Carlos Petroli
Dirigentes y algunos socios de la última camada que estuvieron en la Sociedad Rural de Córdoba intentan volver al ruedo con un complicado objetivo: defender el patrimonio físico que queda de la entidad, y servir a la comunidad regional con un nuevo perfil.
La Rural cordobesa atraviesa una agonía institucional; en mayo cumpliría 118 años, en un historial que comenzó en 1900 con el dos veces gobernador Ramón J. Cárcano entre sus fundadores y como primer presidente.
Durante la anterior etapa política del país, la SRC estuvo entre las pocas organizaciones del campo que estrecharon lazos con el kirchnerismo; la administración K financió mejoras en su infraestructura y la instalación de un centro de genética en el predio de Malagueño, contiguo a la autopista que une a Córdoba con Villa Carlos Paz.
Pero la entidad vino perdiendo peso a lo largo de los últimos años y un continuo desmembramiento, al punto de quedar prácticamente sin adherentes activos. Por cercanía geográfica con el poder provincial llegó a tener influencia, espacios en distintas mesas y gravitación en Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), pero después la estructura de CRA en la provincia pasó a referenciarse desde otras Rurales, como las de Río Cuarto y Jesús María, de mayor envergadura y consistencia en la geografía agropecuaria.
Conversaciones como las que procura el extitular de la entidad Eduardo Ballesteros tienen su urgencia: lograr que el predio de 11 hectáreas donde quedan la tribuna oficial (los corrales para uso ganadero fueron desmontados hace un tiempo), galpones, y el centro de inseminación, no cambie de manos en el corto plazo, como parte del plan de desburocratización del Estado nacional.
Es que el predio, ubicado en lo que se conoce como “lonja Malagueño”, entre el camino viejo a Malagueño y la autopista, pertenece al Ejército, al igual que otra fracción contigua donde está el mercado frutihortícola San Miguel.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), que ya subastó unas nueve mil hectáreas para uso agropecuario del establecimiento General Paz perteneciente al Ejército en Ordóñez –en el sudeste provincial– está facultada para resolver un camino parecido sobre otros activos. Podría sacar a la venta tierras que se consideren con falta de afectación específica, que estén subutilizadas, o que tengan un uso indebido.
Esta política se conecta conque el Gobierno, dentro del paquete desburocratizador, derogó la ley 14.147, de 1952, que facultaba al Ejército a autoabastecerse con la producción en sus campos y dar o tomar tierras en arrendamiento, comprar maquinarias o nombrar personal en estas actividades.
Hasta aquí, por ordenanza municipal, el predio ruralista de Malagueño no puede ser afectado a la construcción de viviendas o para algún otro desarrollo inmobiliario, como ya se intentó. En su momento, antes y durante el anterior gobierno, la SRC hizo propuestas para la compra del predio, iniciativas en las que no se avanzó. Y hoy la Rural está en una situación de quiebre institucional, que también se trasladó al plano patrimonial.
Entre sus allegados se evalúa que un camino será entablar nuevas alianzas y lograr masa crítica con otras instituciones público-privadas para evitar un desplome definitivo.