El agro objeta el aporte extra para los caminos. Mientras tanto, los consorcios recomponen una red afectada por el clima.
A la hora de jerarquizar sus pretensiones en materia de infraestructura, el productor agropecuario exige como condición básica que los caminos rurales sean transitables durante todo el año. Si bien es consciente de que las mejoras siempre son bienvenidas, si la traza es de tierra, ripio o asfalto se convierte en un detalle secundario.
La accesibilidad es el requisito básico que el productor solicita cuando, a través del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, aporta dinero para el mantenimiento de la red secundaria y terciaria. Esa misma accesibilidad es la que también reclama cuando el Estado le demanda una mayor contribución tributaria.
Precisamente, la intención de la Provincia de cobrar una cuota extra del impuesto a la tierra es la que el productor percibe como inaccesible. Más si tiene en cuenta el escenario de sequía que atraviesa el territorio provincial y que genera –según las propias fuentes oficiales– afectación en la producción de más de dos millones de hectáreas.
Entre lluvias y sequía
Los extremos que ha impuesto el clima en los últimos dos años han dificultado las tareas de mantenimiento de los caminos rurales, que llevan a cabo los 287 consorcios existentes en la provincia. No fue la falta de financiamiento.
Si bien ya no hay caminos cortados (el año pasado había 1.500 kilómetros con problemas de anegamiento), la sequía demoró no sólo las labores de conservación sino también las de mejoras. No obstante, la red tiene el mejor estado para el traslado de la cosecha de las últimas dos campañas.
Encargados del mantenimiento y la reparación de 57 mil kilómetros de caminos rurales, los consorcios disponen para este año de un presupuesto de 800 millones de pesos para la conservación y otros casi 500 millones de pesos para realizar obras de mejoras. De la cuota extra del Inmobiliario Rural que el Gobierno pretende cobrar, no verían un peso, ya que se destinaría a un fondo con asignación específica para tareas de asfaltado.
Obras
En algunas zonas de la provincia donde los caminos fueron borrados por el agua, la construcción de terraplenes y la colocación de alcantarillas vienen atrasadas. La falta de humedad en el suelo hace que la consolidación de las trazas no sea la adecuada en tiempo y forma. A eso se agrega que los expedientes con las certificaciones de obras por mejoras deben recorrer una instancia administrativa que suele ser burocrática y lenta.
A principio de marzo, la Provincia le adeudaba a los consorcios todas las tareas de mantenimiento realizadas durante 2018. La mora se revirtió durante el mes con la cancelación de enero y febrero, además de la promesa de pagar marzo en los próximos días.
El rechazo público de Coninagro al aporte extraordinario pretendido por la Provincia y las críticas que por lo bajo realizan algunas sociedades rurales hacen que la medida no tenga consenso entre los productores. El próximo lunes, cuando se reúna la comisión de emergencia agropecuaria para definir la afectación por la sequía, funcionarios y dirigentes seguirían debatiendo sobre la accesibilidad de la medida.
