Fue durante el primer cuatrimestre del año.
En el primer cuatrimestre de 2018 el gobierno nacional transfirió a las provincias 5741 millones de pesos en concepto del "Fondo Sojero". La mayor parte de los recursos fueron asignados a Buenos Aires (1267 M/$), Córdoba (512 M/$), Chaco (287 M/$) y Entre Ríos (281 M/$), según datos publicados por elMinisterio de Hacienda y Finanzas Públicas.
El dato es que si los recursos se transfirieran en función de la producción de soja 2016/17 de cada provincia -último dato oficial disponible desagregado por juridiscción- entonces en enero-abril de 2018 Buenos Aires debería haber recibido 2114 M/$, Córdoba 1750 M/$, Santa Fe 812 M/$ y La Pampa 176 M/$.
Eso implica que esas cuatro provincias de la zona pampeana en los cuatro primeros meses de este año transfirieron al resto del país "regalías sojeras" por un monto de 2554 M/$ (algo insólito porque las regalías petroleras o mineras, lejos de redistribuirse entre todas las jurisdicciones argentinas, son percibidas por aquellas provincias en las cuales se originan tales recursos).
Las provincias no-sojeras en el primer cuatrimestre de 2018 recibieron "regalías sojeras" por un total de 2135 M/$, de los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -el distrito más rico del país- fue beneficiado con una transferencia de 142 M/$.
Los recursos del Fondo Federal Solidario se conforman con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 dispone que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes".
Las provincias de La Pampa y San Luis -más allá de algunas transferencias mínimas percibidas en los primeros días del año- no recibirán recursos del "Fondo Sojero" porque sus gobiernos locales optaron por no ratificar los compromisos establecidos en el "Acuerdo Fiscal" firmado por las restantes jurisdicciones con la Nación.