Macri quiere una solución para los caminos rurales: sólo existe una manera de que se cumpla su deseo
La clave es la autogestión por parte de los usuarios.
Gran avance. El presidente Mauricio Macri comprendió que los caminos rurales deberían ser una política de Estado. Lo hizo al recibir ayer a representantes del sector lácteo argentino, quienes, entre la agenda de cuestiones pendientes, se incluyó el déficit de infraestructura.
“Macri pidió que haya un control (de lo gastado por las tasas viales) o que el manejo lo hagan los productores”, indicó Máximo Russ, coordinador del Comité de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), según indicó un artículo publicado por La Nación.
En algunos partidos bonaerenses se creó un mecanismo institucional por medio del cual la mayor parte de los fondos recaudados en concepto de tasa vial se destinan –precisamente– a mantener y mejorar la red vial rural de los municipios.
Un ejemplo es la Cooperativa Vial de Tandil –vigente desde 1997– la cual está integrada por un grupo de productores agropecuarios que diseñan un plan vial que debe ser aprobado por las autoridades municipales. Otro caso es la Comisión Vial Rural de Benito Juárez, que consiste en un organismo municipal gestionado por representantes de productores, transportistas, acopiadores y consignatarios de hacienda, entre otros. Este año en el distrito de Coronel Suárez se creó una Comisión Vial integrada por 26 empresarios agropecuarios: uno por cada por cuartel presente en ese departamento.
El éxito de tales iniciativas –más allá de cuál sea el modelo empleado– reside en el hecho de que los caminos rurales son gestionados por los usuarios de los mismos con recursos provenientes de sus propios bolsillos.
En la actual coyuntura se necesita una ley nacional que obligue a los municipios a crear instituciones –cooperativas o comisiones– para que los propios usuarios de los caminos rurales puedan destinar al menos el 70% de la recaudación total de la tasa vial al fin específico para el cual fue creada la misma (y no para financiar recitales ni actos políticos ni cualquier otro propósito).
Los intendentes y concejales con una dosis básica de sentido común entienden (o deberían entender) que algo así opera a favor de sus propios intereses, pues el hecho de tercerizar la gestión de los caminos rurales implica tener más tiempo para dedicar a los problemas presentes en las urbes (donde están la mayor parte de los votos).
Todas las semanas aparecen diferentes proyectos legislativos orientados a cuestiones relativas al sector agropecuario. Ninguno –ninguno– tendría un impacto tan grande como el de permitir la posibilidad de realizar una autogestión de la red caminera rural.
Ezequiel Tambornini