roque Sáenz Peña y Tototal con una merma de 14% y 33% respectivamente. Mientras que los que han reportado un mayor incremento fueron Río Seco y Tulumba. El resto de los departamentos tuvieron variaciones positivas y negativas que no superaron el medio quintal, compensándose y resultando en un promedio para Córdoba igual al de la primera estimación.En la zona de Río Cuarto, los alquileres oscilan entre los 4 y los 7 quintales por hectárea.
De esta forma, se conforman tres zonas en Córdoba de acuerdo a los niveles de alquileres:
1) Sudeste de Córdoba: Unión y Marcos Juárez presentan arrendamientos entre 11,5 quintales y 15 quintales de soja por hectárea, ajustando a la baja respecto a la campaña anterior en un 12% y 15% respectivamente.
2) Centro de Córdoba: en esta segunda estimación, los alquileres se están fijando en valores que rondan los 8 y 9 quintales de soja por hectárea, manteniéndose estables en relación al ciclo pasado.
3) Norte y Sur de Córdoba: presentan los niveles más bajos de la provincia y son los que más han caído, con variaciones negativas de hasta 3 quintales (Totoral). En promedio se ubican entre 4,5 y 7 quintales
En todos los departamentos también se están pactando contratos a porcentaje, que oscilan entre un 15% y 30% del rendimiento del cultivo.
Valores locales
El ingeniero Hugo Yacono, operador inmobiliario de Río Cuarto, comentó a PUNTAL Tranquera Abierta que los contratos de arrendamientos está oscilando generalmente entre 4 y 6 quintales, y en la mayoría de los casos el negocio se hace sobre la base de 4 quintales y pasando de 25 a 26 qq/ha de rendimiento en la soja, se le da un porcentaje del 2% al propietario del campo. “Con eso se completarían los 6 quintales que, más o menos, se pagan de promedio”.
Mencionó, por otra parte, que también se está estirando la forma de pago, ya que lo usual es que a la firma del contrato se entrega el equivalente a un quintal, otro a los 60 días y se termina de pagar a la cosecha. Una clara diferencia con lo que ocurría cuando el boom de la soja, donde se pagaba todo de contado o a lo sumo a los 90 días.
Dijo también que por la incertidumbre que afecta al sector, todavía hay campos en la zona sobre los que no han podido cerrar contratos de arrendamientos.
Se refirió, además, a la escasa demanda de campos para comprar. Hay muchas ofertas pero pocos compradores y los precios también fueron disminuyendo. “Valores de 10 mil dólares la hectárea, no existen más. Hoy un campo agrícola, en una buena zona, está valuado en no más de 7 mil a 8 mil dólares. Y también se está hablando de ventas en cuotas a valor dólar o en quintales de soja”, precisó.
En coincidencia con lo expresado por el ingeniero Yacono con respecto a los arrendamientos, el contador Juan Vasquetto, especialista en agronegocios, manifestó que los campos que, por proximidad o por tratarse de suelos buenos, con rotaciones y con cultivos antecesores que no hubieran degradado mucho la tierra, se han llegado a pagar unos 7 quintales. “Pero cuando se trata de campo en inferiores condiciones, no tan bien manejados o alejado del arrendatario, se pagaron a valores sustancialmente menores o aún están a la espera de concretar algún negocio, sobre todo en lo referido a campos destinados a maíz”.
No obstante, Vasquetto comentó que en los últimos días, con el repunto de los valores de futuro para el maíz, que llega a 136/137 dólares la tonelada, aparecieron algunos actores importantes que con su demanda estarían incidiendo en los próximos contratos para la siembra de maíz tardío. “Con ese valor del maíz, los números cambian totalmente”, afirmó, para considerar que, por otra parte, todo el sector está en una situación de desfinanciamiento y eso hace que el productor lo piense muy bien antes de sembrar un cultivo caro como el maíz, cuando se lo hace con toda la tecnología.
“De todos modos, yo soy optimista y creo que en la zona no quedarán campos sin producir, sino que cuando vengan las lluvias para la siembra de diciembre seguramente se alcanzarán acuerdos razonables. No nos olvidemos que en esta zona la siembra se para en esta época por el problema del Mal de Río Cuarto y sigue después con el maíz tardío”, concluyó.
Reflejo de la crisis
Los especialistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba concluyeron su informe expresando que la caída en los alquileres agrícola es un fiel reflejo de la situación crítica que vive el sector. Ante la falta de rentabilidad que se espera para esta campaña, el alquiler es la principal variable de ajuste. Los propietarios de las tierras y los productores fijan en un menor nivel los arrendamientos, con el objetivo de que se cultiven las tierras a la espera de que en la próxima campaña, la situación se revierta. Esto puede observarse también, en el incremento de la modalidad a porcentaje, de manera tal que el gran riesgo que implica la actividad agrícola se distribuya entre propietario y arrendatarios.