Las autoridades del gobierno bonaerense están preparando un nuevo impuestazo del Inmobiliario Rural para 2018. Casualmente (o no) vienen retrasando la declaración de emergencia agropecuaria en muchos departamentos bonaerenses afectados por ninudaciones. ¿Son o se hacen? Es lo que se preguntan la mayor parte de los productores de la provincia.
No se hacen. Son víctimas de las circunstancias. Dos años atrás, con la victoria de María Eugenia Vidal, en ValorSoja publicábamos un artículo en el cual remarcábamos que el aspecto más trascendental de ese triunfo era que, por primera vez en 28 años, los bonaerenses iban a tener la oportunidad de volver a disponer de los recursos que le pertenecen. Pero desde entonces no cambió nada.
Todo comenzó casi 30 años atrás. En 1988 el gobierno alfonsinista logró que el Congreso aprobase una norma (Ley 23.548) que dispuso que la provincia de Buenos Aires pasaría a recibir el 21,5% de los recursos coparticipables (versus un 27,9% vigente hasta entonces) para limitar el poder el entonces gobernador bonaerense Antonio Cafiero.
En 1992 el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde negoció con el presidente Carlos Menem la instauración de un “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense” para compensar parte del castigo fiscal que experimentaba la provincia (para lo cual se estipuló que el 10% de la recaudación neta del Impuesto a las Ganancias se destinaría al financiamiento de obra pública de carácter social en esa jurisdicción).
En 1996 la Ley 24.621 introdujo una modificación en ese Fondo que –años más tarde– resultaría crucial: se pautó que Buenos Aires recibiría hasta un monto fijo de 650 millones de pesos anuales. Si el 10% de lo recaudado por Ganancias excedía esa suma, se repartiría entre las restantes provincias según las proporciones establecidas en la coparticipación secundaria.
Ese esquema, con el período inflacionario vigente desde 2007, hizo que el Fondo se transforme en una herramienta promotora de la injusticia distributiva.
Ese esquema, con el período inflacionario vigente desde 2007, hizo que el Fondo se transforme en una herramienta promotora de la injusticia distributiva.
En el presente año 2017, por ejemplo, el Fondo del Conurbano representará una suma del orden de 53.000 millones de pesos, de los cuales 650 millones (apenas 1.2% del total) irán a Buenos Aires. Los restantes 52.350 millones se destinarán al resto de las provincias. Para tener una idea de la cifra en cuestión, basta recordar que la recaudación provincial total en los primeros ocho meses de 2017 –según los últimos datos oficiales disponibles– es de 140.542 millones de pesos.
Muchas de las ineficiencias competitivas presentes en territorio bonaerense –hospitales derruidos, escuelas pauperizadas, inseguridad, inundaciones, rutas y caminos rurales intransitables– se deben a esa extracción de recursos vigente de 1988.
Por ese motivo, en agosto de 2016 Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado nacional –muy bien fundamentada– para recuperar la totalidad del Fondo del Conurbano bonaerense y el retroactivo acumulado de los últimos cinco años (esto último, si bien es políticamente inviable, seguramente se incluyó a modo de carta de negociación).
Los cinco integrantes de la Corte Suprema (Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz) se tomaron diez mesespara estudiar la demanda. Pero no emitieron fallo alguno: en junio dijeron que iban a citar a todos los representantes de las provincias afectadas para que “comparezcan en la causa a tomar la intervención que pudiee corresponderles en defensa de sus derechos” (sic). ¿Y los derechos de los bonaerenses? ¿Nada para decir al respecto?
Las audiencias (insólitas) a los representantes de las 22 provincias afectadas por el desairebonaerense aún no terminaron. Pero, en cualquier caso, constituyen una pérdida de tiempo porque las quejas de los gobernadores no hacen a la cuestión técnica jurídica de una injustia que pronto va a cumplir su cumpleaños número 30.
Cuando nos enteramos que en el Índice Mundial de Libertad Económica, elaborado por The Heritage Foundation, la Argentina figura en el puesto 156 inmediatamente detrás de Irán, Niger y Kiribati (recién me acabo de enterar de que existe una nación con ese nombre), es justamente –entre otros factores– por las ineficiencias absurdas con las cuales la Justicia (o justicia) local dificulta la existencia de las habitantes de esta nación.
En las próximas semanas seguramente vamos a escuchar muchas quejas de los productores bonaerenses para intentar minizar el impacto del impuestazo que viene en camino. Pero la solución no está en La Plata, sino en los cinco integrantes de la Corte Suprema. De ellos depende.
Ezequiel Tambornini