El acuerdo prevé que las variedades de trigo y soja registradas hasta diciembre de 2011 sean de su uso gratuito.
El consenso se sigue diferenciado de lo impuesto por ser un proceso participativo, a través del cual personas con diferentes intereses pueden arribar a un acuerdo. Esta diferencia metodológica volvió a quedar materializada en la discusión que hace más de 18 meses mantenían el Ministerio de Agroindustria, la industria semillera y los productores, por la redacción de una nueva ley de semillas.
Descartado el proyecto oficial elaborado durante la gestión del exministro Ricardo Buryaile en Agroindustria, por su rechazo en el sector privado, el marco que buscaba regular el uso de las semillas había vuelto a foja cero.
Su análisis arrancó nuevamente hace poco más de un año, con reuniones entre la industria y los productores en la búsqueda de un consenso que traiga previsibilidad al negocio, tanto para los propietarios de la tecnología como para sus usuarios.
La semana pasada, y con un consenso casi generalizado, cinco entidades de productores (CRA, Aapresid, Coninagro, SRA y CRA) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) le acercaron al ministro Luis Etchevehere un acta de entendimiento de la cadena. Sólo la Federación Agraria Argentina no participó de la mesa, pero sus dirigentes se habrían comprometido a estudiar el contenido.
Características
El acuerdo reconoce el uso propio de la semilla, una figura que viene de la ley vigente desde 1973, que seguirá siendo gratuito, aunque con una salvedad: para todas las variedades de semilla de soja y de trigo registradas hasta diciembre de 2011.
A partir de esa fecha, y por las nuevas variedades que se lancen en el mercado, el productor deberá pagar por el uso de esta tecnología. La primera vez, con la compra de la semilla fiscalizada; a partir del segundo año, en forma anticipada, a través de la semilla declarada, o con la venta del grano (tonelada producida).
Los controles serán a través del Estado, con la vigencia de Bolsatech, el sistema de información y verificación del uso de tecnología y variedades de semilla que hoy tiene 96 por ciento de cobertura en soja. El acuerdo prevé multas de hasta 15 millones de pesos para sus infractores.
Sus precursores aseguran que, una vez definida con el Gobierno su implementación, el acuerdo no requeriría de una ley, sino que podría entrar en vigencia por cualquier resolución que adopte el Poder Ejecutivo. Sucede que su arribo al Congreso de la Nación, para convertirse en ley y reemplazar a la actual, podría encontrar algunas barreras, como por ejemplo una eventual resistencia en la Comisión de Agricultura de Diputados. Esto si es que su presidencia queda en manos de la oposición, como se rumorea.
