Para dejar atrás una sociedad en la que la cultura del trabajo y el esfuerzo ha cedido terreno frente a la de la dádiva, será clave la conducta del empresariado
En una Argentina que avanza hacia la normalización de su vida republicana y hacia una mayor previsibilidad en materia de economía y seguridad jurídica, el papel y la responsabilidad de los empresarios para la consolidación del proceso de transformaciones será esencial.
Durante las últimas semanas, hemos asistido a positivos ejemplos de una clara actitud de compromiso por parte de representantes del empresariado, que finalmente ha dejado atrás el penoso silencio, cuando no complicidad, que lo caracterizó a lo largo de la prolongada era en la que el kirchnerismo gobernó el país.
No está de más recordar que en ese oscuro período de nuestra historia reciente, caracterizado por un intervencionismo estatal asfixiante para muchos sectores de la actividad privada y por el capitalismo de amigos, no pocos empresarios se transformaron en una suerte de cortesanos del poder en busca de negocios con el Estado. El prebendarismo y la corrupción fueron moneda corriente, especialmente en las adjudicaciones de obra pública. Surgió así una nueva burguesía que se valió de los contactos con funcionarios que aspiraban a convertirse en socios. La capacidad de innovación y el sano emprendedorismo quedaron de lado frente al poder de los pseudo-empresarios, cuyo enriquecimiento fue paralelo al crecimiento de la corrupción.
Es cierto que la mayoría de los empresarios trató de seguir haciendo su trabajo, dentro de las enormes limitaciones que impuso un modelo económico donde la seguridad jurídica brillaba por su ausencia y en el que la inflación y los controles de precios y cambiarios tornaban impredecible cualquier plan de negocios. Sin embargo, esa mayoría de empresarios convalidó con su silencio los atropellos de los sucesivos gobiernos kirchneristas.
El mea culpa del empresariado tardó en producirse. Sólo hacia octubre de 2015, en medio del proceso electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, se escucharon los primeros atisbos de autocrítica. Fue en el 51° Coloquio de IDEA, efectuado en esa fecha en Mar del Plata, cuando el empresariado, formalmente, reconoció haber sido víctima de sus propios temores y de su inacción frente a los abusos de poder y los ataques contra la propiedad privada cometidos durante la última década. Se pensó, mezquinamente, que la cercanía al poder político y el silencio cómplice frente al exacerbado intervencionismo del Estado y el nulo respeto por el derecho a la propiedad privada y la división de poderes, era el mejor negocio. Es claro que no lo fue, a tal punto que cabe hoy preguntarse cuánto daño para el país, para su economía y para la confianza internacional se podría haber evitado con una actitud diferente por parte del empresariado local.
Felizmente, reina en la actualidad otro clima, alejado de aquel miedo empresarial a hacer público lo que se pensaba. Una pauta se vio en el 53° Precoloquio de IDEA Centro, llevado a cabo recientemente en Rosario, cuyo lema, "Transformándonos", pareció interpelar a los empresarios en su verdadero rol. Allí, el presidente del precoloquio, Julián García, parafraseando a Mariano Moreno, sostuvo que "nunca podrá encontrarse señal más segura de la decadencia de una Nación que la impunidad de los delitos" y concluyó que "ninguna idea o visión justifica el delito, lo haya hecho quien lo haya hecho". En igual sentido, el titular de Dow Argentina y del Coloquio Anual de IDEA, Gastón Remy, consideró que el empresariado ya no tenía más espacio para el aislamiento ni para hacerse el distraído frente a los hechos de corrupción. Es sabido que no hay corrupción pública sin una contrapartida que la materialice.
Casi al mismo tiempo, las principales entidades empresariales del país emitieron una carta pública en la que reclamaron que la Justicia "funcione de manera transparente" para generar la confianza y el clima adecuado para la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible. La declaración, titulada "Sin Justicia no hay República" y suscripta por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos de la Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la Sociedad Rural Argentina e IDEA, hace referencia a la necesidad de que "todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva", en coincidencia con la decisión del Consejo de la Magistratura de evaluar el desempeño del impresentable camarista federal Eduardo Freiler.
Para dejar definitivamente atrás una sociedad en la cual la cultura del trabajo y del esfuerzo ha cedido terreno frente a la lamentable cultura de la dádiva, la conducta que asuma el empresariado será clave. No habrá generación de nuevos empleos sin inversiones e iniciativas del sector privado.
Pero debemos ser conscientes de que en el mundo actual, influido por los avances tecnológicos, la robótica y la automatización, un país puede crecer sin generar puestos de trabajo en alta escala. Constituye éste un renovado desafío para gobernantes y empresarios, en la medida que se propicie una sociedad más justa, que tienda al pleno empleo y con cada vez menores niveles de pobreza.
Será necesario, a tal fin, elevar la libertad de contratación y los niveles de flexibilidad laboral para que una empresa no corra riesgo de desaparecer si, por alguna razón, tiene que despedir a un trabajador.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Producción, de las aproximadamente 605.000 empresas que existen en la Argentina, el 83% emplea hasta nueve empleados, el 16,8% tiene hasta 200 trabajadores y apenas el 0,02% son grandes compañías. Si, a través de una inyección de confianza y de incentivos a la contratación que incluya una disminución del alto costo laboral no salarial, se lograse que cada una de esas 605.000 empresas incremente su dotación de personal en un empleado por año, se podría no sólo absorber a los 250.000 jóvenes que se incorporan anualmente al mercado de trabajo, sino también bajar la tasa de desocupación y transferir empleados que a todas luces sobran en el sector público al sector privado.
Para lograr ese propósito, se requerirá sin duda del concurso del empresariado y, desde luego, de los representantes de los trabajadores. Harán falta arduos acuerdos que se concreten en políticas de Estado, por cierto. Pero si los grandes objetivos de la ciudadanía prevalecen sobre los mezquinos intereses de quienes sólo buscan servirse del Estado, el proceso de transformación de la Argentina en un país normal estará mucho más cerca de su concreción.
En una Argentina que avanza hacia la normalización de su vida republicana y hacia una mayor previsibilidad en materia de economía y seguridad jurídica, el papel y la responsabilidad de los empresarios para la consolidación del proceso de transformaciones será esencial.
Durante las últimas semanas, hemos asistido a positivos ejemplos de una clara actitud de compromiso por parte de representantes del empresariado, que finalmente ha dejado atrás el penoso silencio, cuando no complicidad, que lo caracterizó a lo largo de la prolongada era en la que el kirchnerismo gobernó el país.
No está de más recordar que en ese oscuro período de nuestra historia reciente, caracterizado por un intervencionismo estatal asfixiante para muchos sectores de la actividad privada y por el capitalismo de amigos, no pocos empresarios se transformaron en una suerte de cortesanos del poder en busca de negocios con el Estado. El prebendarismo y la corrupción fueron moneda corriente, especialmente en las adjudicaciones de obra pública. Surgió así una nueva burguesía que se valió de los contactos con funcionarios que aspiraban a convertirse en socios. La capacidad de innovación y el sano emprendedorismo quedaron de lado frente al poder de los pseudo-empresarios, cuyo enriquecimiento fue paralelo al crecimiento de la corrupción.
Es cierto que la mayoría de los empresarios trató de seguir haciendo su trabajo, dentro de las enormes limitaciones que impuso un modelo económico donde la seguridad jurídica brillaba por su ausencia y en el que la inflación y los controles de precios y cambiarios tornaban impredecible cualquier plan de negocios. Sin embargo, esa mayoría de empresarios convalidó con su silencio los atropellos de los sucesivos gobiernos kirchneristas.
El mea culpa del empresariado tardó en producirse. Sólo hacia octubre de 2015, en medio del proceso electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, se escucharon los primeros atisbos de autocrítica. Fue en el 51° Coloquio de IDEA, efectuado en esa fecha en Mar del Plata, cuando el empresariado, formalmente, reconoció haber sido víctima de sus propios temores y de su inacción frente a los abusos de poder y los ataques contra la propiedad privada cometidos durante la última década. Se pensó, mezquinamente, que la cercanía al poder político y el silencio cómplice frente al exacerbado intervencionismo del Estado y el nulo respeto por el derecho a la propiedad privada y la división de poderes, era el mejor negocio. Es claro que no lo fue, a tal punto que cabe hoy preguntarse cuánto daño para el país, para su economía y para la confianza internacional se podría haber evitado con una actitud diferente por parte del empresariado local.
Felizmente, reina en la actualidad otro clima, alejado de aquel miedo empresarial a hacer público lo que se pensaba. Una pauta se vio en el 53° Precoloquio de IDEA Centro, llevado a cabo recientemente en Rosario, cuyo lema, "Transformándonos", pareció interpelar a los empresarios en su verdadero rol. Allí, el presidente del precoloquio, Julián García, parafraseando a Mariano Moreno, sostuvo que "nunca podrá encontrarse señal más segura de la decadencia de una Nación que la impunidad de los delitos" y concluyó que "ninguna idea o visión justifica el delito, lo haya hecho quien lo haya hecho". En igual sentido, el titular de Dow Argentina y del Coloquio Anual de IDEA, Gastón Remy, consideró que el empresariado ya no tenía más espacio para el aislamiento ni para hacerse el distraído frente a los hechos de corrupción. Es sabido que no hay corrupción pública sin una contrapartida que la materialice.
Casi al mismo tiempo, las principales entidades empresariales del país emitieron una carta pública en la que reclamaron que la Justicia "funcione de manera transparente" para generar la confianza y el clima adecuado para la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible. La declaración, titulada "Sin Justicia no hay República" y suscripta por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos de la Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, la Sociedad Rural Argentina e IDEA, hace referencia a la necesidad de que "todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva", en coincidencia con la decisión del Consejo de la Magistratura de evaluar el desempeño del impresentable camarista federal Eduardo Freiler.
Para dejar definitivamente atrás una sociedad en la cual la cultura del trabajo y del esfuerzo ha cedido terreno frente a la lamentable cultura de la dádiva, la conducta que asuma el empresariado será clave. No habrá generación de nuevos empleos sin inversiones e iniciativas del sector privado.
Pero debemos ser conscientes de que en el mundo actual, influido por los avances tecnológicos, la robótica y la automatización, un país puede crecer sin generar puestos de trabajo en alta escala. Constituye éste un renovado desafío para gobernantes y empresarios, en la medida que se propicie una sociedad más justa, que tienda al pleno empleo y con cada vez menores niveles de pobreza.
Será necesario, a tal fin, elevar la libertad de contratación y los niveles de flexibilidad laboral para que una empresa no corra riesgo de desaparecer si, por alguna razón, tiene que despedir a un trabajador.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Producción, de las aproximadamente 605.000 empresas que existen en la Argentina, el 83% emplea hasta nueve empleados, el 16,8% tiene hasta 200 trabajadores y apenas el 0,02% son grandes compañías. Si, a través de una inyección de confianza y de incentivos a la contratación que incluya una disminución del alto costo laboral no salarial, se lograse que cada una de esas 605.000 empresas incremente su dotación de personal en un empleado por año, se podría no sólo absorber a los 250.000 jóvenes que se incorporan anualmente al mercado de trabajo, sino también bajar la tasa de desocupación y transferir empleados que a todas luces sobran en el sector público al sector privado.
Para lograr ese propósito, se requerirá sin duda del concurso del empresariado y, desde luego, de los representantes de los trabajadores. Harán falta arduos acuerdos que se concreten en políticas de Estado, por cierto. Pero si los grandes objetivos de la ciudadanía prevalecen sobre los mezquinos intereses de quienes sólo buscan servirse del Estado, el proceso de transformación de la Argentina en un país normal estará mucho más cerca de su concreción.