Mal momento para la industria argentina que vive del campo: este año la venta de sembradoras es un 66% inferior a la registrada en 2002

Consecuencia de la crisis agrícola.

En los primeros nueves meses de 2015 se vendieron en el mercado argentino 724 sembradoras, una cifra 51% inferior a la del mismo período de 2009 (cuando una sequía histórica generó quebrantos generalizados en el sector agrícola) y 66% más baja que en 2002 (cuando se registró la crisis socieconómica más importante de la historia argentina).
La venta de sembradoras es uno de los mejores indicadores para evaluar la evolución de la capacidad de pago de las empresas agrícolas porque se trata de un bien que, por sus características, no es útil como reserva de valor (y por ende no es viable como “cobertura cambiaria”).
En 2012 y 2013, según datos del Indec, las ventas de sembradoras fueron malas (con niveles similares a los registrados durante 2009). El año pasado fueron desastrosas. Y en lo que va de 2015 alcanzaron un nivel crítico que compromete la sustentabilidad de la mayor parte de Pymes del sector (ver gráfico). Para colmo las exportaciones también se derrumbaron.
La progresiva pérdida de la capacidad de compra de los empresarios agrícolas argentinos se debe a la combinación de precios internacionales decrecientes de los granos con elevados impuestos y distorsiones comerciales en el ámbito local. La participación del Estado nacional y provincial en la renta agrícola se ubica en el 94% (Índice Fada). Es decir: de cada 100 pesos que genera una hectárea promedio en Argentina –ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol– 94 pesos se los lleva el Estado o los reasigna con sus políticas.
En los primeros nueve meses de este año además cayeron 41% las ventas internas de cosechadoras importadas versus el mismo período de 2014, mientras que la de tractores se derrumbó un 70% (debido a las restricciones oficiales vigentes para impedir el ingreso de equipos).
Las únicas ventas que lograron zafar –con un crecimiento interanual del 20%– fueron las de tractores “nacionales” (en su mayor parte integrados por piezas importadas ensambladas en territorio argentino) gracias a los créditos de entidades oficiales que permitieron acceder a un bien cuasi-dolarizado pagando tasas de interés reales negativas.
Los créditos de “inversión productiva” –subsidio forzoso aportado por el sector bancario privado– en el segundo semestre de 2015 contaron una tasa fija en pesos del 21% anual (Costo Financiero Total) para un plazo de cuatro años (versus una inflación anual del 25,9% según el IPC Congreso).