Desde el Ruralismo manifiestan su apoyo a la creación de una mesa de trabajo, pero reclaman ser parte de ella.
Favio Ré
Dique Chico es una pequeña comuna de apenas un par de centenar de habitantes, ubicada a la vera del río Anisacate. Hasta fines de 2017 pasaba inadvertida, como tantas otras localidades de Córdoba y del país.
Pero, desde octubre del año pasado, se transformó en un ícono de la disparidad de criterios que gobierna en materia de regulaciones para las aplicaciones de fitosanitarios en campos cercanos a los pueblos. Un presidente comunal sancionó una ordenanza que prohíbe pulverizaciones a menos de mil metros del ejido urbano, lo que generó un recurso de amparo presentado por productores y avalado por la Justicia, y situaciones conflictivas como la detención de una de las personas que encabeza las luchas del ambientalismo.
Esta semana, el Gobierno nacional parece haber tomado nota de la necesidad de intervenir en este escenario enrevesado, en el que cada municipio hace gala de su potestad de legislar para establecer, en muchos casos, normativas restrictivas para la producción agrícola, como la que ocurrió en Dique Chico, sin fundamentos técnicos ni científicos que avalen tales decisiones.
Y sin velar por los principios de equidad y justicia que deben sobresalir por encima de cualquier determinación, considerando que los productores también son vecinos de los pueblos y, por ende, son parte del bien común a proteger.
El avance concreto fue una resolución conjunta emitida por los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable: propicia una Mesa de Trabajo encargada de definir los “principios rectores” que permitirán “clarificar” las pautas para las aplicaciones de fitosanitarios.
Opiniones
La primera reacción de la cadena agroalimentaria fue positiva. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijo que celebra esta decisión, y se puso a disposición para aportar datos.
Por ejemplo, demostraciones a campo que determinaron una deriva promedio de 11 metros en pulverizaciones terrestres y 48 metros, en aéreas; es decir, muy por debajo de los límites que suelen imponer los municipios.
En un sentido similar se expresó una fuente del ruralismo consultada por Agrovoz: “Es positivo, porque tiene que existir un paraguas nacional que establezca pautas sobre cómo se deben cumplir los límites en zonas periurbanas; no puede ser que exista una anarquía y que cada municipio fije sus propios límites sólo por la presión de grupos seudoambientalistas”.
La única advertencia de los dirigentes es que no quieren quedar afuera de esta Mesa de Trabajo, lo mismo que solicitaron desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
La historia dice que la famosa expresión “Ponerle el cascabel al gato” tiene origen en una fábula escrita en el Siglo XIII. Relata cómo un grupo de ratones intentaba frenar las muertes producidas por un enorme felino, y acordaba que colgarle un cascabel era la solución para advertir su presencia cada vez que se moviera. Pero a la hora de llevarlo a cabo, nadie se ofrecía a hacerlo. Los fitosanitarios demandan precisamente que se dejen de “ratonear” decisiones y que, al fin, alguien se haga cargo de ponerle a ese gato el cascabel.