El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación defendió el uso de agroquímicos y el “beneficio colectivo” que tiene para el país la producción de soja.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva defendió el uso de agroquímicos y la producción de soja en Argentina, y disparó en contra de las organizaciones ambientalistas que realizan denuncias en contra de estos temas, sin un sustento científico.
Según
publica el diario La Gaceta, de Tucumán, en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), Barañao llegó a señalar que, desde su punto de vista, “la diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”.
Y prosiguió: “Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero”.
De todos modos, consideró que “hay que ser realistas”, porque “sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
En ese sentido, continuó, con una defensa al aporte que le hace la soja al país: “Las comunidades perciben que el riesgo lo corremos todos, pero que el beneficio es para unos pocos. Pasa con la minería y con la soja también. Tenemos que ser capaces de explicar todo lo que se hace en el país con las divisas que ingresan por la soja, de modo que se comprenda el beneficio colectivo”.
Contexto
Las frases de Barañao llegaron, siempre según la versión de
La Gaceta ya que el
comunicado oficial del Ministerio no hizo alusión a las mismas, luego de escuchar reclamos de parte de las autoridades de planificación científica de las provincias sobre los “fundamentalismos” encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que, en reiteradas ocasiones, ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), lo que favorecería un atraso social y económico en comunidades puntuales.
La preocupación planteada por las provincias es que muchas ONG tienen un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones que sí tienen sustento científico.
Por ejemplo, muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. En Córdoba sucedió, por ejemplo, con la fallida inversión de 1.500 millones de pesos que Monsanto iba a ejecutar en Malvinas Argentinas.
