Cómo se acordó en 2009 el aporte de la industria láctea a Atilra que el Gobierno pide reducir antes de ayudar a SanCor
El aporte mensual permanente que realiza la industria láctea al gremio Atilra, el punto que trabó el acuerdo para que el Gobierno libere los $ 450 millones del Fondear para SanCor, fue creado en 2009.
En ese momento se trató de un convenio entre Atilra, el Centro de la Industria Lechera (CIL), la cámara que agrupa a las principales empresas, SanCor y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche. Y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Entre otros puntos, en esa oportunidad se argumentó el aporte "con la finalidad de contribuir a las funciones y actividades de carácter solidario que lleva a cabo la entidad sindical". Y para eso se fijó un valor de $ 417 por mes y por trabajador del sector.
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Para llegar hasta ese monto se había determinado una escala progresiva, "comenzando en el mes de abril de 2009 con la suma de $ 100". Hoy esa contribución por empleado es de $ 3300.
Según lo pactado en 2009, los valores "serán ajustados en la exacta proporción en que se modifiquen los salarios básicos de los trabajadores de la industria lechera de la República Argentina". Allí se indicó que "cada empleador deberá depositar el importe de dinero que resulte vigente a cada mes de devengamiento, debidamente actualizado".
El plazo de pago se estableció hasta el 15 de cada mes y se indicó que "el incumplimiento de esta obligación de contribución, habilitará la utilización de la vía judicial de reclamo, y el cargo de los intereses aplicables."
En el último tiempo, unas 59 pymes lácteas fueron a la Justicia contra ese aporte, porque lo consideran inconstitucional. Basan su argumentación en una prohibición de la ley de asociaciones profesionales. Para el gremio, el aporte permanente llegó a significar unos 700 millones al año, cifra hoy más baja porque muchas empresas dejaron de pagarlo. Según estimaciones privadas, la industria en general le adeudaría al sindicato unos $ 1000 millones por ese aporte.
En ese momento se trató de un convenio entre Atilra, el Centro de la Industria Lechera (CIL), la cámara que agrupa a las principales empresas, SanCor y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche. Y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Entre otros puntos, en esa oportunidad se argumentó el aporte "con la finalidad de contribuir a las funciones y actividades de carácter solidario que lleva a cabo la entidad sindical". Y para eso se fijó un valor de $ 417 por mes y por trabajador del sector.
.Para llegar hasta ese monto se había determinado una escala progresiva, "comenzando en el mes de abril de 2009 con la suma de $ 100". Hoy esa contribución por empleado es de $ 3300.
Según lo pactado en 2009, los valores "serán ajustados en la exacta proporción en que se modifiquen los salarios básicos de los trabajadores de la industria lechera de la República Argentina". Allí se indicó que "cada empleador deberá depositar el importe de dinero que resulte vigente a cada mes de devengamiento, debidamente actualizado".
El plazo de pago se estableció hasta el 15 de cada mes y se indicó que "el incumplimiento de esta obligación de contribución, habilitará la utilización de la vía judicial de reclamo, y el cargo de los intereses aplicables."
En el último tiempo, unas 59 pymes lácteas fueron a la Justicia contra ese aporte, porque lo consideran inconstitucional. Basan su argumentación en una prohibición de la ley de asociaciones profesionales. Para el gremio, el aporte permanente llegó a significar unos 700 millones al año, cifra hoy más baja porque muchas empresas dejaron de pagarlo. Según estimaciones privadas, la industria en general le adeudaría al sindicato unos $ 1000 millones por ese aporte.