Definen nuevos montos para inscribir o renovar permisos para operar con agroquímicos, y para marcas y señales.
Los cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural recargados entre 27 y 42 por ciento no son el único aumento que deberán afrontar los productores agropecuarios cordobeses el próximo año.
La Ley Impositiva que forma parte del proyecto de Presupuesto 2018 elevado por el Ministerio de Finanzas a la Legislatura incluye un aumento promedio del 23 por ciento en las tasas que cobra el Ministerio de Agricultura y Ganadería por diversos servicios, como las habilitaciones de depósitos de agroquímicos o de las máquinas que los pulverizan, o los trámites vinculados al registro de marcas y señales de animales.
Agroquímicos
Las variaciones más llamativas se dan en el caso de un asesor fitosanitario: si tiene que inscribirse por primera vez, deberá abonar 500 pesos, 19 por ciento más que los 420 pesos que rigieron a lo largo de 2017. Pero hay un cambio radical si necesita renovar su habilitación: hasta ahora, era un trámite bianual que costaba 130 pesos; ahora pasa a ser anual, por 150 pesos.
En cuanto a los depósitos de agroquímicos, inscribirlos aumenta 14,3 por ciento, de 1.050 a 1.200 pesos; mientras que renovar el permiso se incrementa de 600 a 700 pesos (16,7 por ciento).
Para las empresas aeroaplicadoras, tanto sean aéreas como terrestres, la tasa que hay que abonar a la hora de inscribirse aumenta 23 por ciento, pero hay diferencias a la hora de la habilitación anual: cada avión que pagaba 450 pesos cada dos años, ahora pasa a pagar 550 por año; entre las pulverizadoras terrestres, la suba es 16,7 por ciento para las autopropulsadas y 22,2 por ciento para las de arrastre.
Marcas y señales
En lo que respecta a las tasas que cobra la Secretaría de Ganadería, el derecho de inscripción en el registro de marcas aumenta 22,2 por ciento, de 90 a 110 pesos; mientras que en el de señales crece 23,5 por ciento, de 85 a 105 pesos.
La renovación, independientemente de la cantidad de animales a marcar o señalar, se incrementa en torno al 23 por ciento.
Por último, las inspecciones sanitarias también suben en ese rango, tanto lo que se cobra por cada animal faenado como la tasa mínima mensual que tiene que pagar cada frigorífico o matarife independientemente de los animales que sacrifique.
