Se calcula que existen en la Argentina unas 35 plantas de biodiésel, ocho de las cuales se encuentran en condiciones de exportar. Desde el momento en el que se lanzó la ley de promoción de biocombustibles en 2006, las inversiones realizadas en este sector totalizan unos US$ 2000 millones.
Resulta de interés evaluar los procesos decisorios que llevaron a empresarios a invertir en el negocio del biodiésel cuando, bajo las condiciones actuales y aun considerando el subsidio implícito que reciben, el sector enfrenta desafíos para operar en forma rentable. ¿Cuáles fueron los supuestos empleados por los responsables de analizar la viabilidad económico-financiera de estos proyectos? Por un lado, es posible suponer que se basaron en que el diferencial de aranceles de exportación entre aceite de soja y biodiésel iba a mantenerse en el tiempo.
Si bien en esto no se equivocaron (los aranceles a la exportación de soja y aceites han bajado sólo marginalmente), el supuesto de mantenimiento de estructura arancelaria resulta bastante temerario, en especial considerando los altos períodos de amortización de las inversiones realizadas. Y sin aranceles diferenciales, las plantas muy posiblemente no sean viables.
Los que evaluaron la factibilidad de los proyectos también supusieron que los países importadores no objetarían el subsidio implícito que las plantas locales recibían al principal insumo utilizado (grano de soja). Basar inversiones en este supuesto también llama la atención, dado el considerable poder que tienen lobbies domésticos en argumentar a favor de medidas antidumping. Un tercer y último supuesto guió a los que realizaron la evaluación de proyectos: que la relación entre el precio del petróleo (o el biodiésel) y el del insumo necesario para producir biodiésel (soja) iba a mantenerse en los niveles relativamente elevados que tuvo en el período durante el cual se tomaron las decisiones (2000-2006).
En efecto, la relación de precios petróleo/soja toma un valor de casi 250 en el período 2004-2006, momento en el cual se tomaron la mayor parte de las decisiones de inversión en plantas de biodiésel. Sin embargo, en el "mediano/largo plazo" (por ejemplo 2000-2016) este precio relativo es de sólo 100, menos que la mitad. Parecería que se planificó con supuestos optimistas con los subsidios y la ausencia de reacciones antidumpingy en la posible relación de precios entre el producto (combustible) y el insumo necesario para producirlo (soja).
Los comentarios a hacer son, por supuesto, ex post: es fácil criticar decisiones "con el diario del lunes". Aquí señalamos que los procesos decisorios son complejos y que en muchos casos existen errores que podrían haber sido evitados a través de un análisis más cuidadoso. El análisis de la "calidad decisoria" de inversores resulta un ejercicio apasionante pero nada sencillo: aunque parezca contraintuitivo juzgar decisiones únicamente por sus resultados puede resultar erróneo. El punto central es evaluar hasta dónde la decisión tomada utilizó en forma efectiva la información que estaba disponible entonces.
El gobierno anterior no ayudó a la racionalidad económica: desde las más altas esferas se difundieron mensajes que inducían a ignorar la lógica de los mercados y de la "economía política" que los rodea. Diversos "proyectos de promoción" fueron lanzados sin tomar en cuenta los costos, tanto directos como indirectos, involucrados. Espero que ahora hayamos aprendido de nuestros errores.
Si bien en esto no se equivocaron (los aranceles a la exportación de soja y aceites han bajado sólo marginalmente), el supuesto de mantenimiento de estructura arancelaria resulta bastante temerario, en especial considerando los altos períodos de amortización de las inversiones realizadas. Y sin aranceles diferenciales, las plantas muy posiblemente no sean viables.
Los que evaluaron la factibilidad de los proyectos también supusieron que los países importadores no objetarían el subsidio implícito que las plantas locales recibían al principal insumo utilizado (grano de soja). Basar inversiones en este supuesto también llama la atención, dado el considerable poder que tienen lobbies domésticos en argumentar a favor de medidas antidumping. Un tercer y último supuesto guió a los que realizaron la evaluación de proyectos: que la relación entre el precio del petróleo (o el biodiésel) y el del insumo necesario para producir biodiésel (soja) iba a mantenerse en los niveles relativamente elevados que tuvo en el período durante el cual se tomaron las decisiones (2000-2006).
En efecto, la relación de precios petróleo/soja toma un valor de casi 250 en el período 2004-2006, momento en el cual se tomaron la mayor parte de las decisiones de inversión en plantas de biodiésel. Sin embargo, en el "mediano/largo plazo" (por ejemplo 2000-2016) este precio relativo es de sólo 100, menos que la mitad. Parecería que se planificó con supuestos optimistas con los subsidios y la ausencia de reacciones antidumpingy en la posible relación de precios entre el producto (combustible) y el insumo necesario para producirlo (soja).
Los comentarios a hacer son, por supuesto, ex post: es fácil criticar decisiones "con el diario del lunes". Aquí señalamos que los procesos decisorios son complejos y que en muchos casos existen errores que podrían haber sido evitados a través de un análisis más cuidadoso. El análisis de la "calidad decisoria" de inversores resulta un ejercicio apasionante pero nada sencillo: aunque parezca contraintuitivo juzgar decisiones únicamente por sus resultados puede resultar erróneo. El punto central es evaluar hasta dónde la decisión tomada utilizó en forma efectiva la información que estaba disponible entonces.
El gobierno anterior no ayudó a la racionalidad económica: desde las más altas esferas se difundieron mensajes que inducían a ignorar la lógica de los mercados y de la "economía política" que los rodea. Diversos "proyectos de promoción" fueron lanzados sin tomar en cuenta los costos, tanto directos como indirectos, involucrados. Espero que ahora hayamos aprendido de nuestros errores.