El rechazo de la dirigencia a una cuota extra del Inmobiliario deja al Gobierno solo con el costo político.
–Lo noto algo acelerado don Produ; no creo que ande corriendo para no mojarse ya que si hay algo que brilla por su ausencia son las lluvias.
–Precisamente es esa carencia la que me tiene preocupado Don Tecno. Aunque algunos se atreven a aventurar que el otoño traerá algunas lluvias, la realidad se encarga de mantenernos bien secos. Veremos qué pasa. Por lo pronto, maticemos la espera con unos mates.
–Donde también están esperando es en el Gobierno provincial. La propuesta de un cedulón adicional del Impuesto Inmobiliario Rural para asfaltar caminos rurales ha generado resistencia entre los productores, quienes les han trasmitido a la dirigencia rural su total oposición. Con esas condiciones, las negociaciones que habían comenzado a gestarse en los últimos 60 días, con dos reuniones entre el gobernador Schiaretti y los integrantes de la mesa de enlace provincial para crear un fondo específico para caminos, se han enfriado.
–Es que no es para menos Don Tecno, con una de las peores sequía de la que se tenga memoria sacar más plata para más impuestos parece un despropósito.
–Los primeros en manifestar públicamente su oposición a la iniciativa fue Coninagro. Y el pronunciamiento fue contundente. “Dejamos en claro que no apoyamos el cobro de una cuota extra que formaría parte de un fondo solidario”, sostuvo la Comisión Asesora Regional (CAR) Córdoba de la entidad, a través de un comunicado. No sin antes aclarar que de ninguna manera sus dirigentes se oponen a las mejoras en infraestructura.
–Inclusive, por lo que me comentó un colega enrolado en las filas del cooperativismo, la entidad dejó por escrito cuáles son sus prioridades en materia de caminos.
–En Coninagro consideran más importante y urgente ejecutar obras de ripiado, levante y compactación, a través de la ejecución de las obras que puedan llevar a cabo los consorcios camineros. Y que se les pague el kilómetro al mismo valor que se paga a una empresa privada, las cuales –según la entidad cooperativa– cobran un monto muy superior de lo que percibe un consorcio caminero por kilómetro.
–Y dígame, ¿qué opinan el resto de las entidades?
–Hoy, precisamente, hay reunión del consejo de Cartez y allí cada una de las sociedades rurales darán su opinión. Por lo que pude averiguar hay algunas que se manifestarán en contra. Consideran que no están dadas las condiciones económicas por parte de los productores para hacer frente a un impuesto adicional.
–Y le hago otra pregunta, ¿con el rechazo de las entidades, el proyecto quedaría en el camino?
–No me atrevería a asegurárselo, pero de lo que estoy seguro es que a la iniciativa que fue anunciada a la mesa de enlace provincial durante la última reunión con el gobernador le puede faltar el aval de la producción.
–Usted dice que no habrá foto…
–En las actuales circunstancia no. Los dirigentes rurales saben que el Estado tiene la potestad de “imponer” tributos y está facultado para hacerlo. Aunque en este caso, hasta ahora, no tendría el visto bueno de los productores.
