Se abre un nuevo
capítulo en la crónica de la deuda externa soberana de la República
Argentina y queda atrás el proceso de reestructuración de la deuda caída
en default a fines de 2001. Analizamos las recientes emisiones de deuda
y dónde se encuentra parado nuestro país en el mercado internacional de
crédito.
15
años llevó a nuestro país dejar atrás el conflicto iniciado con la
cesación de pagos de la mayor parte de la deuda externa vigente hacia
fines del 2001. Es importante aclarar en este punto a qué nos referimos
con dicha afirmación, sobre la cual volveremos hacia el final. Argentina
se encontró técnicamente en default hasta efectivizada la
reestructuración de deuda realizada en 2005 y posteriormente ampliada en
2010, a pesar de que existiese una minoría de tenedores de títulos
públicos argentinos que no hubiese aceptado dichos términos, y por
tanto, continuase sin recibir los flujos pertinentes.
Ello
no representó una situación jurídica irregular que impidiese la
realización de pagos correspondientes a la reestructuración hasta que la
Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que Argentina no podía
continuar atendiendo aquellos títulos emitidos bajo su ley de no
alcanzar un acuerdo con los acreedores en default. El avance realizado
en los últimos meses en este respecto – además de la derogación en el
Congreso de las Leyes Cerrojo y de Pago Soberano – culminó en el pago a
los holdouts - efectivizado en la jornada de hoy - y la eliminación de
la traba legal que impedía continuar abonando con normalidad los
compromisos de deuda.
La herramienta utilizada
para recaudar los fondos necesarios para afrontar el desembolso
correspondiente a los tenedores de títulos en default – unos u$s 9.300
millones – fue el crédito externo, con emisiones que totalizaron unos
u$s 16.500 millones. De acuerdo al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, la demanda por la colocación habría sido de más de u$s 60 mil
millones, “la más grande de la historia para un bono o acción de un
Gobierno […] de mercados emergentes.” No obstante, esto podría
explicarse por el intento de inversores de adjudicarse una mayor parte
de los títulos, dado que se preveía una oferta relativamente limitada.
El siguiente cuadro resume las características de la colocación:
En
comparación con la última emisión en dólares realizada por la
administración anterior, las tasas son sensiblemente menores. El Bonar
2024, a través del cual se recaudaron u$s 3.250 con un plazo de diez
años a vencimiento, paga un cupón de 8,75%. El spread existente con
respecto a las nuevas emisiones llevó a una recuperación en la demanda
por este último, el cual marcó un máximo de más de un mes en la apertura
de la rueda de hoy. Para encontrar una emisión a diez años que pague un
cupón de menos del 7,5% nos tenemos que remontar hasta 2007, año en el
cual se emitió el Bonar 2017 (tasa cupón 7%).
No
obstante, cuando cotejamos estos títulos con emisiones realizadas
recientemente por países de la región, rápidamente queda claro que
existe espacio para una mayor convergencia de tasas:
Si
bien la colocación Argentina destaca por su volumen, y ciertamente
significa una mejor percepción de solvencia dada las tasas obtenidas, la
misma debe ser contextualizada en un resurgimiento del apetito por
activos de riesgo provenientes de países emergentes. Ello puede
evidenciarse claramente en la evolución del riesgo país (índice EMBI+)
desde el comienzo del actual ciclo presidencial. Si bien Argentina
claramente se encuentra en un cuantil superior en términos de reducción
de la prima de riesgo inherente a su deuda, la tendencia subyacente es
fácilmente perceptible:
Más
allá del aspecto dinámico de este indicador, su nivel actual (ver
gráfico siguiente) refuerza la sospecha con respecto a la posibilidad de
obtener tasas menores en esta colocación, al igual que la fuerte
demanda existente en el mercado secundario por estos títulos y otros
valores de deuda soberana argentina en circulación. Los bonos a 10 años,
los cuales concentran la mayor parte de la emisión, llegaron a
negociarse a 103 y 104 u$s durante la primera jornada, representando una
caída de alrededor de 50 puntos básicos en su rendimiento. A pesar de
ello, se puede discutir que existe una especie de efecto demostración en
el hecho de materializar la colocación que explica la posterior baja en
el rinde de estos activos.
Con
la nueva emisión, la estructura de la deuda pública cambia
moderadamente. Las nuevas emisiones a 10 y 30 años añaden un volumen no
menor de compromisos en años previamente libres de carga en términos de
desembolsos de capital, mientras que los tramos más cortos incrementan
las obligaciones para el próximo ciclo presidencial. No obstante, el
grueso de los pagos continúa correspondiendo a la reestructuración a
largo plazo de la deuda entrada en default hacia fines de 2001, con otro
compromiso considerable en el año 2023 relacionado con títulos emitidos
bajo el Plan Brady.
El
dar por tierra a esta disputa no significa que otra más que obtener
nuevos grados de libertad en términos de las fuentes de fondos de las
cuales el erario se puede abastecer, las cuales se volverán menos
onerosas y permitirán una mayor flexibilidad intertemporal en términos
fiscales. De ninguna manera el haber alcanzado un compromiso con
respecto a la cuestión significa que de ahora en más no deberemos
afrontar sus costos. Al fin y al cabo, cualquier emisión de deuda posee
el objetivo de afrontar erogaciones futuras o financiar gastos del
pasado.
Cambios en criterios para régimen PYME CNV
A
través de la resolución 659/2016 publicada el pasado jueves, la CNV
resolvió realizar ciertos cambios en los criterios aplicables a empresas
que deseen participar del “Régimen PYME CNV”. Una de las razones
delineadas en el considerando de dicha resolución se relaciona con la
actualización de valores máximos de ventas que una empresa puede
registrar para ser considerada Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyME)
de acuerdo a la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana
Empresa.
En dicho sentido, los ingresos totales anuales máximos permitidos según sector serán los siguientes:
En
caso de participar en actividades correspondientes a más de un sector,
la pertenencia a los mismos se determinará de acuerdo a aquel que
proporciona la mayor parte de los ingresos de la empresa.
Además,
la norma determina la reformulación de la definición de PYMES CNV,
particularizando que podrán considerarse como tales “al sólo efecto del
acceso al mercado de capitales, a las empresas que desarrollen
actividades productivas en el país.”