Se ubicó en el 0,9% del PBI, según el cálculo oficial; había sido del 1,1% en 2015
El déficit consolidado de las provincias bajó del 1,1% en 2015 al 0,9% en 2016, aunque se mantiene muy fuerte el gasto en personal.
El rojo totalizó unos 70.000 millones de pesos entre todas las jurisdicciones del país.
Así lo indicaron a LA NACION fuentes oficiales, que trabajan en el envío de la nueva ley de responsabilidad fiscal junto con el presupuesto 2018 y que adelantaron que este año el rojo repetiría el 1 por ciento consolidado.
Las fuentes indicaron que la reducción se debió a que se redujo el ingreso en personal respecto de 2015 -año electoral, por el aumento de recursos por parte de la Anses y por el efecto inflacionario.
La intención es que el gasto provincial consolidado crezca en términos nominales, pero no reales, entre otros ejes acordados meses atrás en el "Acta de Mendoza", firmada por 22 de las 24 provincias argentinas.
Allí se determinó que antes de fin de año el Congreso nacional discutirá una nueva ley de responsabilidad fiscal, para que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.
Además, la intención es corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria y controlar el incremento del empleo público, por lo cual la idea es que el personal de planta -a nivel nacional, provincial y municipal- no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.
También se determinó la creación de fondos anticíclicos fiscales, que serán conformados por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.
Además, se resolvió la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
De este modo, cada la administración saliente no incurriría en gastos -o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado- que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.
El especialista del Iaraf Ariel Barraud dijo a LA NACION que "es posible que este año se repita el déficit consolidado del uno por ciento; las provincias vienen siendo deficitarias, porque si bien mantienen su estructura tributaria con el aumento del peso del impuesto a los ingresos brutos, a la vez el gasto subió mucho en personal, que es el 50 por ciento del gasto total, frente al 14 por ciento en la administración pública nacional".
Según la información procesada por Iaraf, Córdoba terminó el ejercicio 2016 con un superávit financiero de $ 3600 millones y el primer cuatrimestre de este año con un número positivo de $ 550 millones. Para todo el año, el gobierno provincial estimó en su presupuesto un superávit de 400 millones de pesos.
"Para 2017, la provincia de Buenos Aires tiene proyectado un déficit financiero de $ 34.000 millones, frente a 29.600 millones de pesos del año pasado", detalló el analista.
El déficit consolidado de las provincias bajó del 1,1% en 2015 al 0,9% en 2016, aunque se mantiene muy fuerte el gasto en personal.
El rojo totalizó unos 70.000 millones de pesos entre todas las jurisdicciones del país.
Así lo indicaron a LA NACION fuentes oficiales, que trabajan en el envío de la nueva ley de responsabilidad fiscal junto con el presupuesto 2018 y que adelantaron que este año el rojo repetiría el 1 por ciento consolidado.
Las fuentes indicaron que la reducción se debió a que se redujo el ingreso en personal respecto de 2015 -año electoral, por el aumento de recursos por parte de la Anses y por el efecto inflacionario.
La intención es que el gasto provincial consolidado crezca en términos nominales, pero no reales, entre otros ejes acordados meses atrás en el "Acta de Mendoza", firmada por 22 de las 24 provincias argentinas.
Allí se determinó que antes de fin de año el Congreso nacional discutirá una nueva ley de responsabilidad fiscal, para que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.
Además, la intención es corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria y controlar el incremento del empleo público, por lo cual la idea es que el personal de planta -a nivel nacional, provincial y municipal- no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.
También se determinó la creación de fondos anticíclicos fiscales, que serán conformados por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.
Además, se resolvió la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
De este modo, cada la administración saliente no incurriría en gastos -o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado- que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.
El especialista del Iaraf Ariel Barraud dijo a LA NACION que "es posible que este año se repita el déficit consolidado del uno por ciento; las provincias vienen siendo deficitarias, porque si bien mantienen su estructura tributaria con el aumento del peso del impuesto a los ingresos brutos, a la vez el gasto subió mucho en personal, que es el 50 por ciento del gasto total, frente al 14 por ciento en la administración pública nacional".
Según la información procesada por Iaraf, Córdoba terminó el ejercicio 2016 con un superávit financiero de $ 3600 millones y el primer cuatrimestre de este año con un número positivo de $ 550 millones. Para todo el año, el gobierno provincial estimó en su presupuesto un superávit de 400 millones de pesos.
"Para 2017, la provincia de Buenos Aires tiene proyectado un déficit financiero de $ 34.000 millones, frente a 29.600 millones de pesos del año pasado", detalló el analista.